El Auditorio Rocío Jurado entra en un callejón de complicada salida

Dice Francisco Bustamante, gerente de TCM, que el Ayuntamiento de Sevilla “bombardea” la entrada de Sevilla en el circuito mundial de conciertos y espectáculos. Suena tremendo y se refiere a las consecuencias que tendría la ruptura del contrato que tiene esta empresa, que promueve planes interesantes para relanzar este escenario de la Cartuja cuyo futuro queda, de momento, en el aire.

Para entender el conflicto hay que conocer una historia de dos décadas, 19 años exactamente, los que esta empresa lleva gestionando el Auditorio de la Cartuja, que fue rebautizado como Rocío Jurado. Un legado del 92 condenado al olvido tras los fastos que este empresario asumió “cuando los promotores musicales no querían ver a Sevilla ni en pintura”. Lo hizo a través de un contrato de alquiler que no se ha modificado desde la fecha y que actualmente es el motivo de desacuerdo entre la empresa y el Ayuntamiento de Sevilla, a quien el Estado, a través de la empresa Agesa, cedió la instalación en 2006.

Tres lustros han pasado desde el inicio de esa relación, que TCM ha vivido con muchos altibajos y una peligrosa incertidumbre, según cuenta. Bustamante apunta a momentos como la decisión de instalar la Delegación de Cultura y el ICAS en el edificio, el anuncio de un posible techado para usar este equipamiento como pabellón multiusos para el Mundial de Baloncesto... “Cada año nos teníamos que plantear si existiría una nueva temporada de conciertos”, explica el empresario que recuerda hasta cinco intentos por cubrir este escenario, una propuesta que pusieron sobre la mesa tras asumir la gestión para poder rentabilizarla mejor y durante todo el año. Pero ninguno llegó a buen puerto.

Hace casi un año, antes de que se pudiera oler la pandemia, TCM dio a conocer un nuevo proyecto para cubrir el recinto y convertirlo además en un gran complejo de ocio con la ayuda de un socio inversor. Su entrada convirtió a Palacio de la Música de Sevilla en la empresa gestora. Era una solución que, entre otros asuntos, pretendía solventar una situación que dificultaba la gestión de un espacio necesitado de una remodelación y puesta a punto. “Desde 2006, haciendo de transmisor a la distintas corporaciones municipales, TCM ha venido alertando de la situación anómala que el contrato tenía, pues es el mismo que se firmó en 2002 con Agesa, y aportando distintas soluciones, entre ellas, la de buscar una inversión privada que acometiera las obras y acabara con la precariedad del auditorio y adaptara de paso el contrato a la nueva situación”, explica Bustamante para quien la oferta es imbatible, pues permitía reflotar una instalación municipal a coste cero para las arcas públicas. También poner a cero el contador, pues en esa desfasada situación contractual hay cobros y pagos pendientes. En octubre de 2019 TCM solicitó al Ayuntamiento de Sevilla hacer las cuentas pues había, según Bustamante, rentas no cobradas, pero también deudas de más de 2 millones de euros por parte del Ayuntamiento para actividades propias y hasta una sentencia que obligaba a realizar unas obras importantes en el Auditorio por deficiencias en su construcción y que no se han acometido.

¿A favor de quién es el saldo? El gobierno municipal calcula que a favor del Ayuntamiento de Sevilla y le reclama a TCM 1.760.130 euros desde el año 2015, una cuantía ya rebajada. La empresa propuso realizar un convenio nuevo para ajustarse a la legalidad, un nuevo contrato que resolvería las disputas y aumentaría el plazo de alquiler para que la empresa pueda amortizar la inversión que quiere realizar y que rondaría los 20 millones de euros del techado del recinto, pues la crisis retrasaría la ampliación anunciada que cuenta también con otros obstáculos.

Pero la negociación no avanza, el gobierno municipal ha rechazado las alegaciones presentadas por TCM y le ha dado un plazo de 30 días para saldar la deuda a riesgo de perder el contrato si no lo hace. ¿Pretende el Ayuntamiento de Sevilla recuperar esta instalación? El delegado de Hábitat Urbano, Cultura y Turismo, Antonio Muñoz, niega este extremo, pero insiste en que cualquier solución de futuro pasa por liquidar antes la deuda, acabar con esa situación irregular y luego ver planteamientos de futuro, como sería la prórroga del alquiler. “Hay que estudiar las reglas jurídicas para cuadrar el círculo: si no es posible alargar el alquiler habrá que ir a una nueva licitación”, explica.

Desde el gobierno municipal se reitera que el interés es que el Auditorio siga funcionando como un espacio de actividad cultural, para conciertos básicamente, y gestionado de manera privada. “La postura del gobierno es buscar una solución a la gestión privada de ese espacio, pero primer hay que liquidar esa deuda histórica y hacer borrón y cuenta nueva para que un promotor privado pueda explotarlo”, añade Muñoz.

TCM no se niega a pagar, pero quiere que la liquidación y el nuevo contrato se firmen al mismo tiempo. Y el camino que marca el Ayuntamiento les conduce “a un callejón sin salida y por la vía judicial” que levanta las sospechas del empresario, convencido en la existencia de una campaña de acoso y derribo contra él, sobre el posible interés de otros promotores.

¿Cambiará el Auditorio de manos? Lo único cierto es que, en plena crisis, se paralizará cualquier plan y oportunidad de futuro de manera inmediata.