Las Atarazanas, una oportunidad única

El proyecto para convertir las Reales Atarazanas en un centro cultural dedicado a la vinculación de Sevilla con América no contenta a todos. La Fundación Museo Atarazanas exigió este martes "con carácter de urgencia" la paralización y la exposición pública del diseño elaborado por el arquitecto Guillermo Vázquez Consuegra -que ya cuenta con el visto bueno de la Comisión de Patrimonio de la Junta de Andalucía y la licencia de obras otorgada por el Ayuntamiento de Sevilla- para que otros profesionales puedan aportar las soluciones necesarias que eviten un "crimen patrimonial irreversible".

La Fundación Museo Atarazanas detalló que se trata de un proyecto "ilegal", ya que la única intervención que admite la ley para un monumento nacional es una "conservación", y la que se pretende acometer es de "transformación". Su presidente, Rafael Crespo, señaló que el principal problema radica en que el proyecto del arquitecto sevillano no rebaja la cota del suelo del edificio hasta su nivel original, que se encuentra ubicado en los cinco metros y medio bajo tierra. Es más, denuncia que lo mantiene en su estado actual y sella con hormigón la capa de escombros que mantiene el suelo alzado.

"Supone un crimen patrimonial que se limita a actuar en el área de cabecera y las plantas superiores del edificio". Y no sólo por eso se pide su paralización, también carece de "un Plan Especial de conservación y restauración", como recomienda la normativa vigente de diciembre de 1992 mediante el convenio entre el Ayuntamiento de Sevilla y la Consejería de Cultura y Medio Ambiente. También existe una especificación de todo el sector 13 del Arenal (aprobada en febrero de 2006) que dispone para las Atarazanas una salvaguarda especial como elemento de nivel A. La máxima protección.

Frente a la exigencia de la normativa arqueológica en los casos que afectan a edificios históricos, según la fundación, en el presente proyecto "no existe un plan arqueológico previo ni se han realizado las catas adecuadas para un seguimiento específico de la lógica del subsuelo, tanto en el área de las naves mudéjares como en la zona de la muralla y su barbacana". Por el contrario, se escenifica una nueva plaza "tan chocante como absurda, que no sólo entierra definitivamente la hermosa arquitectura que organiza el edificio medieval, sino que además escamotea deliberadamente el importante e identitario componente fabril original del edificio como arsenales de galeras".

La fundación propone una "urgente presentación pública" del proyecto y la creación de un foro plural abierto a la ciudadanía con la participación de expertos en distintas materias, así como "reconducir y plantear" el proyecto desde un enfoque participativo y multidisciplinar, "evitando las ensoñaciones y fantasías de arquitectos estrellas que sólo entrañan riesgos de mistificación arquitectónica y patrimonial".

Expertos en arquitectura, patrimonio, ingeniería y antropología estuvieron presentes. El arquitecto José García-Tapial explicó que las excavaciones arqueológicas realizadas pusieron de relieve la necesidad de recuperar la muralla, la barbacana, una puerta almohade y una torre que era desconocida. "Es posible técnicamente desmontar esos escombros", señaló García-Tapial antes de apuntar que los desechos se trata de un material de relleno que se colocó en el siglo XVI cuando el edificio pasó a albergar los almacenes portuarios. Otro experto, el antropólogo José Manuel Núñez, habló de un daño "irreversible" y solicitó que si no se baja la cota en las siete naves que se conservan "se empiece con dos o tres" ya que enterrar las pilastras bajo hormigón y solería sería "imperdonable para la ciudad". Puso un ejemplo: "Sería como colocar una losa funeraria para acabar convirtiendo el lugar en un chiringuito de souvenirs". La fundación estima que devolver la cota original al edificio costaría unos 700.000 euros, y que esa obra es indispensable para que la intervención sea la adecuada.

La Fundación Museo Atarazanas, que instó al Consistorio a cumplir la moción municipal de febrero de 2007 aprobada por unanimidad en el Pleno, confía en que el alcalde les reciba en los próximos días y no eche a andar el proyecto en los términos actuales, pues de ser así anuncia que emprenderá acciones legales por entender que incumple diversas normativas, incluido el informe de viabilidad que encargó la Junta en 2007 al Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico (IAPH), además de denunciar la situación ante instancias patrimoniales incluso internacionales, como la Unesco o el Icomos.