Astilleros calienta la calle mientras la Junta hace una llamada al "realismo"

Los trabajadores de Astilleros de Sevilla cortaron ayer de la carretera de esclusa durante unas cuatro horas después de que se les haya comunicado "el cierre de la factoría" ante la falta de pedidos y de financiación.

En una estrategia de calentar la calle que, probablemente, producirá nuevos incidentes, los trabajadores montaron barricadas con neumáticos, maderas y furgonetas quemados. Fuentes del comité de empresa aseguraron que durante la movilización se registraron dos trabajadores heridos leves por golpes con las bolas de goma lanzadas por la Policía Nacional, que se vio obligada a cargar contra los manifestantes.

Por su parte, el consejero de Economía, Innovación y Ciencia, Antonio Ávila, consideró ayer que hay que ser "realistas" con la situación de la empresa, e insistió en que "en estos momentos no hay un proyecto industrial sobre la mesa".

Ávila dijo que esta factoría "sigue siendo importante y con un fuerte carácter simbólico". A su juicio se debe "acotar el problema a lo que es su magnitud, con 80 trabajadores y donde la Junta, igual que con otras empresas, apoyará a los trabajadores y sus familias por la vía de apoyo sociolaboral a los trabajadores y sus familias".

Sin embargo, las críticas tanto de los sindicatos como de la oposición arreciaron ayer. El presidente del PP-A, Javier Arenas, dijo ayer estar dispuesto a "explorar todas las salidas" para salvar todos los puestos de trabajo, mientras que el también popular alcalde de Sevilla, Juan Ignacio Zoido , dijo que la Junta de Andalucía debe "hacer un esfuerzo".

Por su parte, secretario general de CCOO-Andalucía, Francisco Carbonero, avisó de que el Gobierno central y la Junta de Andalucía tienen que asumir sus "responsabilidades" respecto a Astilleros, ya que "adjudicaron la empresa a una que ya estaba haciendo una gestión ruinosa de los astilleros de Huelva".

Asimismo, el secretario general de UGT-Andalucía, Manuel Pastrana, señaló al Banco Santander, uno de los acreedores del astillero de Sevilla, como el responsable de facilitar la solución al conflicto del sector naval sevillano, así como justificó "la incapacidad" de la Junta de Andalucía para impulsar una alternativa para la atarazana hispalense, ya que la Administración debe acogerse a la normativa impuesta desde Europa que no le permite "incentivar a la actividad económica privada".