Arranca el 28 de septiembre el juicio del soborno en Mercasevilla

El juicio por la petición de comisiones ilegales por parte de los directivos de Mercasevilla al grupo hostelero La Raza arrancará el próximo 28 de septiembre en la Audiencia de Sevilla. Para este día está fijado únicamente el trámite de la selección del jurado popular que enjuiciará los hechos, según indicaron ayer fuentes judiciales. Al tratarse de un viernes, el juicio comenzará en la práctica en la sesión del lunes 1 de octubre, cuando está previsto que se expongan las cuestiones previas y declaren los cuatro acusados.

En el banquillo se sentarán el ex delegado provincial de la Consejería de Empleo en Sevilla, Antonio Rivas; el ex director general de Mercasevilla, Fernando Mellet; el ex director adjunto del mercado, Daniel Ponce; y la coordinadora de proyectos de la ya extinta Fundación Socioasistencial de Mercasevilla, Regla Pereira. Para todos ellos la Fiscalía ha solicitado una condena de 21 meses de inhabilitación para cargo público y una multa de 900.000 euros por la presunta petición de comisiones ilegales.

La vista durará una semana y será dirigida por el magistrado Ángel Márquez, presidente de la Sección Tercera y quien en su día investigó el caso Juan Guerra. Este juez estuvo al frente del juzgado de Instrucción 6 de Sevilla, puesto que hoy ocupa Mercedes Alaya, quien precisamente ha llevado la instrucción del caso del cohecho en Mercasevilla. Este será el primer juicio que se celebra por las irregularidades en el mercado central de abastos de la capital andaluza, un caso del que primero se abrió otra rama por la venta ilegal de unos terrenos y después derivó en el escándalo por los Expedientes de Regulación de Empleo (ERE) irregulares, en una investigación que se hizo extensiva a todas las ayudas concedidas por la Junta.

En el escrito dirigido al tribunal del jurado, el juez explica que el Servicio Andaluz de Empleo (SAE) concedió en 2008 una subvención de 900.000 euros a la Fundación Mercasevilla para crear un centro de formación de hostelería que sería dirigido por el grupo La Raza. "Tras conocer Antonio Rivas la concesión de esta subvención, se puso en contacto con Fernando Mellet y, de común acuerdo, con el fin de obtener un lucro ilícito, decidieron exigir a los responsables de La Raza una comisión o dádiva de 300.000 euros a cambio de llevar la gestión y explotación del centro de formación, en cuya petición aceptaron colaborar los también acusados Daniel Ponce y Regla Pereira", relata el escrito.

Para ello se celebraron dos reuniones. En la primera, Ponce solicitó presuntamente al representante del grupo La Raza, Pedro Sánchez Cuerda, una comisión de 300.000 euros a cambio de "encomendarles la gestión de la escuela con el pretexto de tratarse de una colaboración con la Junta de Andalucía". Además, le pidió otro pago de 150.000 euros por los gastos derivados de la instalación eléctrica de la parcela.

En un segundo encuentro, al que asistió también Mellet, los acusados "insistieron en la solicitud de estas cantidades de dinero, diciendo que no eran para ellos sino para la Junta de Andalucía, ya que en la misma era normal reclamar este tipo de contribución, afirmando que la Junta colaboraba con quienes a su vez colaboraba con ella y prometiéndoles luego favores tales como más subvenciones para futuros cursos o la concesión de todos los caterings que se organizaran". Los empresarios se negaron a efecto y la juez instructora dio validez a las grabaciones realizadas por ellos en el segundo encuentro.