Argumentos contra el rascacielos de Sevilla

Decenas de razones, unas más sólidas que otras, en contra del proyecto del Ayuntamiento de Sevilla y de Cajasol -la caja de ahorros de la ciudad- para levantar en el sur de la Isla de la Cartuja un rascacielos de 178 metros de altura. El edificio concebido por el arquitecto César Pelli, de ascendencia argentina pero formación norteamericana, autor entre otros inmuebles singulares de las Torres Petronas de Kuala Lumpur (Malaisia), se enfrenta no sólo a un más que probable litigio administrativo en los tribunales ordinarios de justicia, sino a un nutrido argumentario elaborado por la plataforma ciudadana que se opone frontalmente a su construcción.

Este colectivo, liderado por arquitectos como Fernando Mendoza, Premio Nacional de Restauración por su trabajo en la rehabilitación de la Iglesia del Salvador; José García Tapial, ex jefe del área de Planeamiento de la Gerencia de Urbanismo de Sevilla; Francisco Morilla y el geógrafo Víctor Fernández Salinas, representante del Icomos en Andalucía, ha redactado un Libro Negro en el que vierten todos los motivos -legales, administrativos y conceptuales- por los que, a su juicio, la construcción de este rascacielos, llamado a ser la sede central de la entidad financiera sevillana, supone una agresión en toda regla contra los valores patrimoniales de Sevilla y destruirá el que ha sido el paisaje histórico de la ciudad hispalense durante siglos.

El documento, que ayer fue presentado en sociedad bajo el cobijo del Colegio de Arquitectos, rector de la Fundación Fidas, es prolijo -un centenar de páginas- y oscila entre lo meramente descriptivo (acaso la parte más interesante de su contenido) y lo argumentativo. En él, la Plataforma contra la Torre Cajasol pone negro sobre blanco todos los motivos por los que en su opinión deberían paralizarse los trabajos previos de construcción.

Una de las vías de ataque es la licencia urbanística, concedida por el Ayuntamiento de forma más que peculiar. Los representantes de la plataforma, que han consultado el expediente administrativo, desvelan en su informe que el gobierno local otorgó la primera de las dos autorizaciones dadas a los promotores -la relativa al movimiento de tierras en el sur de la Cartuja- con un informe contrario del técnico responsable, la subjefa del servicio de licencias. En dicho escrito, fechado en julio de 2007 y desconocido hasta ahora, la funcionaria municipal alegaba: "No se dan los requisitos necesarios para que la licencia pueda resolverse favorablemente". La técnico iba a elevar su dictamen a la comisión ejecutiva de Urbanismo, órgano colegiado -donde sólo se sientan PSOE e IU- y el único legalmente competente para otorgar el permiso. Con dicho informe sobre la mesa, el procedimiento usual habría consistido en denegar la autorización. No hubo, sin embargo, lugar. Según sostiene la plataforma, ese mismo día, sin esperar a la reunión de la ejecutiva, el gerente de Urbanismo concedió la licencia por su cuenta y riesgo y, señalan los autores del Libro Negro, sin mencionar en su resolución la existencia del citado informe contrario de la técnico municipal. La decisión se revistió posteriormente de legalidad informando a la comisión de la resolución del gerente. En aquel momento dicho cargo estaba ocupado por Manuel Jesús Marchena, hombre de confianza del alcalde y actual responsable del Consorcio de Empresas Municipales (De Sevilla AIE).

La licencia de construcción llegó algo después. En su concesión los miembros de la Plataforma contra la Torre Cajasol señalan otras "irregularidades". A su entender: el permiso se otorgó sobre un proyecto básico -sin esperar al proyecto de ejecución, mucho más detallado- y sin que todos los informes necesarios se hubieran siquiera redactado. Urbanismo informó favorablemente el permiso aunque con salvedades, entre ellas la presentación del citado proyecto de ejecución y un informe del servicio de bomberos. El permiso de obras se otorgó en el mes de septiembre de 2007 con una vigencia oficial de seis meses. La licencia, en todo caso, podía ampliarse -previa solicitud justificada- hasta el año natural. La plataforma ciudadana afirma ahora que, aunque dicho plazo ha expirado, nunca se presentó la documentación requerida, lo que -en su opinión- supone que el permiso municipal "ha caducado". Urbanismo responde que el edificio se ha dividido en fases y que hay un proyecto de ejecución de los trabajos en marcha: los de bajo rasante.

El Libro Negro descubre otro extremo: la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA) se ha visto forzada a abrir un expediente informativo al proyecto -número 9-319- porque su construcción podría afectar a la seguridad aérea. Tal iniciativa no tiene que concluir forzosamente en un informe negativa sobre la Torre Cajasol -aunque hay precedentes en este sentido en Málaga, en terrenos propiedad de Repsol-, aunque sí denota un hecho: ni el Ayuntamiento ni la entidad financiera, según la plataforma, consultaron, como marca la normativa, a dicha institución estatal. Así lo exige la legislación (Real Decreto 1541/2003) al tratarse de un edificio cuya altura es superior a los 100 metros. Dicho texto legal considera de oficio "obstáculos" para la navegación aérea los rascacielos, aunque es necesario un pronunciamiento expreso de dicho organismo estatal para saber si este factor condicionará el proyecto de César Pelli. Hasta ahora tal decisión no se ha producido.

El resto del informe elaborado por la plataforma glosa, con detalle, las demás circunstancias en las que se produjo la legalización administrativa de la Torre Cajasol. Su relato tiene como hilo conductor el contraste -en negativo- entre el discurso oficial sostenido por el Ayuntamiento en su Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) y las sucesivas decisiones adoptadas por los responsables municipales. En este apartado la visión del colectivo contrario al proyecto es bastante más subjetiva, aunque sustentada en algunos hechos ciertos. Por ejemplo: ni la Consejería de Obras Públicas de la Junta ni Costas han informado sobre el rascacielos, requisito obligado. Como se recordará, tan sólo lo hizo Cultura -en sentido positivo- alegando que la ubicación de la torre estaba fuera (apenas unos metros) del límite del Conjunto Histórico Monumental. Los autores del informe son muy críticos con este dictamen (sustentado exclusivamente en aspectos formales) al rehuir conscientemente pronunciarse sobre el impacto del edificio en relación al "patrimonio paisajístico" de Sevilla. No es el único incumplimiento que cita la plataforma: el grueso de su informe desgrana las -en su opinión- violaciones de la Torre Pelli con respecto al Plan General, al Plan Especial, a las leyes estatal y autonómica de patrimonio, al corpus jurídico andaluz de ordenación urbanística (LOUA) y a buena parte de la normativa internacional -especialmente de ámbito europeo- en materia de patrimonio y sostenibilidad. A juicio de la plataforma, el proyecto de la Torre Cajasol convierte en papel mojado todos estos acuerdos.