Arellano niega en el TSJA que los contratos se adjudicaran de antemano

Actuó siempre dentro de la legalidad y no hubo ninguna adjudicación de antemano. El consejero de Economía y Conocimiento de la Junta de Andalucía, Antonio Ramírez de Arellano, defendió ayer la adjudicación que en su día realizó del proyecto del Centro de Transferencia e Investigación (Centrius) de la Universidad de Sevilla, en la etapa en la que ocupaba el cargo de vicerrector de la institución académica.

Ramírez de Arellano declaró durante una hora y media, en calidad de investigado, ante el instructor de la causa en el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) Juan Ruiz-Rico Ruiz-Morón, quien le preguntó expresamente si la adjudicación de los trabajos al estudio de arquitectura de José María Jiménez por importe de 747.138 euros se decidió de antemano. El consejero lo negó rotundamente y explicó que era "factible" que la tramitación se hiciera en esos plazos tan cortos.

En el auto del TSJA que abrió la causa contra Ramírez de Arellano, el Alto Tribunal andaluz señalaba que no podía descartarse que el estudio seleccionado hubiese comenzado a confeccionar el proyecto básico "antes de resultar adjudicatario", algo que rechazó absolutamente el consejero de Economía, que defendió la "legalidad" de su propia actuación como la de la Universidad de Sevilla y de los funcionarios.

El consejero alegó que en el proceso de tramitación y adjudicación del proyecto del Centrius se produjeron determinadas circunstancias que llevaron a la institución adoptar a la hora de la contratación un procedimiento negociado sin publicidad, y aseguró que ni él ni la Universidad tienen ninguna relación con el estudio de arquitectura al que se adjudicaron las obras.

A su salida de prestar declaración, el titular andaluz de Economía aseguró a los periodistas que sostuvo ante el juez que no hubo "ningún menoscabo" de fondos públicos en relación con la adjudicación de las obras. El consejero insistió en que su actos fueron "regulares y legales", además de "conocidos y vigilados por todos los procedimientos administrativos normales y convencionales en una administración pública tan grande como la Universidad". Arellano limitó el asunto a una "discusión sobre asesorías técnicas" que se corresponde con "momentos distintos en la Universidad donde se tomaban decisiones que no estaban conectadas las unas con las otras necesariamente".

El consejero aprovechó la ocasión para recordar que el juzgado de lo Contencioso-administrativo número 11 de Sevilla ha rechazado un recurso del Colegio de Arquitectos de Sevilla -que denunció el caso en la Fiscalía-, por lo que se trata de la "novena vez" que la Justicia da la razón a la Hispalense en este pleito.

La propia Universidad de Sevilla informó ayer, coincidiendo con el interrogatorio de Arellano ante el TSJA, de la decisión del juzgado de rechazar este recurso del Colegio de Arquitectos y se congratuló de que la Justicia le haya dado por "novena vez" la razón frente a la "actuación sistemática" del colegio, "cerrando la totalidad de los expedientes contenciosos-administrativos" presentados en relación con la construcción del Centrius.

El abogado Miguel Cuéllar, que representa a Antonio Ramírez de Arellano, explicó ayer que esta misma semana remitirán al instructor del TSJA una serie de documentos relevantes del caso que no han sido incorporados a la causa y que están relacionados con los encargos realizados sobre el proyecto que se investiga y las facturas pagadas por la institución académica.

El magistrado Juan Ruiz-Rico debe decidir ahora si practica nuevas diligencias en torno a este caso, como por ejemplo la declaración de varios testigos, entre ellos los responsables del estudio de arquitectura al que se adjudicaron los trabajos o de algunos funcionarios de la Hispalense que intervinieron en la tramitación administrativa.