Anticorrupción reclama 5,5 millones de fianza civil a Rivas, que se acoge a su derecho a no declarar

La Fiscalía Anticorrupción ha pedido este viernes una fianza civil de 5.579.696 euros para el ex delegado de Empleo en Sevilla Antonio Rivas, que se ha acogido finalmente a su derecho constitucional a no declarar ante la juez Mercedes Alaya, que le ha imputado delitos de malversación de caudales públicos, prevaricación y tráfico de influencias por la autorización en un "considerable número" de Expedientes de Regulación de Empleo (ERE) en los que, según la instructora, la Junta de Andalucía "además de regalar fondos públicos a personas próximas" a él, como dos cuñados y miembros del PSOE, asumió "arbitrariamente” obligaciones que eran de la empresa por la activa participación del entonces delgado.

La juez Alaya le ha imputado estos tres delitos porque considera que Antonio Rivas, que fue delgado de Empleo durante una década (entre 2000 y 2010, autorizó esos ERE "con total ausencia de procedimiento", algo de lo que tenía conocimiento el imputado porque “era evidente que ni siquiera existían unas bases reguladoras publicadas en el Boletín Oficial". A pesar de ese conocimiento, continúa la juez, gran parte de las ayudas fueron "comprometidas previamente" por Rivas, quien "de esta forma influiría en el otorgamiento de las mismas, así como en la inclusión de ciertos intrusos”, entre ellos su dos familiares.

La instructora cita expresamente cinco ERE en cuya aprobación intervino Rivas (Mercasevilla, Intesur, Surcolor, Aglomerados Morell y Calderinox), pero deja fuera de la imputación la última investigación encargada a la Guardia Civil respecto al supuesto "incremento patrimonial ilícito" que los investigadores de la Unidad Central Operativa han detectado en el imputado y que está relacionado con personas directamente de su entorno familiar, como una nueva que fue contratada en las empresas del conseguidor de los ERE y ex sindicalista Juan Lanzas y que percibió 21.840,13 euros entre 2007 y 2009.

Sobre la intervención de Rivas en los ERE de Mercasevilla de 2003 y 2007, la instructora le reprocha que no apreciara "dolo, fraude ni la menor irregularidad" en este segundo expediente a pesar de que la cusa alegada en el primero fuera una sobredimensión de la plantilla y que los gastos de explotación de personal superaban el 71% de la cuenta de explotación, mientras que cuando se llevó a cabo el segundo ERE se había contratado prácticamente al "mismo número de trabajadores" y los gastos de explotación seguían superando ese porcentaje. En el ERE de 2003 se incluyeron a cinco personas que no superaban la edad mínima para prejubilarse, los 50 años, y en el de 2007 fue incluido uno de los primeros intrusos de los ERE, Antonio Garrido Santoyo, que fue presidente del comité de empresa de Coosur y secretario de administración de UGT en Sevilla.

Con respecto a la empresa Intesur, Alaya sostiene que Rivas ejerció en 2003 su influencia sobre el director general de Trabajo Francisco Guerrero para que tres conocidos suyos, entre ellos el ex concejal del PSOE en Camas (Sevilla) –donde Rivas fue alcalde muchos años– José Antonio García Prieto, su cuñado José Acevedo López, y Ricardo Merdina Barrios, fueran incluidos en la póliza de esta empresa pese a no haber trabajado nunca en la misma y por lo que percibieron 134.784, 113.356 y 117.540 euros, respectivamente.

En la empresa Surcolor fue incluido su concuñado José Antonio Márquez López, y Manuel López Espadas, esposo de una concejal del PSOE en el Ayuntamiento de Camas, que percibieron 60.210 euros y 131.398,30 euros, respectivamente.

La juez también le atribuye haber ejercido en 2010 "de modo activo su influencia" sobre el ex director de Trabajo Juan Márquez para que se incluyera al ex delegado de la Consejería de Trabajo Juan Rodríguez Cordobés, que recibió 36.000 euros.

Al término de la comparecencia, la Fiscalía Anticorrupción ha pedido esos 5,5 millones de fianza de responsabilidad civil, una cifra que la Junta de Andalucía ha rebajado a 4,3 millones.

La Fiscalía justificó la elevada fianza en el importe de las pólizas pagadas por la Junta en sólo estos cinco expedientes y argumentó que existen indicios de delito en la actuación de Rivas por el "importante volumen de ayudas que se han tramitado" en la provincia de Sevilla, ya que sólo hasta julio de 2009 –según un correo electrónico de la ex asesora de Empleo María José Rofa, también imputada– se habrían tramitado 111 ayudas en la provincia de Sevilla, por un montante de 104.037.261 euros, una cifra en cuanto al número de empresas beneficiadas "muy superior" al resto de provincias -seis en Granada, 11 en Málaga, dos en Almería y 15 en Cádiz-, según detalló el fiscal Anticorrupción.

La comparecencia ha generado una amplia expectación entre las partes personadas y más de una treintena de abogados defensores asisten a la misma.

Antes de la declaración, Antonio Rivas había pedido a la juez Mercedes Alaya que acordase grabar la declaración, aunque la copia no se entregue a las partes hasta el final de la instrucción para evitar los riesgos que la magistrada apuntó de que las declaraciones acaben difundiéndose por los medios de comunicación. Según explicaron fuentes del caso, la defensa de Rivas ha presentado a la juez Alaya un escrito en el que además de solicitar la grabación de la comparecencia -aunque sea sólo el audio-, reclama a la instructora que le entregue con carácter previo el atestado que, según dijo la propia juez en un auto en octubre pasado, estaba ultimando la Guardia Civil relativo a la empresa Mercasevilla.

La defensa del ex delegado de Empleo también ha solicitado a la magistrada la entrega de la documentación facilitada por diferentes organismos oficiales y que, según la Guardia Civil, "revelarían un presunto incremento patrimonial ilícito, pendiente de confirmar y cuantificar" de Antonio Rivas. El abogado Jon Ander Sánchez ha solicitado esta información porque, según precisan las fuentes consultadas, esos datos "contradicen frontal y palmariamente las conclusiones hasta el momento alcanzadas y establecidas por la propia instructora en sus resoluciones anteriores en esta misma causa, en la que siempre se había afirmado la ausencia de enriquecimiento personal de Antonio Rivas, tras las distintas averiguaciones patrimoniales ordenadas por el juzgado".

Por último, la defensa también exige a al instructora que, antes de la declaración, concrete la imputación de los hechos al ex delegado de Empleo, toda vez que han transcurrido más de tres años desde que fue imputado en esta causa y en la última resolución en la que se contenía una "sucinta extensión de la imputación" a Rivas data del 27 de enero de 2012, teniendo en cuenta además que la pieza principal de esta macrocausa supera ya los 57.000 folios.