Anticorrupción pide a Alaya que suspenda las declaraciones de la Sierra Norte

La Fiscalía Anticorrupción mantiene desde hace meses un enfrentamientojurídico con la juez Mercedes Alaya por el caso de los ERE fraudulentos que tuvo su momento álgido cuando el Ministerio Público pidió a la magistrada que separara la causa en diversas piezas y remitiera al Tribunal Supremo la parte que afectaba a aforados como los ex presidentes de la Junta Manuel Chaves y José Antonio Griñán. La negativa de la magistrada a aceptar esa petición ha abierto un nuevo frente de esa batalla legal, en el que la Fiscalía no está dispuesta a hacer concesiones. Dentro de esa dinámica, la Fiscalía Anticorrupción ha presentado un escrito a la juez pidiendo la suspensión de la declaración de los cinco imputados por las ayudas de la Sierra Norte de Sevilla, entre ellos el "tándem" formado por José Enrique Rosendo y José María Sayago, debido a que aún no se ha resuelto el recurso que el Ministerio Público presentó contra la negativa a abrir una pieza separada por estas subvenciones y remitirla al Tribunal Supremo, dado que en la misma aparecen indicios contra personas aforadas, como el ex consejero de Empleo de la Junta José Antonio Viera.

Estas declaraciones están previstas para el próximo martes, día 29, fecha en la que han sido citados José Enrique Rosendo, José María Sayago y Eduardo Lora Ruiz; y para el 5 de mayo, cuando deben comparecer Manuel Valdecantos y Pascual Capputo.

Con la petición de suspender estas declaraciones, Anticorrupción pretende evitar que se produzcan las posibles nulidades que se derivarían si la Audiencia estimase el recurso y ordenara abrir esta pieza separada, con lo que esas declaraciones serían nulas y deberían volver a practicarse, tal y como ocurrió con la ex consejera de Economía Magdalena Álvarez.

En el escrito presentado en el juzgado, la Fiscalía considera que "no es procedente y por el contrario causa un efecto dilatorio la toma de declaraciones a las personas implicadas en dicha trama no aforadas, interesando que se suspendan tales declaraciones, en tanto en cuanto no se resuelva expresamente" su petición de abrir una pieza separada y elevarla al Alto Tribunal.

El Ministerio Público solicita igualmente que, en el caso de que la petición de suspensión no sea estimada por la juez, se mantenga la suspensión de las declaraciones durante la "tramitación del posible recurso, y en todo caso durante la tramitación del recurso de apelación ya interpuesto contra el auto de fecha 3 de abril de 2014", precisa la Fiscalía.

La juez Mercedes Alaya rechazó a principios de abril dividir "por ahora" la causa en piezas separadas, y enviar la parte que afectaba a los aforados al Tribunal Supremo, como había pedido Anticorrupción, y para defender esta postura argumentó que hay que evitar lo que los juristas denominan la "ruptura de la continencia de la causa", para no provocar un "caos procesal" y el peligro "obvio, serio e indiscutible" de que se produzcan sentencias "contradictorias" por el enjuiciamiento por separado de las distintas ayudas.

La primera declaración que la Fiscalía quiere suspender está fijada para el martes, cuando deben comparecer José Enrique Rosendo y José María Sayago. La Guardia Civil y la propia instructora se refieren a estos empresarios como el "tándem" de la Sierra Norte de Sevilla, cuyo entramado societario recibió 34.264.273,70 euros de las ayudas de la Junta de Andalucía. Ese mismo día también comparecerá como imputado el empresario Eduardo Lora Ruiz, administrador de la SAT Virgen del Espino, que también recibió ayudas de la partida 31L, más conocida como fondo de reptiles. El 5 de mayo, Alaya ha citado a Manuel Valdecantos y Pascual Capputo, ambos vinculados al grupo Barbadillo y que fueron consejeros de la entidad Matadero de la Sierra Morena.

En uno de sus últimos autos, la instructora señaló que al tándem Rosendo-Sayago le fueron concedidas subvenciones excepcionales por importe de más de 34 millones, de los cuales recibirían fondos públicos por importe de 16.931.573,25 euros, aunque Alaya sostiene que "los beneficios obtenidos habrían sido mayores, en relación con las operaciones financieras realizadas en virtud de la instrumentalización de las ayudas".

Para la magistrada, los responsables del grupo de empresas serían "plenamente conscientes de las arbitrariedades que se cometieron en la concesión de las ayudas, y como interesados incumplirían los trámites para la concesión de estas ayudas, pues a excepción de la ayuda concedida en 2009 a SAT Virgen del Espino, en ninguno de los expedientes consta solicitud de ayuda, memorias, proyectos o cualquier otra documentación preceptiva".