Aldabonazo de los rectores

Los rectores de las tres universidades de Sevilla ofrecieron este lunes una imagen poco frecuente: la de la unidad sin fisuras. Los máximos representantes de la Hispalense, Antonio Ramírez de Arellano; la Pablo de Olavide (UPO), Vicente Guzmán Fluja; y la Universidad Internacional de Andalucía (UNIA), Juan Manuel Suárez Japón, aparcaron este lunes sus siempre subterráneas diferencias para adherirse a un acto del que no constan antecedentes en la historia universitaria española: la lectura simultánea por parte de los 50 rectores de las universidades públicas de un comunicado unitario en el que se denuncia el "deterioro irreparable" que sufrirá la educación superior si se consuman los recortes económicos previstos por el Gobierno de la nación y la Junta de Andalucía en sus presupuestos para el próximo año 2013.

En el caso de Sevilla, estos recortes son más que sustanciosos. Según fuentes consultadas por este periódico, las tres universidades que tienen su sede en la capital de Andalucía dejarán de percibir en 2013 una cantidad algo superior a los 134,2 millones de euros. En este tijeretazo se suma tanto lo que dejará de aportar la Junta en financiación a las universidades para nóminas, infraestructuras, etcétera (unos 180 millones de euros en toda Andalucía), como los fondos que dejarán de captar estas universidades de las convocatorias del Estado y la Junta para financiar la investigación de proyectos concretos. De esta manera, la Hispalense, que supone el 25% del sistema universitario andaluz, perderá unos 113,2 millones de euros; la UPO (4% del sistema), 19,2 millones; y la UNIA (1%), 1,8 millones.

Es en esta situación en la que se enmarca el comunicado leído este lunes en toda España y que en el caso de los rectores sevillanos y andaluces se dirige tanto al Gobierno de la España como a la Junta de Andalucía ante la inminente aprobación de sus respectivos presupuestos.

El texto avisa de que los Presupuestos Generales del Estado contemplan un recorte del 18% en educación superior y otro del 80% en gastos no financieros en investigación, lo que "llevará a nuestro país a la pérdida del tren del desarrollo tecnológico, hipotecando la investigación y los mayores avances en la frontera del conocimiento".

Asimismo, se señala que tanto las comunidades autónomas como el Estado están "conduciendo a nuestro sistema universitario a una situación cercana a la asfixia económica, que se traducirá en un deterioro imparable". Los rectores ponen en evidencia que frente al discurso oficial y ficticio de que España debe basar su crecimiento en el conocimiento y la investigación para superar el llamado modelo del ladrillo (el que se basa en la construcción), la práctica real es la de unos recortes que dejan vacío dicho eslogan. "Sin inversión en educación superior ni en I+D+i será inviable el funcionamiento de las universidades públicas. Y, sin conocimiento, no habrá progreso", se dice en el comunicado.

Los rectores afirman que las universidades "somos plenamente conscientes" de los "grandes esfuerzos que está haciendo la ciudadanía en estos años de crisis" y de la "complicada situación económica de nuestro país". Pero advierten de que, si los recortes siguen adelante, "no perderán solamente las universidades, sino que perderemos todos [en mayúscula en el comunicado]" y la sociedad española se quedará sin una de las "armas necesarias para avanzar y salir de la crisis económica: el conocimiento".

Es por todo esto que los 50 rectores españoles piden a las administraciones que "la educación superior, la investigación, el desarrollo y la innovación, que van intrínsecamente unidas entre sí, sean consideradas como una inversión y no como un gasto". Asimismo, solicitan que las universidades españolas, "tal y como ha solicitado recientemente la Asociación de la Universidad Europea (EUA) a los jefes de Estado y de Gobierno europeos" puedan contar con una financiación pública "suficiente y sostenible y se fortalezca la autonomía universitaria para que puedan diversificar sus fuentes de ingresos sin obstáculos".

Los tres rectores sevillanos insistieron este lunes en que el comunicado "no es partidista" y que iba dirigido por igual tanto al Estado (y en especial al ministro de Educación, José Ignacio Wert) como a la Junta de Andalucía. Eso sí, también aclararon que frente a la absoluta falta de disposición por parte de Wert a la negociación, la administración autonómica había facilitado una continua línea de diálogo. "Podremos estar de acuerdo o no con la Junta, pero los problemas se hablan, aclaró el rector de la Pablo de Olavide, Vicente Guzmán.

Aunque todos los rectores mostraron su preocupación por el menoscabo en la igualdad entre los españoles que producirán estos recortes, el rector de la UNIA avisó de que, en especial, la subida de tasas para estudiantes no comunitarios hará que Andalucía y España pierdan su papel referencial en el Magreb y América Latina. "Especialmente entre los estudiantes pobres, porque los ricos siempre miran más al norte".