Alaya sostiene que Mercasevilla pagó 652.245 euros en comisiones "ilícitas"

Caso Mercasevilla

La mayor parte fueron a parar a empresas vinculadas al conseguidor Juan Lanzas y otra parte a un cuñado de un comercial de Vitalia.

Mellet mandó a "tomar viento" a un trabajador de Mercasevilla que le pidió que justificara un gasto de la Visa
Mellet mandó a "tomar viento" a un trabajador de Mercasevilla que le pidió que justificara un gasto de la Visa
Jorge Muñoz, Sevilla

26 de noviembre 2013 - 12:11

Mercasevilla pagó 652.245,45 euros en comisiones "ilícitas" al conseguidor de los ERE Juan Lanzas y a un comercial de Vitalia, a través de testaferros y sociedades pantalla. Ésta es la conclusión a la que ha llegado la juez Mercedes Alaya, que este martes reprochó precisamente a los tres ex directivos del mercado mayorista el perjuicio económico causado por ésta y otras actuaciones en la gestión de la sociedad.

En la imputación formal leída a Fernando Mellet y los otros directivos de Mercasevilla, la magistrada detalla la existencia de pagos realizados por esta sociedad pública mixta que "no se corresponden con entregas de bienes o prestaciones de servicios reales", lo que ocurre en el caso de empresas vinculadas a Juan Francisco Algarín Lamela, testaferro del conseguidor de los ERE Juan Lanzas, o a Maginae Solutions, de su cuñado Ismael Sierra; y también a la empresa Hermes Consulting, propiedad de un cuñado del comercial de Vitalia Francisco González, también imputado en el escándalo de los ERE. Alaya recuerda que, según las investigaciones desarrolladas en la causa de los ERE, Mercasevilla pagó 540.615 euros en "ilícitas comisiones" a Lanzas y otros 111.630,45 euros a Francisco González.

Los tres ex directivos de Mercasevilla imputados por Alaya se acogieron este martes a su derecho a no declarar, en una comparecencia que tuvo lugar tres años y medio después de que la juez les imputara formalmente. La instructora les atribuye cuatro delitos continuados de malversación de caudales públicos, apropiación indebida, fraude y exacciones ilegales, y delito societario en su doble modalidad de falsedad en las cuentas anuales y administración desleal.

La juez considera que el ex director general Fernando Mellet, el entonces subdirector Daniel Ponce y la que fuera directora del área económica-financiera Pilar Giraldo se pusieron "de común acuerdo" para realizar actuaciones "tendentes a alterar el resultado económico del Mercado Central, reduciendo las pérdidas de la sociedad y mejorando en apariencia la situación financiera y patrimonial de la misma, dando lugar a la existencia de graves anomalías contables en las cuentas anuales y demás documentos que deben reflejar la situación económica de la sociedad".

A principios de este mes, tres peritos de la Agencia Tributaria entregaron a la juez un informe en el que ponen de manifiesto que Mercasevilla ocultó en las cuentas del ejercicio 2008 unas pérdidas de 7,8 millones para declarar unos beneficios de 258.024 euros.

Dice la instructora que Mercasevilla habría contabilizado como ingresos partidas que no tendrían tal consideración y no contabilizó como gastos otras que sí tendrían esta naturaleza, "alterándose el resultado económico-contable y ofreciéndose una imagen patrimonial de la sociedad que no se correspondía con la realidad, lo cual afectaría a la percepción que de la situación económica de la sociedad podrían haber tenido tanto socios como terceros interesados (trabajadores, clientes, entidades financieras, proveedores…)". Toda esta "amalgama de hechos conllevaría una gestión desleal" de la sociedad y un "falseamiento de sus resultados contables e importantes perjuicios económicamente evaluables".

Entre esos perjuicios, Alaya cita la falta de constitución de fianza por la constructora Sanma -que ganó el concurso de los suelos que se investiga en otra causa-, las fianzas de arrendamiento, los pagos con la tarjeta Visa de Mellet, los gastos de viaje de Daniel Ponce, los pagos a la asociación de mayoristas de Pescado, el pago de una beca de estudios a la hija del presidente de esta asociación, el traspaso de cuarteladas o las retenciones por indemnizaciones.

La magistrada también advierte de un perjuicio en relación con el ERE de 2007 por el supuesto compromiso de pago por parte de la Junta de Andalucía de abonar 9.046.976,95 euros de la prima, algo que ha ocasionado un pasivo por el impago y a su vez un crédito por el mismo importe.

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