Alaya admite la prescripción de dos de los tres delitos que imputa a dos hermanos de Báñez

La juez Mercedes Alaya ha declarado prescritos dos de los tres delitos que imputa a dos hermanos de la ministra Fátima Báñez y a otros cinco empresarios que concursaron para comprar los terrenos de la lonja. La juez que investiga el caso Mercasevilla, en una providencia, reconoce que están prescritos los delitos de maquinación para alterar el precio de las cosas y fraude y exacciones ilegales, pero no el de prevaricación. La juez ha pedido al fiscal que se pronuncie sobre la posible prescripción de estos delitos, un riesgo del que viene advirtiendo desde hace tiempo la Fiscalía Anticorrupción.

La juez atiende al razonamiento que le hizo la Fiscalía Anticorrupción, que consideró que el plazo de prescripción para esos delitos es de cinco años y en este caso se ha superado pues el contrato para la venta de los terrenos entre Mercasevilla y la empresa Sanma fue firmado en febrero de 2006 y la causa no se dirigió "de manera directa y concreta" contra los empresarios hasta el auto del pasado 7 de junio de 2013. Aunque el recurso para declarar prescritos los delitos fue presentado por el empresario José Romero González, presidente de PRASA, la Fiscalía pidió que la prescripción se aplicase a los seis restantes: los hermanos Báñez como responsables de la empresa Juan de Robles; Ignacio Bayón, de Realia; Bárbara Gutiérrez-Maturana, presidenta de Azucarera Larios; y Martín Sánchez-Ramade y su hijo, de Edamar.

Estos siete empresarios, que declararon en junio como imputados ante Alaya, elevaron a 24 las personas acusadas en este sumario, uno de los cuatro en que se desgajó el caso Mercasevilla, entre las cuales figura el ex primer teniente de alcalde de Sevilla Antonio Rodrigo Torrijos (IU). La juez investiga lo que ha denominado "adjudicación fraudulenta" del concurso de venta de los terrenos a la inmobiliaria Sanma, que ofertó 105 millones de euros frente a los 158 de su competidora Noga. Ahora, la juez ha pedido al fiscal que se pronuncie sobre la posible prescripción del delito de prevaricación, un riesgo del que viene advirtiendo desde hace tiempo la Fiscalía Anticorrupción en varios sumarios de los ERE o el caso Mercasevilla.

Según la Fiscalía, los delitos de exacciones ilegales y maquinación para alterar el precio de las cosas deben declararse prescritos respecto a los empresarios al concurrir en todos ellos "las mismas circunstancias temporales e identidad en la calificación jurídica de la imputación, por realización de unos hechos semejantes". La juez, aunque declara prescritos los delitos, recuerda que los empresarios pudieron presentar voluntariamente unas ofertas con "carencias" que "cooperaron necesariamente en la adjudicación del concurso a favor de Sanma".

El abogado de José Romero defendió que su cliente no pudo participar en el presunto concierto para maquinar el precio de las cosas y conseguir que la venta fuese adjudicada a Sanma pero menos aún se le puede imputar prevaricación, delito que "exige un acuerdo o concierto con el funcionario o la autoridad pública". Tal concierto con los funcionarios "no se ha producido ni, por supuesto, puede desprenderse el más mínimo indicio al respecto de ninguna de las diligencias practicadas hasta el momento", según el letrado.