Alaya plantea al fiscal si debe imputar a Monteseirín en el caso Mercasevilla

La juez Mercedes Alaya, que investiga delitos societarios en relación con la gestión de la empresa pública Mercasevilla, ha solicitado a la Fiscalía y a las demás partes personadas que se pronuncien sobre las peticiones realizadas para imputar al ex alcalde Alfredo Sánchez Monteseirín y al ex edil Alfonso Mir del Castillo, que ha sido solicitada por el auditor de la lonja José Ignacio Alonso Rivero -también imputado en este sumario, y por las acusaciones del PP, de la propia Mercasevilla y de la Fundación Socioasistencial del Mercado. La petición se produce después de que fuentes de la Fiscalía anunciaran hace varias semanas que no veían motivo alguno para imputar a Monteseirín y al concejal en esta causa.

En nuevo auto, Alaya explica que una vez presentada la petición de imputación, procede dar traslado a la Fiscalía y al resto de partes personadas para que en un plazo de cinco días se pronuncien sobre si es procedente dicha imputación, teniendo en cuenta expresamente el "cómputo de la prescripción en delitos conexos y que la denominada Carta de Manifestaciones" tiene fecha de 17 de febrero de 2009 y su posterior actualización el 31 de marzo de 2009.

La juez recuerda que, según la declaración del audito José Ignacio Alonso, dicha carta se podría tratar de un documento que "debía reflejar la situación jurídica o económica de la entidad, pudiendo ser contrario a la realidad el contenido de la misma, de conformidad con el artículo 290 del Código Penal", al omitirse en las causas del cese de Fernando Mellet como director general que "estaba involucrado en un delito de cohecho y todo ello teniendo en cuenta que en la presente causa además del delito societario, se siguen actuaciones por delitos de malveración, cuyo plazo de prescripción es más elevado".

La Fiscalía de Sevilla apuntó recientemente que no advierte motivos para que la juez Mercedes Alaya impute al ex alcalde Alfredo Sánchez Monteseirín en la causa en la que se investigan delitos societarios en Mercasevilla, a pesar de que el auditor José Ignacio Alonso Rivero señalara que se le permitió hacer su informe "a sabiendas de que le ocultaban información relevante".

Fuentes del Ministerio Público explicaron que no aprecian motivos para implicar en los hechos al ex regidor municipal porque Monteseirín no es responsable de las supuestas irregularidades y de los delitos societarios que se investigan en esta causa, y también señalaron que la supuesta ocultación al auditor de Mercasevilla de que el director general, Fernando Mellet, estaba siendo investigado por el intento de cobro de comisiones a los empresarios de La Raza no se enmarcaría dentro del objeto de la investigación: los delitos societarios cometidos en relación con las cuentas de la entidad.

José Ignacio Alonso Rivero insistió en septiembre pasado, cuando declaró ante la instructora, en que se impute al ex alcalde y a los otros miembros que formaban el consejo de administración en 2009. Con anterioridad, el auditor de Pricewaterhousecoopers (Pwc) presentó un escrito a la juez en el que solicitaba el archivo de la causa contra él y también la declaración "en la condición que procesalmente proceda" de la totalidad de los integrantes del consejo de administración que asistió a la sesión del 17 de febrero de 2009, donde se formularon y firmaron las cuentas anuales y tras la misma se aceptó el cese del director general, Fernando Mellet, "por razones personales", según refleja el acta de aquella sesión. En el acta se incluyeron comentarios sobre que el motivo era voluntario, "resultado de enfermedades familiares varias". Según el auditor, fue "engañado" de forma "consciente y deliberada" a la hora de realizar su informe auditor y se evitó de esta forma que los accionistas "conocieran la verdadera situación de la compañía".

José Ignacio Alonso Rivero compareció de nuevo ante la instructora en septiembre pasado para ampliar su declaración y reiterar que las manifestaciones sobre el cese de Mellet son falsas, por cuanto el ex director general fue realmente destituido al conocer el consejo de administración que estaba siendo ya investigado por un delito de cohecho por la Fiscalía de Sevilla.

Ese mismo día, el presidente del Consejo y entonces alcalde, Alfredo Sánchez Monteseirín, y el consejero delegado, el concejal Alfonso Mir del Castillo, firmaron la denominada Carta de Manifestaciones a los auditores indicando, entre otras cuestiones, que "no ha ocurrido ningún hecho ni se ha puesto de manifiesto ningún hecho o información que pudiera afectar significativamente a dichas cuentas anuales y que no esté reflejado en las mismas".

El auditor manifestó a la instructora que "nadie les dijo ni en esa fecha ni hasta la emisión de su informe, los motivos reales por los que fue destituido el director gerente de la empresa" y añadió que "básicamente la información que da lugar al cese son unas grabaciones de sobra conocidas en las que se pedían unas comisiones por parte de Mercasevilla, pero también había comisiones sobre los ERE de Mercasevilla".