Alaya imputa por error al padre de la ministra Báñez, ya fallecido, por los suelos de Mercasevilla

Sevilla/La juez Mercedes Alaya citó este lunes a declarar como imputado a Eduardo Báñez González, el padre -ya fallecido- de la ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez, en la causa en la que se investigan las presuntas irregularidades en el concurso público para la venta de los suelos de Mercasevilla. La citación de Alaya se debe a un error de la propia instructora, puesto que la Fiscalía de Sevilla, que fue quien propuso las nuevas imputaciones, pidió que se citara al hermano de la ministra, Eduardo Báñez García, en su condición de consejero delegado de la empresa Juan de Robles y persona que firmó la oferta presentada para el concurso de adjudicación de una opción de compra por la totalidad de los terrenos del Mercado mayorista. La imputación estaría dirigida al hermano de la ministra, pero en la providencia dictada por Alaya figura el nombre del padre, que falleció hace diez años y fue responsable en su momento de la empresa constructora.

La juez ha citado como imputados el próximo viernes, día 14 de junio, a seis empresarios que realizaron ofertas para hacerse con el derecho de opción de compra de los suelos del Mercado mayorista, entre ellos Ignacio Bayón Marine, presidente del consejo de Administración de Realia Bussiness; José Romero González, presidente del consejo de Administración de Prasa; Bárbara Gutiérrez-Maturana Kalachnikoff, presidenta y consejera delegada del consejo de Administración de Azucarera Larios; Martín Eugenio Sánchez-Ramade Moreno, presidente de Edamar; y Antonio Vicente Sánchez-Ramade Carrascosa, que firmó la oferta presentada por Edamar como apoderado solidario. Estas imputaciones se producen, según expone la juez en un auto del 7 de junio, porque de los indicios de la causa se deduce no sólo el "posible concierto" entre Mercasevilla y Sando para la adjudicación de los terrenos, sino también un "idéntico concierto entre dicha empresa constructora y al menos la mayor parte de las sociedades que participaron en dicho concurso mediante la creación artificial de un precio que favoreciera el ofrecido por la entidad Sanma", filial de Sando.

Alaya concluye que estas entidades habrían participado en un delito de maquinación para alterar el precio de las cosas, constituyendo otro indicio "las diferentes relaciones societarias existentes" entre las mercantiles Realia Business, Sanma -a través de Desarrollo Urbanístico Sevilla Este (Duse)- y Edamar, a través de Noralia, así como las "relaciones puntuales" que a través de una UTE, compraventa de terrenos o de asociaciones de promoción inmobiliaria, "han tenido algunas de las participantes en dicho concurso".

En el mismo auto, la juez Alaya pide a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que aporte el informe sobre la documentación entregada por el gerente de Mercasevilla, Manuel Blanco, y también el resultado de la investigación sobre el posible "enriquecimiento ilícito" de Domingo Enrique Castaño, el que fuera asesor del Grupo municipal del PSOE en el Ayuntamiento.

El hermano de Báñez niega connivencia con otras empresas

El consejero delegado de Construcciones Juan de Robles, Eduardo Báñez García, ha negado este lunes que existiera connivencia de su empresa con otras que acudieron al concurso para la compra de los terrenos de la lonja de Mercasevilla. En un comunicado, Eduardo Báñez, ha reaccionado al auto de la jueza por entender que se concertaron para crear un "precio artificial" que favoreciera a la entidad ganadora, Sanma.

Eduardo Báñez García lamenta el error por el que en el auto aparece el nombre de su padre, Eduardo Báñez González. El hermano de la ministra expresa su confianza en que en este procedimiento judicial se concluirá que "no existe relación alguna y, por tanto, mucho menos connivencia entre Construcciones Juan de Robles y la actuación del resto de las empresas que acudieron al concurso, salvo la de meras competidoras".

Recuerda un atestado de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil de 13 de junio de 2012 en el que, según informaciones periodísticas, concluía "la nula relación societaria de Construcciones Juan de Robles con ninguna de las empresas que participaron en el concurso sobre los terrenos de Mercasevilla". Eduardo Báñez muestra su respeto a las actuaciones judiciales y su disposición "a comparecer ante la Justicia para aportar cualquier información que se nos requiera" e insiste en que su empresa siempre ha actuado "al amparo escrupuloso de la Ley".

Según el auto, la venta de los terrenos se cerró en 106 millones de euros que ofrecía Sanma, frente a los 158 millones de Noga, por lo que la juez Alaya deduce que hubo un concierto entre Mercasevilla y Sanma para la adjudicación a éste última del concurso, así como "idéntico concierto entre dicha empresa constructora y al menos la mayor parte de las sociedades que participaron en dicho concurso"