Alaya ordena investigar una factura de 150.000 euros para la acometida eléctrica de unas naves de Mercasevilla

La juez Mercedes Alaya, que investiga la adjudicación "fraudulenta" de la venta de los suelos de Mercasevilla, ha ordenado a la Guardia Civil que investigue una factura de 150.000 euros que la empresa Sanma –adjudicataria final del concurso público- abonó a Mercasevilla para la acometida eléctrica de unas naves. Con esta factura, la instructora enlaza la causa de la venta de los suelos con la investigación de la mordida que los ex directivos de Mercasevilla Fernando Mellet y Daniel Ponce exigieron a los empresarios de La Raza, en un caso que ya está juzgado y acabó con la condena a 21 meses de inhabilitación y el pago de una multa de 600.000 euros.

En un nuevo auto, la instructora ha pedido a la Unidad Central Operativa (UCO) la factura 8012242 aportada por Mercasevilla y relativa al pago efectuado por la constructora Sanma. En la contabilidad del Mercado Central aparece un ingreso a Mercasevilla por importe de 150.000 euros, con fecha 24 de febrero de 2006, y "un reintegro en la misma fecha y por la misma cantidad, sin que conste ni quien efectuó el ingreso ni quién fue su receptor", por lo que solicita a los agentes de la Guardia Civil que investiguen qué persona realizó estas operaciones y "su concepto".

La instructora considera que esta factura vuelve a poner de manifiesto la importancia de las grabaciones que en su día aportaron los empresarios de La Raza y en la que Mellet y Ponce le exigían el pago de una comisión de 300.000 euros y otros 150.000 euros para los gastos de la cometida eléctrica, cantidad esta última que coincide con la factura abonada por Sanma tres años antes del intento de soborno. "Se ha revelado la importancia de las grabaciones obtenidas por los empresarios de La Raza y su contenido, examinado con la perspectiva que da el tiempo y con el avance de las investigaciones, lo cual arroja nueva luz sobre las conversaciones grabadas, el sentido de las mismas y su relevancia en este procedimiento", asevera Mercedes Alaya, que acuerda incorporar a la causa de la venta de los suelos una de las grabaciones efectuadas por los empresarios y en la que se les exigía dicha mordida.

De otro lado, en la misma resolución, Alaya ha acordado citar para el próximo 11 de noviembre a un nuevo imputado, el arquitecto Alberto Balbontín, director de la obra que emitió el certificado final de la obra, como documentación esencial para que fuera concedida la licencia de primera ocupación en la que se hacía constar que la edificación estaba “concluida y apta para su uso” cuando a la fecha de la referida certificación la edificación y urbanización carecía de las obras de infraestructura eléctrica.

La juez Alaya también ha citado a declarar, en relación con estas nuevas revelaciones, a Domingo Enrique Castaño, el que fuera director del área de Vía Pública y ex asesor del grupo municipal socialista, y a la funcionaria de Urbanismo Victoria Bustamante, jefa del servicio de Vía Pública. Alaya cree que estas dos personas, que ya estaban imputadas en la causa, podrían haber "impedido el pase" al servicio de Obras y Proyectos para que se acreditara la falta de concreción de las obras.

También ha sido citado a declarar José Manuel Ferrera, técnico del servicio de Licencias, por si desea ampliar su declaración.

El arquitecto Alberto Balbontín declarará el 11 de noviembre a las diez de la mañana, mientras que Ferrera ha sido citado a las 11:00 horas, Victoria Bustamante a las 12:00 y Domingo Enrique Castaño a las 13:00 horas.