Alaya intensificará la investigación de los ERE irregulares

La juez Mercedes Alaya tendrá más tiempo para intensificar la investigación de la supuesta trama de irregularidades detectadas en los Expedientes de Regulación de Empleo (ERE) sufragados por la Junta de Andalucía. La junta de jueces de Instrucción de Sevilla acordó ayer por unanimidad eximir a la juez Mercedes Alaya del reparto de asuntos durante seis meses, al objeto de que pueda disponer de tiempo para investigar este asunto y otros de gran volumen que se instruyen en el Juzgado de Instrucción número 6, como la querella por delitos societarios contra el que fuera máximo accionista del Real Betis Manuel Ruiz de Lopera.

El juez decano de Sevilla, Federico Jiménez Ballester, explicó ayer que el acuerdo alcanzado por la junta de jueces pretende, de un lado, aliviar la carga de trabajo que soporta la magistrada de Instrucción número 6 de Sevilla, que investiga entre otros asuntos los escándalos de Mercasevilla y los ERE, y de otro, evitar que en este periodo de tiempo pudiera corresponderle por el turno de reparto establecido otro asunto de gran magnitud que amenazar con retrasar la instrucción de estas causas.

La juez Mercedes Alaya acudió a la junta de jueces pero, como ha hecho en otras ocasiones en las que se han tratado asuntos relacionados con su juzgado, se ausentó de la reunión antes de que se iniciara la votación. La decisión de la junta de jueces se pondrá en marcha en cuanto sea aprobada por la sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), a la que habrá ahora que dar traslado del acuerdo para su ratificación, según precisó el juez decano.

La exención del reparto de asuntos es una medida excepcional que no se aplica con frecuencia. En Sevilla sólo se ha aplicado recientemente en dos ocasiones: una de ellas fue precisamente a la juez Alaya, que eximida el año pasado del reparto durante un periodo de seis meses debido a las numerosas diligencias que tenía que practicar en relación con las causas del Betis y la investigación de las irregularidades en Mercasevilla, antes de que se destapara el escándalo de los ERE. En otra ocasión se aplicó al Juzgado de Instrucción número 18 de Sevilla, al que había correspondido investigar varios centenares de querellas presentadas por la Fiscalía de Urbanismo en relación con la construcción de viviendas ilegales en la localidad de El Ronquillo.

La juez Mercedes Alaya acordó la semana pasada acumular en las mismas diligencias las dos investigaciones que se habían abierto en torno a los ERE de Mercasevilla del año 2003 y 2007, y del resto de empresas en las que han aparecido falsas prejubilaciones u otras irregularidades.

La Consejería de Empleo ha cifrado en 183 los casos sospechosos: 72 de los denominados intrusos, personas que nunca han trabajado en las empresas en las que se prejubilaron, y otros 111 en los que se han detectado otro tipo de irregularidades.