Alaya rebaja a 50.000 euros la fianza al director comercial de Fitonovo

La juez Mercedes Alaya, que investiga una trama que corrompía presuntamente a funcionarios públicos con mordidas y regalos, ha decidido rebajar a 50.000 euros la fianza impuesta al director comercial de Fitonovo, Juan Andrés Brugueras, que se encuentra en prisión provisional por este caso desde el pasado 11 de noviembre de 2014, siendo el único de los 95 imputados que continúa en la cárcel.

Se trata de la tercera ocasión en la que la magistrada reduce la fianza para el director comercial de Fitonovo, puesto que ya en diciembre pasado rebajó los 180.000 euros iniciales a 120.000 euros, una decisión que volvió a modificar en enero, reduciéndola a 70.000, y ahora finalmente la ha bajado hasta esos 50.000 euros.

En el auto que acuerda reducir la fianza, Alaya argumenta que esa reducción es proporcional y destaca la ausencia de riesgo de fuga. "Debemos tener en cuenta que ha transcurrido un cierto tiempo de privación de libertad, lo cual sin lugar a dudas supone un efecto disuasorio para el inculpado; tomando en consideración este extremo y en relación a la petición efectuada por el Ministerio Fiscal -que en dos ocasiones mostró que no se oponía a dicha reducción-, hemos de atender además a las circunstancias de arraigo y domicilio conocido del referido inculpado, así como la ausencia de medios de fortuna importantes para poder plantearse hipotéticamente una huida del territorio nacional y la permanencia fuera de nuestro país por tiempo prolongado", precisa el auto.

Alaya concluye que, realizando un juicio de proporcionalidad, "no existe riesgo de fuga relevante para decretar la medida de prisión provisional, pero sí que permanece un riesgo de evasión, aunque pueda ser mínimo, derivado de la gravedad de los hechos que se les imputan en una instrucción que se presume dilatada en el tiempo". Por este motivo, considera adecuado reducir la fianza a 50.000 euros.

La operación Madeja, en la que se investiga una trama organizada para el pago de comisiones, sobornos o dádivas a funcionarios y cargos públicos a cambio de favores en la adjudicación de contratos con distintas administraciones públicas, se ha convertido en la segunda causa más voluminosa que investiga la juez Mercedes Alaya, por detrás únicamente del escándalo de los ERE fraudulentos. En el sumario, que consta de casi 9.000 folios distribuidos en 24 tomos, hay ya un total de 95 personas imputadas, entre ellas varios ex responsables políticos y funcionarios de distintas administraciones públicas que presuntamente habrían intervenido en el cobro de comisiones o recibido regalos por favorecer la contratación de la empresa Fitonovo.

En la operación Madeja, Alaya ha impuesto fianzas civiles que superan los 42 millones de euros. La mayor fianza de responsabilidad civil es la impuesta al dueño de Fitonovo, Rafael González Palomo, por un importe de 8,2 millones, seguida de los 5,7 millones fijados para su hijo, José Antonio González Baró, y los 4,9 millones de Juan Andrés Brugueras, director comercial de Fitonovo.

En la causa también están imputados los ex portavoces municipales de IU Antonio Rodrigo Torrijos y José Manuel García, a los que se fijó una fianza civil de 620.000 euros; el ex concejal de Vía Pública Manuel Gómez Lobo (PSOE), al que se impuso una de 715.000 euros; y el ex asesor del grupo socialista Domingo Enrique Castaño. El ex director general de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Sevilla Joaquín Peña (PP) también figura en la lista de implicados en la causa y debe hacer frente a una fianza civil de 266.000 euros.

La operación Madeja, cuya investigación se inició en julio de 2013 con una primera fase en la que fue detenido el ex asesor municipal del PSOE en el Ayuntamiento de Sevilla Domingo Enrique Castaño, se ha extendido finalmente a 12 provincias españolas, motivo por el cual la instrucción recaerá probablemente en la Audiencia Nacional, órgano competente para enjuiciar delitos que se producen en varias provincias o en los que interviene una organización criminal.

En este caso, Alaya ya ha puesto de manifiesto que los directivos de Fitonovo constituyeron una auténtica "organización criminal" que corrompía a funcionarios y responsables políticos.

La juez le ha pedido a la Fiscalía de Sevilla que se pronuncie precisamente sobre la "competencia" para la instrucción de la causa, pero el Ministerio Público aún no ha emitido su informe en el que debe de pronunciarse sobre si la causa de enviarse, como parece lógico, a la Audiencia Nacional para que continúe la investigación relacionada con el pago de las mordidas.

Mientras llega el dictamen de la Fiscalía, las defensas de los casi un centenar de imputados han comenzado a solicitar la práctica de diligencias, como por ejemplo la declaración de imputados que en su día se acogieron a su derecho a no declarar porque la causa permanecía bajo secreto sumario.