Alaya accede a tasar los bienes embargados a Río Grande pero no levanta la medida

La juez Mercedes Alaya, que instruye el caso de los ERE fraudulentos, ha accedido a que se realice una tasación del emblemático restaurante Río Grande de Sevilla, enclavado en la calle Betis, que fue embargado en febrero pasado para hacer frente a la posible responsabilidad pecuniaria de su propietaria, Carmen García Sánchez, imputada en la causa y a la que la instructora impuso una fianza civil de 1.990.689,36 euros.

En un nuevo auto, Alaya ha accedido a que se realice a costa de la propietaria la tasación de las tres fincas embargadas, pero ha rechazado levantar la medida al considerar que el embargo es "correcto" habida cuenta de la cantidad exigida.

La defensa de Carmen García había alegado que los bienes embargos superan "como mucho el doble de la cantidad a afianzar", pero Alaya ha decidido mantener el embargo sin perjuicio de que una vez tasados lo bienes y a la vista de la valoración de los mismos se pueda solicitar e incluso "acordar de oficio" por la secretaria judicial alzar dicho embargo en aquello que exceda la cuantía de la fianza.

La defensa había alegado además, en un recurso de revisión planteado contra el decreto de embargo, que no se había seguido el trámite de solicitar a la imputada que designara los bienes para trabar el posible embargo, pero la instructora recuerda que hace "más de dos años", en concreto el 12 de marzo de 2012, ya se requirió a la propietaria para que designara bienes en diez días, a lo que la imputada respondió señalando las participaciones que tiene en Río Grande, que fueron ya embargadas y "siendo a todas luces insuficientes para cubrir las cantidades impuestas" es por lo que se acordó en febrero de este año embargar tres bienes inmuebles propiedad de Río Grande.

El decreto del juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla dictado en febrero recordaba que la fianza se le impuso a la propietaria en abril de 2011 para cubrir las responsabilidades que pudieran derivarse de su imputación en la causa de los ERE tras haberse detectado la presencia de intrusos en el expediente realizado en este restaurante. La juez le atribuyó a Carmen García Sánchez "un mayor grado de responsabilidad" en los hechos, por su "mayor capacidad de actuación y decisión, no sólo para lucrarse a sí misma sino a otras personas, y por su interrelación con el resto de los actores de la trama".

La magistrada le reprochó entonces que la economía de esta imputada estaba lo "suficientemente saneada" como para hacer frente al pago de las prejubilaciones sin necesidad del ERE de 2005, dado que había tenido unos beneficios de 1,2 millones en el ejercicio anterior.

El embargo decretado para garantizar las responsabilidades civiles se centra sobre la parcela ubicada en el número 70 de la calle Betis y en la "edificación destinada a restaurante y bar situada en la margen derecha de la dársena del Puerto de Sevilla". Además del conocido restaurante, el juzgado decidió embargar un apartamento ubicado en Arévalo (Ávila), que pertenece a esta misma entidad, que fue declarada responsable civil en octubre de 2013.

También se acordó el embargo telemático de los saldos bancarios que ostente la imputada de "todas las entidades adheridas a la plataforma del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ)", así como de las devoluciones pendientes de percibir de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria.