Alaya detiene a 16 personas en una operación contra el fraude formativo

Nuevo golpe de la juez Alaya contra las irregularidades relacionadas con los cursos de formación. Los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil han iniciado este martes una nueva e importante operación, denominada “Barrado”, contra el fraude en los cursos de formación, dirigida por la juez Mercedes Alaya y en la que practicado 16 detencionesy han sido imputadas otras cinco personas más, según han confirmado a este periódico fuentes de la investigación.

Siete de los 16 arrestados han desempeñado el cargo de director provincial del Servicio Andaluz de Empleo (SAE) y cuatro estuvieron a frente de las direcciones generales dentro del mismo organismo. Destacan asimismo las detenciones de dos delegados provinciales de Empleo que hasta hoy ocupan dicho cargo: Aurora Cosano, en Sevilla, y Eduardo Manuel Muñoz García, en Huelva.

La Guardia Civil precisa que con esta actuación tratan de esclarecerse delitos de prevaricación, malversación de caudales públicos y fraude de subvenciones. El mayor número de detenciones se han practicado en Sevilla y Málaga, con tres arrestos en cada provincia, mientras que en Córdoba, Cádiz, Huelva y Almería se han producido dos detenciones, y finalmente una detención en Granada y Jaén, respectivamente.

Entre los primeros arrestados por la Guardia Civil en la provincia de Sevilla figuran la ex directora general de Formación de la Junta Teresa Florido y el ex delegado provincial de Empleo en Sevilla Antonio Rivas, según han confirmado las mismas fuentes. Teresa Florido es cuñada del ex consejero andaluz de Hacienda Ángel Ojeda, que ya está imputado por la juez Mercedes Alaya en la investigación de los cursos.

La Guardia Civil ha detenido asimismo a los actuales delegados provinciales de Empleo de la Junta en Huelva y Sevilla Eduardo Manuel Muñoz García y Aurora Cosano, respectivamente, quienes han sido cesados este mismo martes por el Consejo de Gobierno de la Junta.

La lista de arrestados cuyos nombres han trascendido se completa con los ex delegados Empleo en Cádiz Juan Bouza y el ex Director general de Empleabilidad y Formación Profesional, Manuel Brenes; Almería, Francisca Pérez Laborda; Granada Marina Martín Jiménez -en la actualidad directora de la Fundación Pública Andaluza El Legado Andalusí-; y Málaga, Juan Carlos Lomeña. En Córdoba, el ex delegado de Empleo Antonio Fernández Ramírez y la ex directora de formación María José Lara.

La Guardia Civil ha detenido además a la detención de los ex directores-gerentes de dos consorcios de formación: el Consorcio Andaluz de Formación Integral de las Industrias del Ocio (CIO) de Mijas, en Málaga, y Formades, en Almonte (Huelva), y también ha sido detenida la presidenta de la UTE gestora de CIOMIJAS. Además de las detenciones, se han producido dos registros en el complejo CIOMIJAS, según ha confirmado la Guardia Civil.

La operación se desarrolla de forma simultánea en las ocho provincias andaluzas y se centra en los servicios centrales de la Administración desde los que se concedían las subvenciones, según han explicado las mismas fuentes.

La juez Alaya mantiene desde el pasado 20 de enero el secreto parcial de la causa de los cursos de formación, en la que ha abierto cuatro líneas de investigación, una de ellas sobre las subvenciones que por importe de 85,7 millones recibió la Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo (Faffe)

Alaya constató "varias bolsas de fraude" en relación con los cursos de formación, una de ellas relacionada con la Faffe, constituida en 2003 como una entidad de carácter privado y sin ánimo de lucro y que según la instructora se convirtió en un "instrumento esencial de la Consejería de Empleo y del Servicio Andaluz de Empleo (SAE) de dimensiones extraordinarias, con personal empleado que se contaba por varios miles y con sueldos muy elevados en comparación con otros empleados similares de la Administración".

La "única fuente de financiación" de la Faffe, explicó entonces Alaya, eran las subvenciones otorgadas por el SAE, al tiempo que advirtió de las "graves irregularidades" que presentaban en cuanto a su justificación. Entre esas irregularidades, Alaya destaca las relacionadas con las siete subvenciones extraordinarias concedidas para la formación de los ex trabajadores de Delphi por importe de 35,9 millones, dentro del plan de revitalización industrial de la Bahía de Cádiz y su entorno, así como otras dos subvenciones en 2009 y 2010 por 25,5 y 24,3 millones, "sin que haya presentado justificación".

De hecho, al inicio de las pesquisas judiciales, Alaya acusó a la Junta de haber destinado en cuatro años 950 millones a cursos de formación sin que la Administración autonómica haya obligado a las empresas beneficiarias a justificar el gasto de estas subvenciones. Alaya aportaba esta cifra de acuerdo con las declaraciones realizadas a la UCO por el ex director general de Formación para el Empleo Carlos Cañavate de León, quien explicó que a fecha de octubre de 2013 había una cantidad aproximada de 950 millones de euros "en subvenciones sin justificar".

Parte del secreto de las actuaciones también afecta a los consorcios entre administraciones que recibieron ayudas para actividades formativas por parte de la Dirección General de Formación Profesional de la Consejería de Empleo, utilizando el procedimiento de adjudicación de "concurrencia no competitiva". Todos los consorcios tienen abiertos expedientes de reintegro, dos de ellos en fase de inicio, y el resto en fase de resolución.

El 13 de febrero pasado, la magistrada decidió ampliar el secreto de sumario a las irregularidades en el Servicio Andaluz de Empleo (SAE), en concreto, sobre las distintas "direcciones provinciales" del SAE y las diversas irregularidades denunciadas. La juez decretó el secreto parcial en lo referente a los informes de la Intervención General de la Junta y a "cuantas actuaciones se deriven de su investigación", justificando la medida en la "gravedad de los delitos investigados, la especial importancia de la línea de investigación con ellos iniciada, las expectativas de la misma y el riesgo de frustrar sus posibles resultados por la posible pérdida, destrucción o manipulación de indicios o fuentes de prueba".

En la causa de los cursos de formación, hasta el momento sólo estaban imputados los ex consejeros de Empleo y de Hacienda de la Junta Antonio Fernández y Ángel Ojeda, respectivamente. A este último, Alaya le acusa de haber usado "sus influencias en la Junta" para hacerse con ayudas por importe de más de 33 millones "en poco más de año y medio" en relación con la formación de los ex trabajadores de Delphi.