Alaya desarticula una red corrupta que pagó dos millones en mordidas

Alaya desarticula una red corrupta que pagó dos millones en mordidas

La tercera fase de la operación Madeja, denominada Enredadera por la Guardia Civil, se salda con la detención de 32 personas en 12 provincias españolas y una veintena de registros

La juez Mercedes Alaya ha desmantelado una red que presuntamente abonó en unos nueve años (entre 2003 y 2012) unos dos millones de euros en comisiones ilegales y dádivas a funcionarios y cargos públicos para hacerse con la adjudicación de contratos. La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, bajo la dirección de Alaya, llevó a cabo ayer la tercera fase de la operación Madeja, ahora denominada Enredadera, en un nuevo espectacular despliegue policial de la instructora y del instituto armado que se ha saldado con la detención de 32 personas y la práctica de una veintena de registros en un total de doce provincias españolas: Sevilla, Córdoba, Jaén, Huelva, Cádiz, Granada, Badajoz, Madrid, Valencia, Zaragoza, Barcelona y Las Palmas.

A los 32 detenidos, de los cuales al cierre de esta edición cuatro ya habían sido puestos en libertad por la Guardia Civil sin necesidad de pasar a disposición de la juez, se les atribuyen hasta seis delitos, en concreto, contra la Administración Pública, blanqueo de capitales, alteración de precio en concurso y subasta pública, falsedad en documento mercantil, delitos contra la Hacienda Pública y pertenencia a organización criminal.

Esta tercera fase es la continuación de la investigación sobre las relaciones societarias entre empresas que en su día optaron al concurso público para la adquisición de un derecho de opción de compra de los suelos de Mercasevilla, donde según la Guardia Civil quedó "evidenciado un importante incremento patrimonial no justificado" del que fuera hasta el 2007 Director del área de Vía Pública del Ayuntamiento de Sevilla y ex asesor del grupo municipal del PSOE, Domingo Enrique Castaño.

Del informe patrimonial realizado sobre Castaño y su mujer, la abogada Ana María Vaquero, la Guardia Civil dedujo que había recibido de la sociedad Fitonovo "múltiples dádivas o regalos de distinta naturaleza (dinero, vehículos, etc.), lo que provocó en julio y diciembre de 2013 la apertura de nuevas investigaciones, registros y detenciones, entre otros, de los responsables de la empresa Fitonovo".

Del análisis de la información incautada en las entradas y registros y de la actividad operativa de los investigadores se averiguó que la dirección de la empresa Fitonovo había creado una "infraestructura destinada a obtener contratos públicos irregulares, habilitando la estructura de la empresa para conformar una red de contactos con funcionarios corruptos que les facilitaban dicha contratación, creando a su vez una contabilidad paralela que se nutría de facturación falsa para, entre otros fines, pagar sobornos a funcionarios y responsables públicos". Las prácticas ilícitas descubiertas "causaban un grave daño al interés público en una doble vertiente: pervirtiendo los procedimientos de adjudicación y no realizando las prestaciones comprometidas". Asimismo, al estar la adjudicación predeterminada de antemano en base a intereses particulares y no al interés general, "perjudicaba al resto de las sociedades que concurrían a los procedimientos públicos de contratación".

El dispositivo policial se desplegó poco antes de las nueve de la mañana y se produjo de forma coordinada en todas la provincias españolas. A esa hora, varios agentes llegaron en dos vehículos de alta gama -uno de ellos un Porsche Cayenne- hasta las puertas de la Diputación de Sevilla, donde procedieron al registro durante siete horas del despacho del jefe del servicio de Carreteras de la Diputación de Sevilla, Carlos Podio Lora, uno de los detenidos y de quien la instructora considera que pudo percibir presuntamente hasta 111.000 euros de la trama corrupta en cuyo centro se sitúa el grupo empresarial Fitonovo, un contratista habitual de las Administraciones públicas. Carlos Podio se incorporó hace tan sólo unos días a su puesto en la Diputación de Sevilla, tras haber estado aproximadamente un año de baja laboral debido a una enfermedad.

La Guardia Civil detuvo además a otro funcionario de la Diputación de Sevilla, ya jubilado. La mayoría de las personas detenidas están relacionadas con la adjudicación de los contratos de los servicios de carreteras de la Administraciones Públicas y del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif). Uno de los trabajadores del gestor ferroviario implicado en la trama habría llegado a percibir más de un millón de euros en comisiones, y otros empleados de Adif unos 400.000 euros más.

Los agentes también detuvieron a Antonio Miguel Ruiz Carmona, actual representante de IU en la comisión de Mercados Ambulantes del Ayuntamiento de Sevilla y ex asesor de la misma formación que ocupaba en la anterior corporación municipal el puesto de técnico del área de Infraestructuras para la Sostenibilidad que por entonces dirigía el primer teniente de alcalde y portavoz de IU Antonio Rodrigo Torrijos. Este técnico habría recibido de Fitonovo unos 70.000 euros en una caja de zapatos poco antes de las elecciones municipales de 2011, aunque IU habría recibido un total de 155.000 euros de este contratista, según la ampliación de las imputaciones realizadas ayer por la magistrada. Entre los detenidos también figura Carlos Gamito, asesor jurídico de Fitonovo, que fue llevado al puesto de la Guardia Civil de Carmona.

De los 32 arrestados, 24 fueron detenidos en Andalucía. Además de los 11 detenidos en Sevilla, la Guardia Civil arrestó a tres personas en la Delegación Territorial de Fomento de Huelva de la Junta de Andalucía; otras cinco en Córdoba, tres empresarios y dos técnicos de Adif; tres personas en Jaén -el teniente de alcalde de La Carolina y concejal de Participación Ciudadana y Deportes, Cristóbal Pérez, un jefe de servicio de la Diputación y un técnico del Ministerio de Fomento-. En Cádiz y Granada hubo un detenido -en este último caso, una ex empleada de Fitonovo-; mientras que en Extremadura fue arrestado un jefe de sección de la Consejería de Fomento extremeña. En Canarias, la Guardia Civil detuvo al portavoz de Coalición Canaria en el Cabildo de Lanzarote, Sergio Machín, y otro representante de Fitonovo en Gran Canaria, y ambos quedaron en libertad con cargos. En Zaragoza, fue detenido un encargado de mantenimiento de Adif, José García Pascual, y otro empleado ya jubilado.