Alaya acusa a Rivas de influir en el "regalo" de fondos de los ERE

La Fiscalía Anticorrupción pidió ayer una fianza de responsabilidad civil de 5.579.696 euros para el ex delegado de Empleo en Sevilla Antonio Rivas, que se acogió finalmente a su derecho constitucional a no declarar ante la juez Mercedes Alaya tras haber estado esperando este momento 1.115 días -más de tres años-, según el cálculo que realizó su abogado.

La instructora le imputó delitos de malversación de caudales públicos, prevaricación y tráfico de influencias por la autorización que dio a un "considerable número" de Expedientes de Regulación de Empleo (ERE) en los que, según la magistrada, la Junta de Andalucía "además de regalar fondos públicos a personas próximas" a él, como dos cuñados y miembros del PSOE, asumió "arbitrariamente" obligaciones que eran de la empresa por la activa participación de Rivas.

La juez Alaya le atribuyó estos tres delitos porque considera que Antonio Rivas, que fue delegado de Empleo durante una década (entre 2000 y 2010), autorizó esos ERE "con total ausencia de procedimiento", algo de lo que tenía conocimiento el imputado porque "era evidente que ni siquiera existían unas bases reguladoras publicadas en el Boletín Oficial". A pesar de ese conocimiento, continúa la juez, gran parte de las ayudas fueron "comprometidas previamente" por Rivas, quien "de esta forma influiría en el otorgamiento de las mismas", así como en la inclusión de nueve intrusos, entre ellos sus dos familiares.

La instructora cita expresamente cinco ERE en cuya aprobación intervino Rivas (Mercasevilla, Intesur, Surcolor, Aglomerados Morell y Calderinox), pero deja fuera de la imputación la última investigación encargada a la Guardia Civil respecto al supuesto "incremento patrimonial ilícito" que los investigadores de la Unidad Central Operativa (UCO) han detectado en el imputado y que está relacionado con personas directamente de su entorno familiar, como una nuera que fue contratada en las empresas del conseguidor de los ERE y ex sindicalista Juan Lanzas y que percibió 21.840,13 euros entre 2007 y 2009.

Sobre la intervención de Rivas en los ERE de Mercasevilla de 2003 y 2007, la instructora le reprocha al ex alto cargo que no apreciara "dolo, fraude ni la menor irregularidad" en este segundo expediente a pesar de que la causa alegada en el primero fuera una sobredimensión de la plantilla y que los gastos de explotación de personal superaban el 71% de la cuenta de explotación, mientras que cuando se llevó a cabo el segundo ERE se había contratado prácticamente al "mismo número de trabajadores" y los gastos de explotación seguían superando ese porcentaje. En el ERE de 2003 se incluyeron a cinco personas que no superaban la edad mínima para prejubilarse, los 50 años, y en el de 2007 fue incluido uno de los primeros intrusos de los ERE, Antonio Garrido Santoyo, que fue presidente del comité de empresa de Coosur y secretario de administración de UGT en Sevilla.

Con respecto a la empresa Intesur, Alaya sostiene que Rivas ejerció en 2003 su influencia sobre el director general de Trabajo Francisco Guerrero para que tres conocidos suyos, el ex concejal del PSOE en Camas (Sevilla) -donde Rivas fue alcalde muchos años- José Antonio García Prieto, su cuñado José Acevedo López, y Ricardo Medina Barrios, fueran incluidos en la póliza de esta empresa pese a no haber trabajado nunca en la misma y percibiendo 134.784, 113.356 y 117.540 euros, respectivamente.

En la empresa Surcolor fue incluido su concuñado José Antonio Márquez López, así como Manuel López Espadas, esposo de una concejal del PSOE en Camas, que recibieron 60.210 euros y 131.398,30 euros, respectivamente. Alaya dice que en el ERE de Aglomerados Morell el ex alto cargo exigió "para favorecer al parido socialista" de Villanueva del Río y Minas el despido de parte de la plantilla y la contratación de trabajadores de esta localidad.

La juez también le atribuye haber ejercido en 2010 "de modo activo su influencia" sobre el ex director de Trabajo Juan Márquez para que se incluyera en el ERE de Calderinox al ex delegado de la Consejería de Trabajo Juan Rodríguez Cordobés, que recibió 36.000 euros.

Al término de la comparecencia, la Fiscalía Anticorrupción ha pedido esos 5,5 millones de fianza de responsabilidad civil, una cifra que la Junta rebajó a 4,3 millones. La Fiscalía justificó la elevada fianza en el importe de las pólizas pagadas por la Junta en sólo estos cinco expedientes y argumentó que existen indicios de delito en la actuación de Rivas por el "importante volumen de ayudas que se han tramitado" en la provincia de Sevilla, ya que sólo hasta julio de 2009 -según un correo electrónico de la ex asesora de Empleo María José Rofa, también imputada en la causa judicial- se habrían tramitado 111 ayudas en la provincia de Sevilla, por un montante de 104.037.261 euros, una cifra en cuanto al número de empresas beneficiadas "muy superior" al resto de provincias: seis en Granada, 11 en Málaga, dos en Almería y 15 en Cádiz, según detalló el fiscal Anticorrupción.