Alaya cita a declarar a Mellet por las irregularidades en el ERE de Mercasevilla

La juez Mercedes Alaya, que investiga el escándalo de los ERE fraudulentos, ha citado a declarar el próximo 23 de abril al ex director general de Mercasevilla Fernando Mellet, en relación con las irregularidades que se investigan en torno a los ERE realizados en esta empresa en los años 2003 y 2007. Ese mismo día, la instructora ha citado a uno de los primeros intrusos detectados al inicio de la investigación, que se abrió a principios de 2011, Antonio Garrido Santoyo, ex miembro de la ejecutiva local del PSOE de Baeza (Jaén), y también al ex comercial de Vitalia Francisco José González García, quien supuestamente sería responsable de la inclusión de otra de las primeras intrusas en Mercasevilla, su vecina Carmen Fontela.

Estas nuevas declaraciones se producen después de que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil haya entregado recientemente en el juzgado el atestado relativo a la empresa Mercasevilla, en el que los investigadores recogen que en el ERE de 2003 de esta empresa fueron incluidos de manera irregular tres trabajadores (José D. M., Joaquín G. M., y Pedro V. M.), quienes no reunían el requisito de tener una edad comprendida entre los 50 y 64 años. Según la Guardia Civil, desde el Comité de Empresa, presidido por Rafael Domínguez, y el director de Mercasevilla, Fernando Mellet, se les “instó a adherirse al ERE” con el argumento de que se había prorrogado hasta el 31 de diciembre de 2003 la fecha para tener cumplidos los 50 años. Según declaró Domínguez en su comparecencia como testigo ante la Guardia Civil, se trata de un “error de corta y pega” heredado de borradores del acuerdo que se había confeccionado en otra reuniones y que ese error lo subsanó directamente el delegado de Empleo Antonio Rivas.

Sin embargo, el atestado concluye que hasta la fecha “no se tiene constancia formal de que el error fuese comunicado ni corregido”, por cuanto no hay documento que demuestre el acuerdo bilateral entre Mercasevilla y el comité de empresa para prorrogar la fecha, “mucho menos de que se haya comunicado y autorizado tal circunstancia por la autoridad laboral competente”.

Por ello, la Guardia Civil concluye que se había instado a los tres trabajadores a adherirse al ERE “bajo unas condiciones irreales, ya que la prórroga de la fecha para tener cumplidos los 50 años se habría realizado de forma unilateral y de forma irregular porque no existiría resolución por la que el delegado de Empleo hubiese autorizado tal medida” y aunque los trabajadores habría actuado “de buena fe”, su inclusión fue irregular.

La Guardia Civil también concluye que el ex director de Trabajo Francisco Guerrero y el ex director general de Mercasevilla Fernando Mellet fueron “conscientes y responsables” de la inclusión en el ERE de María del Carmen Fontela, una de las primeras intrusas detectadas en el caso, y en la que el “principal inductor” sería Juan Lanzas.

Sobre el intento de incluir al propio Lanzas, los investigadores afirman que puede corresponde a “un intento de pagar una parte de la comisión de éste por su mediación con la Junta para que financiasen las prejubilaciones de los afectados por los ERE de Mercasevilla”.

La Guardia Civil concluye que la tramitación del expediente de Mercasevilla se realizó “prescindiendo total y absolutamente del procedimiento establecido en el marco normativo aplicable, lo que ha supuesto una menor fiscalización y una mayor arbitrariedad en su adjudicación”.

El atestado del Mercado Mayorista revelaba dos aspectos interesantes desde el punto de vista de los investigadores. De un lado, los agentes sospechan que la Junta de Andalucía no asumió el compromiso pago de los 9 millones del ERE realizado en 2007 en esta empresa pública porque se destapó el escándalo de las comisiones relacionado con la subvención para la escuela de hostelería, caso por el que fue condenado el ex delegado de Empleo Antonio Rivas y los directivos del Mercado Fernando Mellet y Danil Ponce. De otro lado y citando las declaraciones de la ex asesora de Empleo María José Rofa, también imputada, la información que la Consejería envió a la juez Mercedes Alaya no era completa, sino que se “montó un expediente ex profeso” para entregárselo a la instructora.

Respecto al supuesto compromiso de la Junta para asumir el pago de los 9.046.976,95 euros correspondientes a las pólizas de 34 trabajadores prejubilados en el ERE de Mercasevilla de 2007, la Unidad Central Operativa (UCO) reconoce que es cierto que los tres compromisos de pago suscritos por el director general de Trabajo Francisco Javier Guerrero directamente con la aseguradora “carecen de formalismo y validez alguna”, pero añade que “también es cierto que después de que Guerrero cesase en su cargo, la Junta ha abonado las primas de otras pólizas de seguros de rentas colectivas en las que se daban las mismas circunstancias”. Los investigadores ponen como ejemplo de esta situación el expediente Cespa FCC en el que Guerrero asumió el pago de una póliza con Fortia Vida, y una vez cesado Guerrero, su sucesor Juan Márquez “se percata y advierte de que ese compromiso es ilegal, pero finalmente la Junta de Andalucía acaba sumiendo el compromiso de pago inicial de Guerrero”.

Por todo ello, la Guardia Civil argumenta que “no sería descabellado concluir que la Consejería de Empleo no se había hecho cargo de los tres compromisos de pago que realizó Guerrero a Vitalicio Seguro en relación a la póliza, a diferencia de otros expedientes como el de Cespa Fcc, porque ya se habría hecho público el caso de las comisiones ilegales para la escuela de hostelería reclamadas por Fernando Mellet y Daniel Ponce” y que concluyó con una condena por un delito de cohecho de 21 meses de inhabilitación y el pago de una multa de 600.000 euros a Antonio Rivas y los ex directivos de la lonja.

En esos tres compromisos, Guerrero asumió el pago de 6.910.814,43 euros, de los cuales el último compromiso tiene fecha del 29 de abril de 2008, “el mismo día de su cese”.

De otro lado, la Guardia Civil también valora la actuación de la Consejería de Empleo una vez que se conoció públicamente la inclusión de un intruso en el Ere de Mercasevilla. Tras saltar el escándalo se celebró una reunión en el despacho del entonces director general de Trabajo Daniel Alberto Rivera, a la que asistieron el entonces consejero de Empleo Manuel Recio, el viceconsejero Justo Mañas, el jefe del gabinete del consejero, Rafael Calvache Casas, y otros funcionarios públicos. En esa reunión, el consejero dio instrucciones para “revisar todos los expedientes pendientes de pago”, un trabajo que se desarrolló el fin de semana del 19 al 21 de noviembre de 2010, en el que Rivera ordenó que se revisase el expediente de Mercasevilla para mandarlo al juzgado, foliando la secretaria general técnica toda la documentación y siendo revisada en la viceconsejería antes de su remisión al juzgado. Dice la Guardia Civil que, según la manifestación de la ex asesora de Empleo María José Rofa, también imputada, “al juzgado no se envió ni mucho menos toda la documentación obrante en el expediente de Mercasevilla sino que se montó un expediente ex profeso”.

En el atestado, los agentes de la UCO concluyen en la participación “fundamental” del conseguidor de los ERE y ex sindicalista Juan Lanzas en los ERE de Mercasevilla de 2003 y 2007, y su “notoria influencia” en la dirección general de Trabajo, por cuanto Lanzas tuvo una “intermediación crucial” en los expedientes y “es la persona que tiene acceso directo a las autoridades laborales competentes y consigue la financiación de la Junta para que se puedan llevar a cabo los expedientes de regulación de empleo, financiación sin la cual dichos expedientes no hubiesen sido viables”. Por esa intermediación, prosiguen los agentes, Lanzas habría cobrado comisiones “sobredimensionadas en el ERE de 2003 y habría planteado cobrar otra importante cantidad en comisiones por su mediación en el ERE de 2007 a través de la sociedad Maginae Solutions”, administrada por su cuñado Ismael Sierra y que facturó a Mercasevilla por importe de 166.048,20 euros, cantidad que la Guardia Civil concluye fue una “comisión” que percibió Lanzas.

Lo mismo ocurre con otro “supuesto informe” que elaboró la empresa Hermes Consulting, algo que para los agentes de la UCO “podría haber sido un mero artilugio” para que el comercial de Vitalia Francisco González cobrase una comisión de 111.630,45 euros por su intermediación fundamentalmente con el comité de Empresa de Mercasevilla.