Afectados por el fin de la renta antigua piden 10 años de moratoria

Una moratoria para salvar al comercio tradicional y evitar decenas de miles de despidos. La plataforma andaluza No al cerrojazo, promovida por la Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos (UPTA), que engloba a los afectados por el fin de los contratos de renta antigua, alertó de la grave situación y el enorme perjuicio que se producirá a partir del 1 de enero de 2015 cuando expire la moratoria de 20 años otorgada por la ley de 1994 y todos los locales comerciales con contratos anteriores a 1985 tendrán que renegociar sus alquileres a precios actuales. La medida afecta a unos 30.000 establecimientos comerciales en Andalucía que emplean a alrededor de 90.000 personas. Según alertaron, la medida sólo promueve la especulación, condena al comercio tradicional a la desaparición y a decenas de miles de personas a la exclusión.

Los miembros de la plataforma nacida en Granada ofrecieron una rueda de prensa en la sede de UPTA en Sevilla, presidida por su secretaria general, Inés Mazuela, para proponer una serie de medidas para proteger al comercio frente a la nueva ley que califican de "injusta a todas luces". Lo primero que piden, como se hizo en 1994 por la crítica situación económica, es un régimen transitorio de estos contratos de arrendamiento de local de negocio consistente en una moratoria de 10 años en todos los casos, por lo que la extinción de los contratos sería a los 30 años de la entrada en vigor de la ley de 1994. Al comienzo de este régimen transitorio, y pensando en los propietarios, se procedería a una actualización de las rentas por la diferencia entre el incremento de los últimos 20 años del IPC de arrendamientos urbanos a 31 de diciembre de 2014 y el incremento del IPC general ya aplicado. Según apuntaron, la subida de los alquileres con esta fórmula sería del 30%. En adelante se utilizaría como índice corrector el IPC de arrendamientos urbanos anual.

Otro punto de controversia es la indemnización que los arrendadores deberían satisfacer en caso de no renovarse el contrato. Si el local permaneciera sin actividad hasta el 1 de enero de 2016 el arrendador no tendría que pagar nada al anterior inquilino. Si en los seis primeros meses el negocio que se instala es similar al precedente o si hasta el 31 de diciembre de 2015 el que se pusiera fuera idéntico, habría que satisfacer una indemnización de 18 mensualidades de la renta que el inquilino antiguo habría pagado. Lo que propone la plataforma es que la indemnización se produzca en todos los casos y sea de 18 mensualidades de la renta rechazada por el inquilino. El arrendador se vería obligado, del mismo modo, a presentar una oferta al arrendatario en los 30 días siguientes al fin de la moratoria.

Muy importante consideran también la creación de líneas oficiales de créditos para el traslado, reforma y adaptación de los locales para las empresas afectadas por la finalización de la moratoria, durante la prórroga de la misma, en atención a la situación de grave crisis económica asociada a los efectos del fin de la moratoria contemplada en la ley. Por último, piden la elaboración, en el plazo de 6 meses, de un plan de protección integral del patrimonio comercial histórico, proponiendo las medidas necesarias para preservar la identidad del paisaje comercial urbano de las ciudades.

El impulsor de la plataforma de afectados de Granada, Ángel Rodríguez, explicó la gravedad del asunto que puede llevar a miles de comercios al cierre: "Un propietario te puede poner en la calle sin darte una salida. Si el local permanece cerrado durante un año no hay que darle explicaciones a nadie. Eso es lo que queremos solventar y nacemos con un espíritu de acuerdo". Los afectados también alertaron de la destrucción del comercio tradicional y de que profesionales de mediana edad quedarán en la calle sin posibilidades: "Nos vamos a encontrar ciudades con una oferta estandarizada. Lo último que podemos permitir en este momento es echar a la calle a gente que sólo sabe de trabajo. Son historia viva de las ciudades".

María del Carmen Barrera, por parte de UGT; e Isabel Moya, de Facua, mostraron su apoyo a las medidas y a los afectados.