Casi 12.000 sevillanos siguen en las listas de espera para la Dependencia

Más de 57.700 sevillanos tienen una dependencia reconocida. En la provincia hay un total de 85.091 prestaciones concedidas, que pueden ser económicas, de residencia o de ayuda a domicilio, entre otras.

Por su parte, hay otros 11.892 que están pendientes de valoración para conseguir esas ayudas que necesitan para poder desarrollar sus actividades básicas del día a día. La mayoría, 6.009, la tienen aprobada y esperan la documentación que recoja los servicios y prestaciones concedidos. Los 5.883 restantes están pendientes de la resolución de grado que verifique sus necesidades.

Son las cifras de las listas de espera de la dependencia que, junto a las esperas quirúrgicas, se han convertido en un verdadero dolor de cabeza para todas las administraciones públicas.

Que la provincia de Sevilla no escapa a esa tendencia lo demuestran los datos. Mientras la Ley de Dependencia estipula un máximo de 180 días para resolver cada solicitud, la demora media en la comunidad andaluza se sitúa en los 609 días. La Junta lo achaca a su cambio de modelo que pretende agilizar los tiempos y a la infrafinanciación.

En cualquier caso, casi dos años de espera que hacen que muchos de los solicitantes fallezcan antes de recibir la ayuda, un dato en el que ayer se detuvo el secretario general de CCOO en Sevilla, Carlos Aristu, durante la presentación de un informe de elaboración propia sobre la Situación del Sistema de Autonomía y Atención a la Dependencia en Andalucía.

En concreto, según la información facilitada por el sindicato, “cada día son siete las personas que mueren” en la provincia esperando la resolución del grado de dependencia o la prestación correspondiente. “Es un sistema desastroso”, afirmó rotundo Aristu, quien señala como responsable directo al Gobierno andaluz por “no estar garantizando la atención a la que tienen derecho estas personas en los últimos años de su vida”.

En este sentido, aunque los datos incluidos y el periodo de tiempo analizado en el informe de CCOO y los oficiales aportados por la Administración andaluza a este periódico no coinciden con exactitud, sí son el reflejo de una situación que no es nada halagüeña. De este modo, si el sindicato apunta a un total de 12.392 sevillanos en lista de espera, con el corte de agosto de 2024, de los que 5.953 están pendientes de la resolución de grado y casi 6.500 están ya valorados y con el derecho a la prestación reconocido, pero que siguen sin recibirla; la Consejería, por su parte, baja esa cifra a un total de 11.892 personas en espera, con 5.883 pendientes de resolución de grado y 6.009 pendientes de PIA (Programa Individual de Atención). En este caso, con datos actualizados hasta el pasado 30 de septiembre.

En cualquier caso, para el sindicato, estas cifras son el reflejo de una “falta de inversión y contratación” por parte de la Junta. “Más allá de invertir y contratar más, lo que está haciendo es generar más burocracia para dificultar los trámites, introduciendo una digitalización en el sistema de solicitudes que impide a gente mayor o de entornos rurales completar las solicitudes”, incidió ayer Aristu.

Por otro lado, CCOO apunta que hay “en torno a 5.000 solicitudes sin registrar”, haciendo alusión a la “imposibilidad de resolver trámites burocráticos engorrosos”, así como una carencia de “1.740 plazas públicas en residencias y centros de día”.

“La Junta quiere convertir la dependencia en un sistema para quien se lo pueda permitir”, sentenciaba Aristu, antes de llamar a la participación en la movilización convocada el próximo sábado ante la sede de la delegación del Gobierno de la Junta en Sevilla “para reclamar un servicio de dependencia de calidad y un empleo en condiciones dignas”.

La mitad de personas en espera

La Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, por su parte, defiende el “progreso” de unas cifras que antaño llegaron a “extremos brutales”. “¿Dónde estaban esas voces cuando era realmente un desastre?”, se preguntaba ayer la consejera Loles López, en alusión a la gestión en las etapas socialista en el Gobierno andaluz.

Sobre las concentraciones convocadas, la titular de Inclusión Social dijo aceptar las “críticas” en torno al sistema de la Dependencia, pero señaló que “les faltan argumentos cuando no se conoce lo mucho que se ha hecho o no se reconoce lo mucho que se ha hecho”.

Así todo, una evolución anual desde el 31 de diciembre de 2018 al pasado 30 de septiembre da nota de ese avance defendido por la consejera. En una gráfica comparativa facilitada a este medio, la Consejería recoge cómo el número de personas pendientes de ser beneficiarios de la Ley de Dependencia prácticamente se ha reducido a la mitad.

Así, según esta documentación oficial, a cierre del 2018 eran 22.443 los sevillanos pendientes de valoración para conseguir las prestaciones. A día de hoy, esa cifra se sitúa en las referidas 11.892.

Las mismas fuentes indican que el número de personas atendidas en Dependencia se ha incrementado en el mismo periodo de tiempo un 29% respecto a seis años antes, siendo en la actualidad 13.100 personas beneficiarias más.

Por otro lado, la Consejería defiende que las prestaciones también se han incrementado un 44% desde 2018, con 25.866 prestaciones más. Asimismo, argumentan que desde 2019 a 2023 se han incorporado 4.553 nuevas plazas para la atención de las personas en situación de dependencia de Andalucía, de las que 820 plazas se corresponden con la provincia de Sevilla y que la Agencia de Servicios Sociales y Dependencia de Andalucía (ASSDA) ha abonado 237,8 millones de euros para la financiación de los servicios y prestaciones en materia de dependencia hasta el pasado septiembre en la provincia.