Las tensiones entre médicos y asegurados podrían provocar un aumento del precio de las pólizas

En Sevilla, el 25,7% de la población tiene un seguro de salud privado. Un porcentaje que incluye tanto a las familias que pagan de su bolsillo la póliza privada, como a los empleados de empresas que ofrecen el seguro médico como un beneficio a su personal, como a los distintos funcionarios de la administración civil del Estado o de los cuerpos militares, beneficiarios de las mutualidades Muface, Mugeju e Isfas. En este caso, se trata de un concierto por el que algunas entidades aseguradoras privadas prestan asistencia sanitaria a los mutualistas que así lo deciden.

Sevilla representa el principal mercado de clientes de seguros de salud de Andalucía, con más de 545.000 asegurados a cierre del 2022, según datos de ICEA, la entidad que proporciona datos estadísticos sobre el sector asegurador en España. Según esta misma fuente, es sin embargo la provincia de Málaga la que aporta un mayor volumen de primas de facturación a las aseguradoras, con 384 millones de euros al año, frente a los 374 de Sevilla. Esta diferencia es debida, probablemente, al hecho de que en Málaga se comercializan más seguros de reembolso de gastos, una modalidad más cara contratada habitualmente por extranjeros residentes.

Según los datos de la Unión Española de Entidades Aseguradoras y Reaseguradoras (Unespa), en Sevilla, el número de personas con una póliza de seguro de salud privado ha aumentado cerca de un 30% en los últimos diez años pasando de 361.491 a 545.000 asegurados.

En este mercado sevillano, tres compañías (Adeslas, Asisa y Sanitas) encabezan el ranking, sumando el 75% del mercado, más de 281 millones de euros anuales de facturación, mientras que el 25% restante se lo reparten entre más de 20 compañías.

La pandemia ha convertido a la salud en una de las principales preocupaciones de los españoles, solo detrás de los problemas relacionados con el mercado laboral y la economía según el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS). La ciudadanía demanda un sistema sanitario sólido y con recursos, en el que la sanidad privada desempeña un importante papel como complemento del sistema público por su aporte a la mejora de la accesibilidad, la calidad, el desarrollo tecnológico o la sostenibilidad del sistema global de salud.

Sin embargo, las compañías aseguradoras afrontan tensiones que complican que puedan cumplir con su principal objetivo, ofrecer un buen servicio, y se quejan de que su margen anual oscila entre el 3% y el 6%, lo que provoca que cualquier incremento de precios en los servicios que financian haga peligrar su rentabilidad.

Según fuentes del sector y los datos publicados en fuentes oficiales, las compañías aseguradoras destinan más del 80% de las primas que ingresan de sus clientes al pago de las prestaciones asistenciales de los profesionales sanitarios y centros médicos, lo que supone que de esos 374 millones anuales que el sector recauda en Sevilla, casi 300 millones los acaban recibiendo los más de 1.000 médicos, clínicas y hospitales que forman parte de los cuadros médicos de la provincia.

Las compañías aseguradoras han ido actualizando estos baremos periódicamente, en contra de lo que afirman algunos profesionales sanitarios. Además, desde el pasado enero, la mayoría de las aseguradoras han hecho el esfuerzo de aplicar una subida de los baremos médicos (en alguna compañía, con incrementos del 14% al 20% para las primeras visitas, el acto más sensible para los facultativos), lo que supone un esfuerzo adicional en una partida, la de prestaciones sanitarias, que ya consume un gran porcentaje de la facturación de las compañías. A esta circunstancia, hay que añadir el fenómeno de incremento de la frecuentación (el uso de las pólizas) por parte de los clientes que se ha producido desde el Covid y que alguna compañía cifra en un impacto de un aumento de más de un 11% en el pasado ejercicio en los costes pagados a médicos y hospitales, además del impacto de nuevas tecnologías y tratamientos innovadores, que se incorporan a las coberturas cada año.

Las aseguradoras consideran que el boicot iniciado por algunos médicos en la provincia de Sevilla, curiosamente contra algunas de las compañías más pequeñas, es fruto de la falta de información sobre la realidad del sector, y advierten de que los aumentos que solicitan, instigados por algunas asociaciones, “son disparatados y fuera de la realidad” y consideran que provocarían un aumento de los precios de las pólizas que alejaría a miles de asegurados del seguro médico, por lo que todo el sector se vería afectado.

“Una reducción en el número de asegurados tendría como consecuencia, a su vez, una disminución de la actividad que desarrollan los médicos por lo que, aunque aumentara el valor del baremo, se reducirían las retribuciones al caer el resto de los factores que intervienen en la actividad”, advierten desde una de las compañías consultadas.

Por último, esta tensión inflaccionaria obligaría a compañías a replantearse la participación en MUFACE (Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado de España), un modelo ya de por sí deficitario para las tres aseguradoras que prestan el servicio que les ha reportado unas pérdidas de 340 millones de euros en los últimos dos años, así como otros servicios que se ofrecen.