Nueva ley del aborto: las menores a partir de 16 años podrán interrumpir el embarazo sin autorización
Las novedades avanzadas en en el nuevo texto regularán también la gestación subrogada y la posibilidad de llevar a cabo este proceso en hospitales públicos
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Desde hace más de una década el aborto es un derecho reconocido y legal en nuestro país. Pese a ser una de las leyes más amplias y progresistas del mundo, algunos factores en su acceso seguían siendo reclamados por la sociedad. En este sentido, la Minisitra de Igualdad, Irene Montero, desgranó algunos de los avances que se llevarían a cabo en una reforma ya prevista de la misma y que ahora se han confirmado. Entre ellos, las jóvenes a partir de los 16 años podrán abortar sin permiso de sus padres, según el borrador que maneja el Gobierno y que el Ministerio de Igualdad confirma que el próximo martes irá al Consejo de Ministros.
La nueva ley mantendrá los plazos actuales, de aborto libreabortolibre hasta la semana 14 de gestación. A partir de ahí y hasta la semana 21, podrá realizarse lo que se conoce como un aborto terapéutico, es decir, si existe un grave riesgo para la vida o salud de la embarazada, existen anomalías graves en el feto o existe presencia de anomalías fetales incompatibles con la vida, o cuando se detecte en el feto una enfermedad extremadamente grave e incurable en el momento del diagnóstico.
Esto apartado de supuesto también estaba presente en la normativa anteriro, pero el borrador que cita la emisora cadena SER contiene un apartado especial que deroga la actual norma de 2010. Una ley que fue recurrida por el PP y que aún se encuentra a la espera de resolución en el Tribunal Constitucional.
Hospitales públicos
Asimismo, uno de los más relevantes, y que supondrá una gran revolución en estos términos, es la posibilidad de llevar a cabo este proceso en todos los hospitales públicos. Hasta ahora, más del 85% se realiza en centros concertados o privados, financiados con dinero público. Interrumpir voluntariamente el embarazo va a estar garantizado en todos los hospitales públicos”, dijo entonces Montero. Y así queda recogido en el borrador.
El principal motivo por el que no se realizaban interrupciones del embarazo en hospitales está relacionado con la negativa de los médicos a realizar abortos, ateniédnose a la objeción de conciencia, lo que acaba por convertir este derecho "individual" en "colectivo".
Para compatibilizar este nuevo derecho de las mujeres con el de la elección profesional de los médicos, en el texto se referencia una regulación ya en vigor del derecho a la objeción de conciencia: la Ley de Eutanasia. la Ley de Eutanasia.Es decir, según esa reciente normativa, un registro ''que permita identificar necesidades en cada área sanitaria, de modo que se pueda garantizar el derecho en todos los casos'', según avanza la Cadena SER.
OTRAS MEDIDAS
Entre otras medidas recogidas en el borrador, también se ha tratado el tema de la gestación subrogada. Hasta la fecha, la Ley española no aceptaba la gestación subrogada y consideraba que la mujer que tiene un hijo era, de forma legal,la madre del bebé.
Pues bien, esta nueva ley regulará la gestación subrogada, permitiendo a los tribunales españoles perseguir a las parejas que recurran al extranjero para seguir el proceso. Los anticonceptivos hormonales y la píldora del día después estarán financiados públicamente, según el texto, y habrá distribución gratuita de estos métodos anticonceptivos en institutos en el marco de campañas de educación sexual.
Además, entre otros detalles menores, indica que aquellas que sufran una regla dolorosa podrán pedir bajas de tres días. También se cita la obligación de los centros educativos de garantizar los productos necesarios para la regla, acceso gratuito a esos productos para las mujeres en riesgo de exclusión y también las que se encuentren en prisión, la eliminación del IVA para los artículos específicos de la higiene femenina.
Por tanto, se trata de una norma mucho más ambiciosa y completa que la de plazos de 2010, aprobada durante el mandato de Zapatero, y que entrará en vigor, se prevé, a principios de 2023.
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