La industria farmacéutica pide paso para la recuperación

El reconocimiento más o menos sólido a la labor de los profesionales sanitarios y el peso que tiene la industria del sector farmacéutico en el binomio salud-economía son dos de las percepciones generalizadas que el poso de la pandemia va solidificando. “Hemos experimentado hasta qué punto la salud está en la base que sostiene nuestra sociedad, y hemos visto también que solo la ciencia y la investigación, y el medicamento que surge de ella, pueden devolvernos a la normalidad. Por tanto, la inversión en salud y en investigación de medicamentos es clave para el futuro de toda sociedad moderna”. Así se expresaba el pasado miércoles el presidente de Farmaindustria, Juan López-Belmonte, durante un encuentro con medios de comunicación.

En su opinión, España tiene una oportunidad para favorecer un modelo productivo basado en la innovación y el conocimiento. Entre las virtudes, López Belmonte esgrime el liderazgo español en el desarrollo de ensayos clínicos: “tenemos la oportunidad de convertirnos en un gran polo de atracción de inversión internacional en investigación de medicamentos y terapias avanzadas potenciando la capacidad del Sistema Nacional de Salud”.

Por otro lado, la dependencia de materias primas o productos de otros mercados, especialmente indio y asiático, han despertado cierto recelo por recuperar parte de la producción de algunos de esos medicamentos esenciales o estratégicos. Actualmente hay en España 82 plantas de producción de medicamentos. En el horizonte inmediato, dos herramientas estratégicas que pueden ir en esa dirección. Una es el proyecto MedEst (Medicamentos Esenciales y Capacidades Industriales Estratégicas) en el que participan 40 compañías tractoras fabricantes de medicamentos y materias primas farmacéuticas y que supondría una inversión de 1.700 millones de euros si la Administración accede a incorporarlo a uno de los Proyectos Estratégicos para la Recuperación y Transformación Económica (Perte). El otro es el Plan Estratégico de la Industria Farmacéutica que el gobierno ha anunciado. Estos impulsos redundarían también en el acceso a las nuevas terapias.

En este sentido, López-Belmonte destacó que España ha ido perdiendo terreno respecto a los países de referencia en tiempo y disponibilidad con los nuevos medicamentos autorizados por la Agencia Europea de Medicamentos y Productos Sanitarios- “Esto supone una pérdida de oportunidad para los pacientes españoles, pero también un desincentivo para las compañías”.

Según algunos datos aportados por Isabel Pineros, directora del Departamento de Acceso de Farmaindustria, España a diciembre de 2020 había tenía acceso a 82 de los 152 medicamentos que las autoridades europeas habían aprobado para su uso, unas cifras muy cercanas a países como Noruega, Grecia o Portugal; pero lejos de Francia (96), Italia (114), Dinamarca (131) o Alemania, que lidera la lista con 133 medicamentos aprtobados. Por tanto, la situación de España en el acceso es mejorable, aunque supera la media europea cifrada en 72.

Por eso, Pineros aboga por “asegurar que todos los pacientes puedan acceder rápidamente a los mejores tratamientos farmacéuticos disponibles y que el sistema sanitario pueda financiarlos y para ello hay que reducir al mínimo las barreras administrativas, logísticas o financieras”.

El precio es el condicionante mayor para poder aprobar los medicamentos y su cobertura dentro del sistema sanitario público. En España la decisión de la financiación y la fijación del precio se toma en el seno de la Comisión Interministerial de Precios de Medicamentos, que fija un precio industrial máximo para cada medicamento. En ella participan representantes de la Secretaría de Estado, de los Ministerios de Economía, Hacienda e Industria, así como representantes de las Comunidades Autónomas, una persona de la Subdirección General de Farmacia y un funcionario de Sanidad.