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La OMS subraya la necesidad de blindar la salud en todas las políticas

Día Mundial de la Salud 2024

Además de la prevención y el acceso a los servicios, la sanidad también depende de aspectos relacionados con los impuestos, el medio ambiente, el transporte o el trabajo

La ampliación de los carriles para bicicletas y la peatonalización del espacio público son debates urbanísticos con clara vinculación sanitaria. / José Ángel García

Aunque hubo cimientos previos en normativas de principios del siglo pasado, las instituciones sanitarias tal y como hoy las conocemos tienen su origen en la Ley General de Sanidad, del 25 de abril de 1986, y la consiguiente creación de Consejerías de Sanidad y de un Ministerio de Sanidad. Eran los mimbres tejidos con la Constitución del 1978 y establecía el derecho de todos los ciudadanos a la protección de la salud y daban las competencias necesarias a las comunidades autónomas. De ahí se ha ido construyendo una equidad, unos derechos y unas, por lo general, desconocidas obligaciones, que si bien no son el maná de la protección de la salud, conforman el sistema actual español. Ese que para muchos expertos es de los mejores del mundo y cuya demanda es tan infinita como las frágiles costuras de su sostenibilidad; que por amenazas liberalizadoras o por la escasa conciencia de gozar de una conquista social de este calibre, se entona a veces de un futuro incierto.

El pasado día 7 de abril, con motivo del Día Mundial de la Salud, la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha dedicado esta efemérides global al lema ‘Mi salud, mi derecho’. Si bien la campaña pretende reivindicar el derecho a la asistencia sanitaria en aquellos países que ni siquiera lo recogen como tal en sus legislaciones, también la OMS quiere subrayar que "todas las leyes son importantes" y que "todos los ministerios tienen la obligación y la responsabilidad de legislar en una amplia gama de sectores para satisfacer el derecho a la salud".

Hace una década, el IV Plan Andaluz de Salud empezó a poner el foco en los ‘activos en salud’

Esta clave lleva tiempo impregnando las estrategias sanitarias que definen como una premisa que la salud debe estar en todas las políticas, recordando que los factores de impacto en Salud son innumerables, pero medibles y, por tanto, gestionables. Del mismo modo, se conoce a los ‘activos en salud’ como todos aquellos elementos no esencialmente asistenciales que deben tenerse en cuenta como vectores de influencia en el bienestar de la gente. Así lo reconoció en su momento el IV Plan Andaluz de Salud y así se ha ido extendiendo aunque sin mayor seguimiento. Este plan fue diseñado hace ahora una década y no ha tenido continuidad como tal.

Para extender esa perspectiva de extender lo sanitario en todas las políticas, la OMS cita varios ejemplos, como lo relativo a asuntos de Hacienda, con la necesidad de seguir imponiendo impuestos al tabaco, los productos con azúcar y las bebidas alcohólicas. Precisamente Sanidad acaba de cerrar su nueva estrategia antitabaco que podría ampliar los espacios sin humos o subir impuestos a medio plazo, pero no ha sido determinante en ninguno de esos aspectos. Tampoco lo hizo Consumo en la legislatura anterior con las bebidas azucaradas, un ámbito en el que solo Cataluña estableció un tributo propio para la Generalidad.

Temas transversales

Impuestos al tabaco, carriles-bici o planes energéticos escapan a la política sanitaria

Otros escenarios clave para la OMS es el de la agricultura y ganadería: imponiendo la eliminación de las grasas trans, reduciendo el uso de antimicrobianos en el sistema agroalimentario en un 30% a un 50% de aquí a 2030 y prohibiendo el uso de antibióticos para el engorde de animales. En este ámbito sí se han dado pasos. España aprobó en 2022 el Real Decreto 992/2022, de 29 de noviembre, por el que se estableció el marco de actuación para un uso sostenible de antibióticos en especies de interés ganadero.

La relación entre la salud y las políticas medioambientales son evidentes. La OMS anima en su campaña de este año a retirar las subvenciones a los combustibles fósiles y promocionando en su lugar los combustibles y las energías no contaminantes, como la solar, la hidráulica y la eólica.

Respecto al transporte, alude a la necesidad de continuar “ampliando los carriles para bicicletas y la peatonalización del espacio público”; y señala otros ámbitos de actuación, como el laboral, donde anima a proteger los derechos de los trabajadores asegurándose de que los entornos de trabajo no sean discriminatorios.

Primaria como base del sistema

Entre los consejos que la Organización Mundial de la Salud ha querido lanzar para las administraciones públicas, con motivo del Día Mundial de la Salud también destacan algunas reflexiones estratégicas para los decisores de las políticas sanitarias. “Actúen con mentalidad estratégica y construyan desde la base: reorienten los sistemas de salud en torno a la Atención Primaria”. Es éste un caballo de batalla constante para los responsable de Salud y, de hecho, la Consejera Catalina García, recordaba recientemente en sede parlamentaria que Andalucía ha destinado este año 77 millones de euros que serán invertidos en licitaciones de proyectos o de obras, inicio y avance de obras, rehabilitaciones o ampliaciones en 55 centros de salud o consultorios locales. Globalmente, un 36% del presupuesto sanitario público de 2024 está destinado a la Atención Primaria, casi 5.000 millones de euros, 23 millones más que en 2023. Y, pese a todo, la percepción social sobre su funcionamiento no parece mejorar.

Estrategias para la participación

La Organización Mundial de la Salud también considera esencial mejorar la participación de la población en las decisiones: “fomenten la participación social incluyendo a las personas y los colectivos y dándoles voz a la hora de tomar decisiones que afectan a su salud”, afirman en su comunicado por el Día Mundial. Y explicita el papel que pueden desempeñar “ayuntamiento, asambleas ciudadanas, consultas, comités de asesoramiento y representación, grupos de trabajo o juntas supervisoras”. Esta sigue siendo una asignatura pendiente para todas las Comunidades Autónomas que, si bien suelen contar con algunas iniciativas que hacen más permeables la gestión, no se han desarrollado “estrategias explícitas para abordar los desequilibrios de poder, valorar las pruebas basadas en la experiencia”.

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