Béticos contra el pacto
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'Por Nuestro Betis' y 'Béticos por el Villamarín' emiten un comunicado que arremete contra el consejo por el acuerdo con Oliver
El club sigue sin aclarar los puntos oscuros del mismo
Sevilla/Numerosos oscuros rodean el acuerdo firmado en la noche del viernes entre el Betis -representado por Ángel Haro, José Miguel López Catalán y Adolfo Cuéllar- y Luis Oliver. El escueto comunicado de la entidad verdiblanca apenas transmitía el final del asunto, ese mantenimiento del actual status quo en el gobierno del club, pero dejaba sin aclarar todas las concesiones -económicas ahora y en el futuro, penales y de mando- realizadas al empresario navarro y su grupo. Esto ha provocado que numerosos béticos hayan mostrado su disconformidad con el proceder de la entidad y este domingo tanto Por Nuestro Betis como Béticos del Villamarín aunaron sus reflexiones en un duro comunicado con el que arremetieron contra el consejo por su proceder e incluso tacharon de "indigno" ese pacto.
Así, ambas asociaciones, que apoyaron al consejo en la última Junta, tienen "el posicionamiento conjunto de absoluto rechazo al presunto acuerdo alcanzado". "Para ambas asociaciones el acuerdo es indigno con el Betis, inviable, judicializa más la situación, favorece a los presuntos delincuentes, y aleja el objetivo primigenio e irrenunciable de los demandantes del Betis de los béticos, al garantizar un precio elevadísimo por las acciones, lo cual sólo podría favorecer a algunos. Es más, el uso de fondos de la sociedad destinados a una opción de compra de un paquete accionarial litigioso, se puede entender como un exceso de mandato de este consejo. Quien quiera tener la oportunidad de obtener dicho paquete litigioso, corriendo el riesgo de las posibles consecuencias de las resoluciones judiciales que se dicten en los procedimientos existentes entre las empresas del señor Oliver y el señor Lopera, que utilice sus fondos propios, si así les interesare, y no los fondos del Betis", expresó el comunicado, que también informaron de su oposición al acuerdo desde un primer momento: "Los miembros del actual consejo, además, eran conocedores de la oposición de nuestras asociaciones a este acuerdo que proponía, y por numerosos motivos, entre ellos su más que probable inviabilidad dadas las complejidades contractuales y judiciales que afectan al contrato entre Farusa y Bitton del año 2010 y de las que fueron advertidos, así como, por las consecuencias negativas que este acuerdo pudiera suponer para con los pleitos judiciales que estas asociaciones emprendieron hace más de diez años".
"Los argumentos cansinos de la DES-JUDICIALIZACIÓN del Betis, o el de la PAZ SOCIAL, para buscar salidas como este mal acuerdo, choca contra lo que es claro y notorio, y es que la judicialización afecta a aquellos que cometieron presuntos ilícitos punibles", continuó el comunicado, que acusó directamente al actual consejo de querer perpetuarse: "Dado que de estas actuaciones se podría colegir que lo que pretende la cúpula de la actual consejo de administración del Betis es perdurar en el mismo al menos otros cinco años, plazo en el que al parecer estarían en suspenso ciertos derechos políticos de las acciones de Bitton Sport compradas por el Betis, exigimos total transparencia en lo acordado entre este consejo y los representantes de Bitton a la hora de formación de consejos, distribución de cargos, acuerdos de votación...".
Además, las asociaciones recuerdan que "la titularidad de las acciones es actualmente objeto de litigio entre Farusa y Bitton, por lo que sin una resolución judicial a propósito, esta decisión del consejo podría parecer, como poco, arbitraria", a la vez que resaltan que "el desembolso y suscripción inicial de gran parte de esas acciones están pendientes de una inminente resolución judicial".
Una decisión de la Audiencia que pierde trascendencia inmediata
Desde mediados de enero se esperaba la llegada del 20 de marzo, tras conocerse que para este día quedó fijada la deliberación de la Audiencia Provincial de Sevilla sobre el recurso presentado por los abogados de Manuel Ruiz de Lopera contra las medidas cautelares dictadas por el juez Francisco Javier Carretero sobre el 31,38% de las acciones de Farusa, decretado el 24 de julio de 2015 y que continúa vigente. Este asunto ha perdido trascendencia inmediata desde el pasado viernes, después de que el club inscribiera en el Registro de accionistas a Bitton Sport como dueño de ese paquete y firmase un acuerdo por el que Luis Oliver y su grupo ceden los derechos políticos del mismo durante los próximos cinco años, por lo que el levantamiento de esas medidas cautelares -la decisión de la Audiencia debería conocerse en unas dos semanas como máximo- no alteraría el órgano de gobierno de la entidad. Mayor repercusión sí tendrá la sentencia del juez Carretero sobre la titularidad de esas acciones y que también se aguarda de manera inminente, después de que quedase visto para sentencia el pasado mes de diciembre pese a que el juicio se celebró en el mes de marzo de 2015.
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