“El ambiente de la República con el Frente Popular era irrespirable”

José Antonio Parejo Fernández (Sanlúcar de Barrameda, 1976) es la prueba fehaciente de que todavía existe la censura, pero no ejercida por los tristes burócratas del franquismo, sino por algunos representantes de la llamada memoria histórica. Al que es hoy profesor titular de Historia Contemporánea, el Aula de la Recuperación de la Memoria Histórica de Sevilla, que dependía del Ayuntamiento, intentó obligarle a suprimir algunos pasajes de su libro ‘Señoritos, jornaleros y falangistas’, a lo que el entonces joven investigador se negó en redondo. Con las tesis de José Antonio Parejo se podrá estar o no de acuerdo, pero todas sus conclusiones están basadas en documentos consultados en los archivos, no en prejuicios ideológicos o en modas intelectuales. Autor ya de una amplia obra historiográfica, acaba de llegar a las librerías el volumen colectivo ‘Vidas truncadas: Historias de violencia en la España de 1936’ (Galaxia Gutenberg), coordinado por Fernando del Rey (Premio Nacional de Historia en 2020) y Manuel Álvarez Tardío, y en el que José Antonio Parejo analiza en un capítulo las peripecias del militante socialista Agapito García Atadell, un ejemplo de verdugo-víctima que acabó fusilado por las tropas de Franco.

–Me han comentado que es usted discípulo de Alfonso Lazo y de José Manuel Macarro. Buenos maestros.

–Es imposible resumir en unas palabras los más de veinte años de charla, estudio y amistad con Lazo y Macarro. Si tuviera que quedarme con una característica de Macarro sería su heterodoxia: ese espíritu crítico y analítico, profundamente independiente, con el que siempre se acerca al análisis del pasado y el presente. Y la valentía de decir lo que hay que decir en cada momento, sin medir las posibles críticas o condenas que dichos análisis puedan deparar. Alfonso Lazo es para mí una referencia desde todos los puntos de vista. De él destaco la tranquilidad con la que aborda la historia, su falta de sectarismo. No quiere modelar a sus alumnos, sino enseñarles a pensar por sí mismos.

–Hay algo que habla de la generosidad e independencia de Alfonso Lazo. Pese a que su padre fue asesinado por los milicianos en el Madrid de los primeros días de la Guerra Civil, él fue durante muchos años un político socialista. Vamos a hablar del espinoso asunto de las víctimas. ¿Podemos dar ya un número de muertos de la contienda?

–Desde la publicación, en 1999, del libro Víctimas de la Guerra Civil, de Santos Juliá, se han hecho muchos estudios locales y provinciales al amparo de lo que se ha denominado la “memoria histórica”, concepto con el que no estoy en absoluto de acuerdo. Muchos de estos trabajos se elaboraron con una metodología muy deficiente que habrá que revisar, sobre todo porque han sido realizados por aficionados y paracaidistas, gentes con grandes carencias desde el punto de vista metodológico.

–¿Pero hay una cifra aproximada?

–Enrique Moradiellos, el historiador más honesto que se ha ocupado de esto, Premio Nacional hace unos años y autor de una Historia mínima de la Guerra Civil Española, hace este balance. El volumen global de víctimas oscila entre un mínimo de 651.000 y un máximo de 735.000: entre 150.000 y 200.000 muertos en acciones directas de guerra (batallas, bombardeos), 155.000 por la represión en ambas retaguardias y entre 346.000 y 380.000 por enfermedades, hambrunas o privaciones inducidas por la contienda. Es decir, entre el 2,63% y el 2,97% de los casi 25 millones de personas registradas en España en 1936.

–¿Fue el conflicto más destructivo de la historia de España?

–Mucho más destructiva que la Guerra Civil fue la Guerra de la Independencia, pese a que se hizo en el siglo XIX con unas armas menos letales. Ciudades como San Sebastián fueron conquistadas y reconquistadas hasta seis veces. Las fuerzas británicas arrasaron España, con casos dantescos como la provincia de Jaén. No sólo destruyeron edificios, sino las bases económicas del territorio, arrasando los olivares, etcétera. La intención era que España no se recuperase tras el conflicto. En Sanlúcar de Barrameda volaron el castillo del Espíritu Santo, que se ubicaba en la bocana del río para controlar su tráfico.

–Y eso que eran aliados... Volvamos a la Guerra Civil. Muchas veces olvidamos que esas miles de víctimas eran personas de carne y hueso, con rostro.

–Cierto, como dice Timothy Snyder en el epílogo de su libro Tierras de sangre, titulado Humanidad, todas las víctimas tuvieron nombre y apellidos, rostro, alma… Si las reducimos a un número les estamos arrebatando por segunda vez lo que ya le quitaron con la muerte. Cuando trabajas con los expedientes sobre las víctimas te das cuenta de que son documentos que chorrean sangre.

–Después está el problema de que algunas víctimas también fueron verdugos.

–El caso que yo estudio en el libro colectivo Vidas truncadas. Historias de violencia en la España de 1936, el de Agapito García Atadell, nos muestra a un radical de izquierdas que estaba afiliado al PSOE, aunque fundamentalmente era un comunista. Se convirtió en un criminal de guerra, pero al mismo tiempo ayudó a algunas personas de su pueblo del bando contrario. Cuando lo iban a fusilar los nacionales en Sevilla abjuró de su pensamiento y abrazó la fe católica. Aun así lo fusilaron.

–Antes ha adelantado una crítica a la memoria histórica.

–El problema es la instrumentalización política de la misma que se ha hecho en los últimos veinte años, por mucho que la nieguen. Esto ha desembocado en la famosa Ley de Memoria Histórica, que ahora va a ser de nuevo ampliada. Van camino de decirnos a los historiadores qué podemos y qué no investigar. Hay formaciones políticas que anclan su identidad en la instrumentalización del drama. Hace ya casi cien años de la Guerra Civil y lo del dolor de los nietos a veces parece algo impostado.

–Lo cierto es que se dieron historias muy duras, miles de relatos que superan cualquier ficción.

–Por ejemplo, en un pueblo de Jaén, Cazalilla, el abuelo del que fue un conocido líder del PSOE andaluz hace unos años era el presidente del tribunal popular. Detuvieron a quince personas y las condenaron a muerte, entre ellas a sus futuros yerno y consuegro. Él consiguió librarlos, pero como los anarquistas exigían que tenían que ser quince los fusilados, cogieron a dos que iban por la calle y los llevaron al paredón. Cuando llegaron las tropas de Franco, este hombre fue juzgado sumarísimamente y fusilado. En una Guerra Civil, ¿dónde hacemos la raya entre los buenos y los malos?

–¿Y la gente normal cómo se comportaba ante la barbarie?

–Una de las cuestiones que más le cuesta comprender a mis alumnos, cuando les explico el funcionamiento de las dictaduras estalinista y nacionalsocialista, son los apoyos voluntarios de la gente corriente. No hablamos de una ni dos, sino de decenas y decenas de miles de personas haciendo cosas que nunca tuvieron que hacer. Esa villanía moral se sigue manifestando en nuestros días y la hemos visto con el estado de alarma, cuando la población se ha vuelto a enfrentar a una situación muy dura. Se están dando casos de gente que delata a sus vecinos.

–Ahora hay personas que defienden que la última II República, la del Frente Popular, no fue tan conflictiva y violenta como se ha dicho.

–Si analizamos todo lo que se ha publicado sobre la II República, veremos que hay un volumen de trabajos inabarcable hasta febrero de 1936, cuando el Frente Popular ganó las elecciones, pero a partir de ahí baja la intensidad... Curiosamente, el periodo más trascendental es el que cuenta con menos estudios. Aún queda mucha tela que cortar, porque los investigadores echan el freno.

–¿Y cómo valora usted la II República?

–Yo pienso que hubo dos repúblicas: la del 14 de abril de 1931 y la del 16 de febrero de 1936. En esta segunda fecha se produce una cesura, porque gana las elecciones una coalición electoral, el Frente Popular, que tiene una visión muy excluyente y patrimonialista de la política. Cuando uno va a los archivos y estudia la documentación ve que hay muchos alcaldes que están haciendo cosas para las que no tienen ninguna facultad, cargos políticos que están desbordando la legislación. El ambiente era irrespirable para una persona que creyese en la libertad, la democracia y el ordenamiento jurídico. Los radicales no eran la mayoría, pero poco a poco fueron triunfando. Esto se ve claramente cuando la autoridad no le presta auxilio a una viuda desprotegida a la que le ocupan la casa o se niega a enviar a la Policía contra una banda de radicales que va a quemar una iglesia. Todo lo que digo está perfectamente estudiado por los profesores Manuel Álvarez Tardío y Roberto Villa García.

–Pero los enemigos del Gobierno también actuarían, ¿no?

–Cuando hemos ido a los archivos nos hemos encontrado con que a partir del triunfo del Frente Popular, y paradójicamente tras unas elecciones en las que Falange había salido mal parada, se produjo una afiliación masiva a este partido, incluso cuando ya había sido ilegalizado, lo que desde luego contribuirá al enrarecimiento de la situación y a la degradación de la convivencia. Hay que tener en cuenta que, en Europa, en estos años, hay mucha gente que piensa que para volver a la normalidad hay que adentrarse por los terrenos de la violencia política. Hay historiadores a los que esto que le estoy contando no les gusta nada, entre otras cosas porque la gente que estaba entrando en Falange Española era de una profunda extracción popular, con una gran afiliación de jornaleros.

–Una Falange jornalera...

–Más bien interclasista. Al principio había historiadores que se negaban a verlo, pero ahora que las evidencias documentales son incuestionables han empezado las interpretaciones, que si entraron para protegerse, que si fue para escapar del paredón... Sin embargo, vemos que muchos de estos afiliados de extracción popular se metían en primera línea voluntariamente.

–¿Cómo se explica este fenómeno?

–Hay que tener en cuenta cuestiones como las peleas para el dominio de las bolsas de trabajo que se produjeron en la II República o la ley de términos municipales. Muchos trabajadores quedaron fuera de un mercado laboral dominado por los sindicatos y los alcaldes de izquierda. Estaban condenados a la pobreza y, cuando las circunstancias se fueron enrareciendo, empezaron a afiliarse a Falange. Además, lo explican. No saben escribir, pero dictan y firman con el dedo. Tenemos un montón de testimonios que avalan lo que estoy diciendo. Cuando la política abraza el drama siempre hay consecuencias.

–Da la sensación de que entonces, tanto en la derecha como en la izquierda, existían muy pocos demócratas de verdad.

–Muy pocos. Algunos nos reprochan que cuando decimos estas cosas estamos haciendo trampa, porque aplicamos un concepto de democracia liberal que es de la actualidad, no de los años treinta. Eso es falso, porque el concepto de democracia liberal, que había empezado a forjarse a finales del siglo XVIII, era muy antiguo ya en estos años. Cuando Largo Caballero habla de democracia, habla de una dictadura del proletariado que, al final, es una dictadura de partido. El problema de la II República es que había mucha gente a la que no les gustaba la competencia política. De hecho, por definición, los partidos revolucionarios querían acabar con ésta.

–Estudios muy recientes ponen en duda la limpieza de las elecciones en las que ganó el Frente Popular.

–Se refiere usted al libro de Manuel Álvarez Tardío y Roberto Villa García, 1936. Fraude y violencia en las elecciones del Frente Popular (Espasa), que ha tenido un impacto enorme y que una parte de la historiografía lo ha acogido con especial rechazo. Para escribir ese libro hay que conocer perfectamente la legislación electoral de aquellos años, tener un IBM en la cabeza, y eso es precisamente lo que tiene el profesor Villa García.

–¿Y por qué ha generado rechazo en algunos historiadores?

–Porque muchos de ellos no supieron extraer de los documentos lo que sí extrajeron Álvarez Tardío y Villa García. No quiero pensar que esta animadversión se deba a que ocultaron lo que vieron. Hacer historia electoral no consiste en irte a los archivos de la Diputación a copiar los datos de unas elecciones, sino consultar mucha documentación y casarla. Una cosa es evidente, la presión del Frente Popular empezó en el momento en que se cerraron los colegios electorales. Nadie nos había contado que hubo organizaciones de izquierdas que asaltaron los colegios electorales, falló la custodia de la documentación... Empezaron a proclamar la victoria cuando aún no se habían contabilizado los votos. Es un libro que merece la pena leer.

–¿No será usted un revisionista?

–Yo concibo la historia como una ciencia imperfecta que está sometida a revisión. En España se utiliza el adjetivo revisionista con un profundo sentido peyorativo, pero para mí es un timbre de gloria. Ser revisionista es revisar el pasado, hacerle nuevas preguntas continuamente.

–Se suele decir que la violencia de la retaguardia en el bando republicano fue cosa de incontrolados, ajena a las instituciones republicanas.

–Eso no es cierto. Cuando estalló el golpe de estado y la República legítimamente empezó a defenderse, una de las cosas que hizo fue una profunda depuración de los cuerpos policiales. Se pusieron en marcha unas nuevas fuerzas del orden que estaban formadas por gentes que salieron de una lista elaborada por los partidos del Frente Popular. Ya no es una policía de Gobierno, sino de partido, algo que se va a notar en sus actuaciones. Cuando dicen que la violencia en la zona republicana era incontrolada, más allá de los primeros días, no es cierto. Todo va a depender de una estructura de gobierno. Esto se ve claramente con el personaje del que hablábamos antes, Agapito García Atadell, que era un radical del PSOE que durante la República se dedicó a estimular el drama y que fue nombrado policía. Se hizo cargo de una unidad que se dedicaba a detener, juzgar y fusilar. Atadell no es un incontrolado, sino que depende de una estructura orgánica que tiene por última instancia al ministro de Gobernación. La tragedia de la República es que es un régimen que se está defendiendo legítimamente de un golpe de Estado, pero al frente tiene políticos con una visión excluyente de la política, gente que divide a los ciudadanos en buenos y malos.