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“El ruido es el problema ambiental que más padecemos los sevillanos”

Jesús Jordano Fraga | Catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad de Sevilla

Pionero del Derecho ambientalista en España, este profesor ha dedicado sus esfuerzos a temas como el ruido en las ciudades, las catástrofes naturales o el urbanismo

Jesús Jordano, catedrático de Derecho Administrativo. / Juan Carlos Vázquez

El hábito no hace al fraile, pero nadie espera que un señor catedrático de Derecho Administrativo tenga el aspecto de Jesús Jordano Fraga (Sevilla, 1964), que por su desaliño y sus movimientos inseguros más bien parece un profesor de Física teórica. Sin embargo, sólo hace falta un minuto de conversación para comprobar que estamos ante una persona de una inteligencia penetrante y carácter empático. Combinando ambas virtudes consigue que una conversación que se prometía árida y complicada se convierta en una amigable charla que culmina en una barra delante de un par de cervezas y un plato de mojama. Jordano Fraga, criado en Los Remedios y ex alumno de los Maristas y Tablada, es catedrático de Derecho Administrativo y abogado del ICAS. Fue uno de los pioneros del ambientalismo en España y ha trabajado en cuestiones como el urbanismo, el ruido en las ciudades o la reparación de los daños producidos por las catástrofes naturales. Persona culta, es ante todo un universitario de la mejor escuela.

–Confieso que me impresiona que sea sobrino de Manuel Fraga Iribarne.

–Era el hermano de mi madre. Mis padres se conocieron en la boda de otro Fraga Iribarne, mi tío Marcelo, que era diplomático y murió en 1983, en el incendio del consulado de España en Montpellier, intentando salvar los archivos. Era todo un personaje que se recorrió España a caballo y vestido como un coronel inglés.

–Un digno hermano de don Manuel...

–En unas elecciones, para dañar la imagen de tío Manolo, hubo un periódico que sacó la noticia de que tenía un hermano loco. Tío Marcelo escribió una carta de protesta a El País firmada por “el caballo de Marcelo Fraga”.

–¿Algún recuerdo privado del Fraga político?

–Era un hombre realmente entrañable, muy buena persona, al igual que su mujer, tía María del Carmen, una de las personas con más humanidad que he visto en mi vida. Tío Manolo era una persona de pueblo y del pueblo, que le gustaba estar rodeado de sus amigos, extremadamente austero y muy sencillo.

–Dejemos a los parientes y entremos en materia. ¿Cómo le dio por el Derecho Administrativo? Tiene fama de tostón.

–Camilo José Cela se cachondea del Derecho Administrativo en más de un libro. El personaje más idiota de algunas de sus novelas es el que le gusta esta disciplina [risas]. Es cierto que antiguamente era una materia muy aburrida y, si mira usted un manual sombre la misma de los años cuarenta, parece una guía telefónica, árido como el desierto del Kalahari. Pero en torno a esa época hubo una generación de juristas que hizo una verdadera revolución: García de Enterría, Tomás Ramón Fernández Rodríguez, Garrido Falla, Villar Palasí, López Rodó... Fue un grupo muy brillante que le dio un enfoque totalmente distinto al Derecho Administrativo, fijándose sobre todo en la relación jurídica del ciudadano con la Administración. Si lo piensa bien verá que los grandes temas de la sociedad corresponden al Derecho Administrativo, topas con él a cada paso que das.

–¿Peor que la Iglesia para Cervantes?

–Hay una frase de Jesús González Pérez que dice que el Derecho Administrativo es una realidad con la que te topas al nacer (normalmente lo haces en un hospital público) y al morir (porque terminas en un cementerio, que son terrenos de dominio público). La relación con la Administración es una constante en la vida de cualquier sujeto.

–¿Y cuáles son esos grandes temas de la sociedad actual de los que hablaba usted antes?

–El urbanismo, el medio ambiente, la protección del patrimonio histórico... Yo en la carrera tuve dos amores, el Penal y el Administrativo, si me decanté por el segundo fue porque era una forma de dedicarme al Derecho Ambiental

–Después hablaremos de esa materia, pero empecemos por el urbanismo, las entrañas de la corrupción.

–Desgraciadamente el urbanismo se ha asociado en España a la corrupción y la especulación, pero sobre todo se trata del diseño de la ciudad. Una de sus facetas más importantes es determinar las dotaciones de las urbes: cuántos metros destinamos a parques, colegios, equipamientos sociales, educativos, religiosos... También determina la equidistribución, que es el principio nuclear del urbanismo: cómo contribuyen los propietarios con el crecimiento de la ciudad.

Una ley no cambia una sociedad. Más importante es la educación o los valores de los ciudadanos

–¿Cómo ha sido el urbanismo andaluz en las últimas décadas?

–Ha habido luces y sombras. Evidentemente se ha construido demasiado en el litoral y ahí podemos hablar de un cierto fracaso. También se ha fallado en el acceso de los más jóvenes a la vivienda... Pero, asimismo, se han construido muchos equipamientos importantes para el bienestar: zonas verdes, colegios, complejos deportivos... Todas estas dotaciones públicas las genera el urbanismo. Hay ejemplos interesantes de buenas prácticas, como la urbanización blanda del litoral de Chiclana... No en todos sitios se ha practicado el urbanismo salvaje.

–Hablemos ahora del patrimonio histórico.

–El patrimonio histórico es una importante fuente de riqueza y la gestión que se ha hecho de éste en los últimos tiempos ha sido buena gracias en gran parte al Derecho Administrativo, con leyes como la de 1985 que consiguieron parar la destrucción de ciudades como Sevilla.

–Pero hay mucha gente que se queja de un exceso de regulación en estas cuestiones.

–Lo que habría que pensar es cuál sería el coste de que no hubiese derecho ambiental, de patrimonio histórico o urbanístico... Los desrreguladores suelen pensar en el coste de la regulación, pero no al contrario. Ahora hay una tendencia a ver la regulación como un obstáculo a la actividad económica, pero creo que eso es tener una visión sesgada de las cosas. Hay que ir con cuidado, porque aunque es evidente que toda legislación tiene unos costes, también lo es que produce muchos beneficios. Imagínese usted que en el casco histórico cada uno pudiese hacer lo que quisiese...

–Su gran tema es el medio ambiente.

–Lo escogí porque creo que es uno de los grandes asuntos de nuestro mundo.

–¿El Derecho Administrativo está sirviendo para mejorar cuestiones como el impacto del cambio climático?

–El Derecho no es la solución, sino una herramienta que puede contribuir a la lucha contra el cambio climático. Una ley no cambia una sociedad. Más importante es la educación o los valores de los ciudadanos. Robar y matar siempre ha estado prohibido por el Derecho desde el código de Hammurabi y, sin embargo, son delitos que se siguen cometiendo. Pero tampoco el Derecho es el problema, como pretenden los que creen que la mejor regulación es el mercado. Esto es una falacia. De hecho, hasta en los países más liberales existe una regulación básica, la que vigila para que el mercado no destruya al mercado: las leyes antitrust. Cualquier persona que haya vivido un poco sabe que el mercado tiende al oligopolio. Para evitar eso tenemos la legislación.

–Nos hemos desviado del medio ambiente.

–He dicho esto para que vea la ingenuidad que supone pensar que el mercado va proteger el medio ambiente. Piense en lo que ha pasado con la depredación de los recursos pesqueros en aguas internacionales. O que es lo que ocurre cuando no hay regulación sobre el ruido...

Suponer que no hace falta regulación y que el mercado va salvar el medio ambiente es una ingenuidad

–¿Se refiere usted al ruido en las ciudades, al de los bares, etcétera?

–Exacto, en Sevilla sabemos mucho de eso. Si no existe regulación, o esta no se aplica, estamos en la ley de la selva.

–Se lo puedo asegurar yo, que lo sufro a diario.

–Es el problema ambiental que más padecemos los sevillanos. Normalmente se piensa en la contaminación, pero sólo hay que mirar los paneles de El Prado para darnos cuenta de que, exceptuando episodios concretos, tenemos una calidad del aire bastante decente. No estamos en la situación de Madrid.

–Mucho velador y poco o ningún control municipal, por lo menos fuera del Centro.

–El problema es que no se cumple ni la regulación de los horarios ni la de veladores. El Ayuntamiento tiene herramientas pero no las usa o las usa sólo cuando quiere, cuando va a pasar una procesión, por ejemplo. Es de broma. Es absurdo que se den licencias para veladores en zonas de viviendas y que luego no se controlen. Hay zonas donde ni siquiera se puede andar. Sobre todo es fundamental algo que siempre es necesario para que funcione una norma: la inspección. ¿Por qué se cumplen las normas que regulan los ingresos tributarios, la recaudación de Hacienda? Porque hay una inspección altamente cualificada. Pues lo contrario pasa con el ruido. Lo que no puede ser es que todo el mundo sepa que el Ayuntamiento tiene muy pocas personas destinadas a este fin y que sus horarios son muy limitados. Además las multas que se imponen son ridículas.

–Sin embargo, hay muchos afectados por este problema.

–Sí, pero no tenemos cultura de la denuncia, al contrario que en EEUU. Es como si el que denuncia al que lo está haciendo mal y perjudicando a todos fuese un chivato. El caso es que yo he trabajado con personas afectadas por este problema que estaban desesperadas. La gente no es consciente del daño moral y físico que provoca el ruido urbano.

–Uno de los temas en los que también ha trabajado es en la respuesta del Derecho Administrativo a las catástrofes naturales.

–Escribí el libro La reparación de los daños catastróficos, que fue mi carta de presentación como ambientalista, algo que está muy mal visto en los círculos académicos españoles, que te ven como un administrativista de segunda división. En Alemania, sin embargo, es al contrario, porque se considera con razón que el medio ambiente es el problema fundamental del Derecho Administrativo actual. Pero en la vida todo te da un premio. Gracias a ese libro conocí a Luis Aníbal Avilés, un profesor de Puerto Rico, donde los desastres naturales son devastadores, con el que he trabado una gran amistad académica y personal.

–¿Los ciudadanos estamos bien protegidos por el derecho de las catástrofes?.

–Hay tres instrumentos: el Consorcio de Compensación de Seguros, que en España funciona muy bien y ha sido copiado por otros países; las ayudas de la Administración, que son muy cicateras; y la responsabilidad patrimonial (si hay alguien que tenga la culpa), que conlleva un juicio que suele tardar mucho y acabas cobrando diez o doce años después.

–Lo cierto es que pleitear contra la Administración es muy complicado para un ciudadano de a pie.

–Para serle sincero, el que pleitea contra el Estado es que no tiene más remedio. Un administrativista, Alejandro Nieto, escribió en los años 70 que la justicia administrativa es una justicia para ricos, y en gran medida sigue teniendo razón. ¿Quién va al Contencioso Administrativo? Las grandes empresas o las personas que tienen muchos recursos. Aunque en realidad el comentario de Nieto es extensible a muchos otros ámbitos: la sanidad, la educación... Vivimos en una sociedad desigual y una de las obligaciones del Derecho y del Estado es la corrección de las desigualdades. Precisamente, uno de los retos del Derecho del futuro es ver cómo redistribuimos la renta en un escenario en el que el trabajo irá a menos debido a la robotización.

–Para finalizar. ¿Quién fue su maestro?

–Alfonso Pérez Moreno, quien a su vez fue discípulo de Manuel Clavero. Ambos fueron personas de una insobornable vocación universitario, que nunca faltaban a clase pese a tener una intensa vida profesional en sus despachos. Trabajaban todo el día, no se hicieron ricos con dos pelotazos.

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