El caso del torero apoderado con fondos públicos llega a la Fiscalía

El portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Espartinas, Ignacio Rubio, presentó este martes un escrito ante la Fiscalía de Sevilla en el que solicita que se abran diligencias para esclarecer cómo el gobierno local del PP pudo destinar 120.000 euros de fondos públicos a impulsar la carrera de un torero, con el que llegó a firmar a través de la sociedad Espartinas Desarrollo Local (Esdelsa) un contrato de "apoderamiento" que estuvo en vigor entre julio y diciembre de 2007. Los hechos han trascendido a raíz de una controversia entre el teniente de alcalde y consejero delegado de Esdelsa, Javier Jiménez, y el actual apoderado del matador, por su exclusión de una corrida que iba a celebrarse en el municipio el 28 de febrero y que se ha suspendido. La oposición no tenía conocimiento de ese gasto ni de la existencia del contrato.

En el escrito del PSOE se apunta que "la actuación de los responsables municipales pudiera constituir un presunto delito de malversación de fondos públicos" y se recuerda que el edil "es padre de dos novilleros locales de gran proyección", por lo que "esta parte desconoce si han recibido igualmente patrocinio del Ayuntamiento y si se ha destinado dinero público a sus carreras". Rubio asegura que apela a la Fiscalía después de haber solicitado a la Intervención municipal y al alcalde, Domingo Salado, que se le facilite la documentación, sin tener respuesta.

"La gestión económica y el destino de los fondos públicos que maneja esta sociedad quedan al margen del control y fiscalización por parte de la Interventora del Ayuntamiento, por lo que pudiera ser más que probable que hayan existido irregularidades contables, que han permitido destinar tal cantidad de dinero a fines que no son los propios de dicha sociedad", subraya Rubio, que pese a ser edil desde 2011 nunca ha tenido conocimiento del estado de las cuentas de la sociedad.

El PA también también va a llevar el caso a la Fiscalía para que se investiguen los gastos, de los que tampoco tenía constancia, a pesar de que el gobierno asegura que el contrato con el torero Agustín de Espartinas es "legal y público". Por su parte, fuentes del gobierno recordaron este martes que en los últimos años se han presentado cerca de cinco denuncias contra el alcalde y Javier Jiménez, sin que hayan prosperado. "Ésta es la estrategia de la anterior portavoz del PSOE, denunciar por denunciar, y al final se tuvo que ir; parece que creó escuela y el actual portavoz del PSOE lleva a los juzgados lo que no gana en las urnas, no tenemos nada que ocultar, tal es así que fuimos nosotros los que hemos sacado a la luz pública el tema de Agustín de Espartinas", destacó Jiménez, también edil de Hacienda y Urbanismo.