El techo de gasto impide ya el libre uso de más del 36% del presupuesto

La Diputación se convirtió ayer en una de las primeras administraciones en aprobar su presupuesto para 2018, algo que el presidente, Fernando Rodríguez Villalobos, puso como ejemplo de estabilidad. Pero las cuentas son también ejemplo de otro fenómeno: el de las instituciones que tienen que acudir a subterfugios (planes extraordinarios, ingeniería financiera...) para que fondos de los que disponen no queden inmovilizados por la Ley de Estabilidad, que pone techo a lo que pueden gastar. El presupuesto consolidado es de 424,04 millones, un 1,55% más que este año, pero el presupuesto al uso, el de programas ordinarios, baja en un 0,60. Lo que aumenta es sólo el gasto financiero, que supone más del 36% -154,52 millones- con 12,7 millones o un 9% más que en 2017. Pero es dinero que no puede gastarse libremente, ni siquiera ya para pagar créditos, porque la Diputación los amortizará este año, salvo medio millón que queda de Sevilla Activa.

El ente opta por derivarlo a los municipios a través de los Fondos de Anticipos Reintegrables (FEAR) como préstamos a devolver, pero no a fondo perdido como ocurría de otra forma. Junto al Plan Supera -que se ejecuta con el superávit- están marcando la programación y cualquier actuación que se salga de la gestión diaria de los ayuntamientos, menos atentos ya a los debates presupuestarios, como el de ayer, que a las bases de los FEAR y al Supera, que se aprueban entrado el año. Un ejemplo de lo que ocurre es que mientras que el presupuesto para conservación de carreteras es de 3,5 millones, con el Supera se invertirán 13. Villalobos volvió a pedir a todos los partidos ir "de la mano" para exigir en Madrid que se flexibilice el techo de gasto.

El presupuesto se aprobó con los votos a favor del PSOE; la abstención de C's (se le aceptaron varias enmiendas) y los contrarios de IU y el PP. El diputado de Participa no asistió. Su enmienda para aumentar los 5 millones del Plan de Urgencia Municipal -para contratos a parados en riesgo de exclusión- quedó fuera. A pesar de que la Diputación aprobó la creación de un Consejo Económico y Social que, entre otros fines, debía valorar y hacer sugerencias al presupuesto, no ha llegado a constituirse, un hecho que censuró la oposición ayer.

La diputada de Hacienda, Concepción Ufano, destacó que, dado que no hay Presupuestos del Estado, se han previsto los mismos ingresos y la subida salarial del 2%, que se negociaba. Los gastos de personal suponen casi 125 millones. El 63,4% del gasto no financiero va a "políticas sociales", incluyendo servicios públicos preferentes. Hay 28,15 millones para Prevención y Extinción de Incendios. La protección Social se lleva 112,61 (12,35 para las plantillas de Servicios Sociales Comunitarios; 23,91 para atención a dependencias; 3,67 para drogodependencias; a residencias de mayores y discapacitados van más de 14 millones y a ayudas económicas familiares, 740.000 euros, entre otros). En cuanto a servicios públicos de carácter preferente (34,5 millones), hay 16,89 para Educación; 6,34 de apoyo al Deporte y 7,12 de Cultura.

C's recordó que el 94% del presupuesto de la Diputación son transferencias de otras administraciones: en concreto, recibe 246,89 euros por vecino pero se gastan 228,94, un "desfase que hay que corregir", dijo. Se aprobó su enmienda para dar asistencia técnica a Tomares con la ladera que se desliza y para la SE-3203 de Alcalá de Guadaíra, junto a otras cinco de menor coste. La portavoz de IU, Engracia Rivera, censuró la desaparición de las ayudas a puntos de información al consumidor y reclamó la vuelta del Plan Provincial de Obras y Servicios -se suprimió cuando el Estado dejó de aportar fondo-, que evitaría que algunos municipios se quedaran sin inversiones, como ocurre con el Supera, con más exigencias. Además, reclamó más fondos para agentes juveniles, deportivos o culturales, esenciales en los pueblos, y para Inpro, que debe ayudar a cumplir con las leyes de transparencia y administración electrónica.

El portavoz del PP, Alberto Sanromán, tachó el presupuesto de "continuista", reclamó inversiones en caminos rurales y recordó que este año se recogían en el presupuesto 1,7 millones de euros de un convenio con la Junta que no se ha ejecutado; en 2018, la partida prevista no llega ni al millón de euros. También pidió más fondos para Bomberos, para carreteras de Mairena del Alcor y Carmona, trasferencias a Estepa para cubrir el abastecimiento de agua potable en La Salada y fondos para adaptar el viejo edificio de la residencia de mayores de Cazalla de la Sierra y devolverle su uso. El PSOE rechazó todas las enmiendas presentadas por el grupo popular.