La aldaba
Carlos Navarro Antolín
La Sevilla fina en la caja de Sánchez-Dalp
Abastecimiento de agua en Sevilla
Sólo la mitad o 42 de los 82 municipios sevillanos que deben contar con Plan de Municipal de Emergencia por Sequía, bien porque prestan el suministro de agua directamente y tienen más de 20.000 vecinos o bien porque están integrados en algún gran consorcio, lo tienen elaborado a estas alturas. Esos municipios son los 12 que están integrados en Emasesa y los 30 de Aljarafesa, que recibe el agua en alta de Emasesa. Abarcan a Sevilla, Dos Hermanas, Alcalá de Guadaíra, La Rinconada, Alcalá del Río y buena parte de la comarca del Aljarafe.
Fuera de ese ámbito, lo tiene avanzado, en fase de borrador, el Consorcio de Aguas del Huesna, a falta de aprobación definitiva y que afectará a otras 18 localidades.
Según Jesús Vargas, profesor de Geografía Humana y miembro del Observatorio Ciudadano de la Sequía, el grupo de trabajo de la Universidad Pablo de Olavide (UPO) de Sevilla para profundizar en el conocimiento del riesgo de sequía en España, el retraso con estos planes de emergencia por sequía para abastecimiento “no es un caso aislado de la provincia de Sevilla”.
Los planes de emergencia por sequía para abastecimientos deben incluir todo tipo de medidas para maximizar los recursos de agua, adaptándose a la realidad territorial, de forma que se vaya teniendo claro en cada momento qué se puede hacer y que ello sea público para la población, que sabrá así que no se trata de medidas arbitrarias. Así, deben contemplar cuatro escenarios: normalidad, prealerta, alerta y emergencia. Las medidas se intensificarán en función de los indicadores.
Abarcan aspectos sociales (campañas de concienciación, información o educativas); institucionales (desde creación de comités de seguimiento o mesas, a modificación de tarifas); y de contención de la demanda, cuando la situación ya es de emergencia y hay que aplicar restricciones a usos no prioritarios, de forma paulatina y empezando por ejemplo por la prohibición del riego de jardines o piscinas, hasta llegar a los cortes de suministro en algunas horas. Como recuerda Jesús Vargas, “es lo que más impacto social pueda generar y debe estar bien contemplado en el plan, bien informado a la gente y no ser algo improvisado”.
Esos planes de emergencia por sequía más locales o comarcales deben incluir además medidas para el “aumento de la oferta”, como cuándo y dónde se pueden hacer sondeos o infraestructuras de emergencia o cuándo se puede usar agua de otros sistemas o recursos, como los grandes ríos, y en qué condiciones. Según la ley, hay que actualizarlos cada seis años y se debe hacer una evaluación después de cada periodo de sequía para ver qué ha funcionado y qué no.
"La obligación de elaborar estos PEM se ha incumplido de manera sistemática en toda España” y a pesar de que se recogió en la Ley 10/2001 del Plan Hidrológico Nacional, que dio un plazo de dos años, hasta 2003, recuerda. Se debe, según explica, al “retraso en toda la planificación hidrológica en general”, de acuerdo con el calendario que se propuso tras la entrada en vigor de la Directiva Marco del Agua y su transposición al ordenamiento jurídico español.
Así, esos planes de carácter más local –que deben incluir medidas para maximizar recursos y disminuir los efectos de la caída de reservas en el suministro a la población y en otros usos urbanos que pueden verse afectados– deben “ser coherentes” con los planes de alerta y eventual sequía de la demarcación y éstos con los planes hidrológicos también de demarcación, que ya se hicieron con retraso. El de la demarcación del Guadalquivir –el que afecta a Sevilla y al resto de áreas en las que el 2 de noviembre se declaró la situación la situación excepcional por sequía extraordinaria– se aprobó a finales de 2018.
Este experto también apunta como causa de la demora a la “falsa sensación de seguridad que dan los grandes sistemas de embalses. Es evidente que aumentan la garantía de los recursos y disminuyen la vulnerabilidad de los sistemas y han sido cruciales para paliar algunas situaciones de sequía, pero como se ha visto no es suficiente, más aún en los casos en los que los embalses o sistemas de embalses se comparten con el regadío, gran consumidor del agua en la cuenca del Guadalquivir”.
Vargas subraya, por otro lado, el esfuerzo de los dos grandes consorcios de Emasesa y el Huesna que sí han avanzado en ese sentido y que han apostado además por elaborar los planes de forma transparente y participativa e incluyendo a expertos, entidades sociales o consumidores.
Por otro lado hay 22 municipios sevillanos que no tienen estos planes ni aprobados ni en borrador, aunque deberían porque tienen más de 20.000 habitantes o están en consorcios que dan servicio a una amplia población. Entre ellos, están los del Consorcio de Aguas del Plan Écija (da servicio a 15 municipios y abastece en alta a los del Consorcio de la Sierra Sur).
Tampoco lo han elaborado aquellos otros municipios a los que el Plan Écija surte de agua en baja, pero gestionan por su cuenta la distribución en baja y que deberían tenerlo igualmente por tener más de 20.000 vecinos: Écija y Morón de la Frontera. Osuna y Marchena, a los que también surte ese consorcio tampoco lo tienen, si bien no llegan a los 20.000 habitantes y no estarían obligados a elaborarlo.
En la misma situación estarían 24 localidades más, que gestionan de forma municipal todavía el suministro de agua y que ni tienen plan de sequía ni están obligados a elaborarlo por ley, porque tienen menos población. No obstante, algunas de ellas son las que presentan mayores riesgos de sufrir problemas ahora, sobre todo las que dependen de acuíferos.
Temas relacionados
También te puede interesar
Lo último
No hay comentarios