La sentencia del ERE de la base de Morón es recurrida ante el Constitucional

La sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía que revoca un fallo previo que, a su vez, anulaba el expediente de regulación de empleo acordado en 2010 en los servicios civiles de la base aérea de Morón de la Frontera será objeto de recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional, según ha informado la representación jurídica de las dos extrabajadoras que impugnaron la autorización de este ERE.

El fallo judicial ahora revocado, emitido por el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número tres de Sevilla, ordenaba "retrotraer" el ERE al estadio previo a su autorización por vulneración de los derechos de dos trabajadoras del conjunto de 119 empleados afectados por este procedimiento.

Vinnell-Brown ant Root Spain, que gestiona los servicios civiles de esta base que comparten España y Estados Unidos, impulsó en 2010 un ERE "por causas organizativas" para extinguir 286 de los 594 puestos de empleo sujetos a los servicios de mantenimiento de la base de Morón. El 24 de noviembre de 2010, la compañía y el comité de empresa aprobaron un acta final que reducía a 150 el número de empleos a destruir. La autorización de este ERE, emitida el 9 de diciembre de 2010 por la delegada provincial de la Consejería de Empleo, Aurora Cosano, reflejaba que dicho departamento había solicitado previamente a la Inspección provincial de Trabajo y Seguridad Social diversos informes en cuanto a este procedimiento.

En uno de estos informes, la Inspección provincial de Trabajo y Seguridad Social señalaba que 31 de los trabajadores "potencialmente afectados" por el ERE habían "causado baja en la empresa con anterioridad al acuerdo suscrito". Tal "irregularidad", según la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, constituía "un indicio racional de fraude".

No obstante, la propia autorización del ERE recogía, merced a los informes de la Inspección provincial de Trabajo y Seguridad Social, que el 1 de diciembre de 2010, la compañía y el comité de empresa habían ratificado el acuerdo contenido en el acta final pero "solicitando la exclusión del listado de contratos a extinguir los correspondientes a los trabajadores que ya no prestaban servicios a fecha del 23 de noviembre", lo que reducía a 119 el número de empleados potencialmente acogidos al procedimiento.

La sentencia inicial, no obstante, anulaba la autorización de este expediente de regulación de empleo. Así, el juzgado ordenaba "retrotraer" el procedimiento en cuestión al estadio previo a la citada autorización anulada, pues detectaba una "vulneración de los derechos fundamentales" de dos trabajadoras afectadas por el ERE.

Pues bien, dado que la Consejería de Empleo recurrió dicha sentencia ante el TSJA, esta instancia judicial ha fallado revocando la decisión del juez Rafael Tirado. En una sentencia fechada el 8 de junio de 2012, el TSJA explica que el "vicio invalidante" de este expediente de regulación de empleo residiría en la citada incidencia de los puestos de empleo a extinguir y que "la Administración debió acordar la remisión del acuerdo a la jurisdicción laboral para que se resolviera sobre la posible nulidad de dicho acuerdo". Sobre todo porque no hacerlo "vulnera el derecho de los recurrentes a personarse en el procedimiento laboral que se debería haber iniciado de oficio".

Pero "ese vicio invalidante (...) desaparece desde el momento en el que el acuerdo final sometido a aprobación a la autoridad laboral contempla sólo trabajadores de la empresa", según zanja la sentencia del Alto tribunal andaluz.