Dos regidoras han tenido que dejar sus puestos inhabilitadas desde enero

La lista de alcaldes y concejales que tienen asuntos pendientes en los tribunales se cuentan por decenas en Sevilla, la mayoría relacionados con asuntos urbanísticos y por permitir o autorizar la construcción de inmuebles en suelo rústico, que muchas veces ni siquiera han tenido un castigo electoral. En muchos casos, las denuncias tienen su origen hace casi una década, cuando la Fiscalía de Medio Ambiente, el Seprona y la legislación urbanística aumentó el control y la persecución de este tipo de fenómenos, tratados hasta entonces con laxitud.

Sólo en lo que va de año dos regidoras han tenido que abandonar sus puestos al haber sido inhabilitadas. Es el caso de la que fuera alcaldesa de El Madroño, la socialista María Josefa Rubiano, en el municipio más pequeño de la provincia, tras confirmarse su condena a cuatro años y tres meses de inhabilitación por dar licencia de construcción para dos casas en suelo rústico, de las que defendía el interés turístico. El fallo fue considerado "desproporcionado" por la corporación que con el apoyo de PSOE, IU y PP ha pedido su indulto.

Con menos apoyo de la oposición y más recientemente ha tenido que renunciar la que fuera alcaldesa socialista de Aguadulce, Isabel Ortiz. Está condenada a ocho años de inhabilitación para ostentar cargo y empleo público por haber autorizado, en 2006, la ampliación de una nave para el engorde de pavos, con informes técnicos en contra. El empresario era un militante socialista, que luego fue concejal.

Pendiente de recurso está la condena que tiene el que fuera el primer alcalde de la democracia en Castilblanco, Manuel Ruiz Lucas, por permitir la construcción de viviendas en la urbanización de Las Minas -ahora, por cierto, en proceso de legalización-. Ruiz Lucas ha sido condenado a cuatro años y tres meses de inhabilitación. Por delitos contra la ordenación del territorio, a finales del año pasado, dos alcaldes de Morón, el popular Manuel Morilla y el socialista José Párraga, aceptaron siete años de inhabilitación por autorizar la instalación de varios negocios, entre ellos un parking para camiones, en suelos no urbanizables. También ha sido inhabilitada la ex alcaldesa de Algámitas, Virtudes Cabello, por intentar legalizar cuatro viviendas en suelo rústico.

Teniendo en cuenta éstos y otro tipo de delitos, los cargos públicos condenados en el último año y medio son una docena. La cifra se multiplica si se va más atrás en el tiempo. Inhabilitado ya, por autorizar más altura de la permitida en un edificio, está por ejemplo el ex alcalde de Burguillos, José Juan López (PSOE), con otras causas pendientes, algunas con petición de cárcel. Desde las últimas elecciones, la situación económica crítica de algunos municipios ha aumentado también las denuncias por malversación y prevaricación contra responsables públicos.