El pueblo quiere estar tranquilo

El entorno del parque de los Arcabucheros era puro espectáculo a las nueve de la mañana de ayer. Los trabajadores de Tragsa, con monos blancos y mascarillas cargaban basura en camiones rodeados de ocho patrulleros y una quincena de guardias civiles embozados. Había vecinos asomados mostrando alegría contenida porque la zona se desinfectara y, sin valorar un conflicto que tiene al pueblo "dividido", decían, pedían cordura a las partes para que acabe. En un bar, incondicionales de Diego Cañamero arremetían contra el alcalde: "Es un soberbio y un prepotente", decía Manuel Mallorga, en un banco con una copa de licor para atajar el frío.

Mujeres contratadas con los fondos del PER pintaban bancos, mirando de reojo. Sobre la baranda, había varías más, observando. "Han estado pidiendo el carné en las calles cortadas, exigían que se identificaran personas que iban a sus casas, las escoltaban hasta que abrían su puerta; los niños han entrado en el colegio asustados, pensando que les iban a hacer algo...", se indignaban. Entre ellas, Mercedes Cañamero, hermana de Diego, y una de las 525 personas que están en la lista para entrar a trabajar en la basura. "Estamos de acuerdo con que se recoja, pero ¿esto cuánto vale, quién lo paga, por qué no se usa ese dinero para que la lista siga?".

El viento arrastraba un olor nauseabundo. María del Carmen Cano, de 29 años, y Montse Moreno, de 50, barrían también gracias al PER con un carro y un desdentado recogedor. "Mi marido estaba en la construcción y sólo cobra la ayuda familiar de 426 euros, estaba esperando que se abrieran la bolsa para apuntarse", decía la mayor. "No he estudiado, pero tengo amigas que lo han hecho y están como yo", respondía la joven. Defendían la rotación del trabajo, en un pueblo con un 40% de paro.

Junto a la parroquia de la Consolación que da apodo a los coronileños, los torreladeas, una vecina reconocía su preocupación por que el montón que podía superar los dos metros saliera ardiendo cualquier noche, a un tiro de piedra de su casa y su negocio y pedía una solución, aunque las dos partes tuvieran algo de razón.

"Casi todos piensan que esto es una guerra, un pulso entre los dos", apuntaba otra en una panadería, en la que los que entraban se resistían a hablar y esquivaban a la prensa o hablaban de "miedo" y "represalias". "Ese miedo te lo encuentras en España entera, en cualquier empresa, lo sé porque he sido delegado del SAT en Conservación de Carreteras y me han echado, comentaba Francisco Sánchez minimizando la gravedad del asunto y repartiendo el escrito que emitió el SAT junto a Miguel Ángel García. Éste -pese a lo que ocurrió el viernes, cuando la Guardia Civil no se atrevió a actuar para que el operativo de limpieza entrara en el pueblo por la posibilidad de disturbios- insistía en que la prensa está "manipulada". Su verdad es que los conductores de Tragsa "venían engañados" y se fueron cuando "Diego les explicó lo que había": una lucha porque el trabajo se reparta, insiste. La lista es la última que queda de cuando el sindicato -en El Coronil, IU es el sindicato en el argot popular y hay vecinos que tienen en sus casas fotos de Cañamero, como el rey, dicen- perdió el gobierno local.

Pero, pese al despliegue policial, al mal olor, a una huelga de basura de 34 días y sin visos de acuerdo -la de Jerez duró veinte, once en Sevilla- y la declaración de riesgo sanitario sin precedentes, la gente seguía mostrando una falta de asombro llamativa. Tal vez por los conflictos a los que dicen estar acostumbrados. De hecho, el SAT lleva años practicando una forma de protestar y movilizarse que el incidente de los carritos del Mercadona llevó a primera plana en todo un país castigado por la crisis. Y también porque lejos de los focos, guardada la libreta, aflora un Coronil, en que se habla de represalias. Y de hastío. De hartazgo de que al pueblo se le conozca "por lo mismo".

"Es verdad que el pueblo está dividido de toda la vida", apuntaba un vecino, "pero la mayoría del lo que quiere es estar tranquilo, por eso el PSOE sacó mayoría absoluta en las elecciones municipales". "Los dos se tienen que sentar a hablar y aclararlo, pero para eso el alcalde tendría que bajarse los pantalones, porque la otra parte no va a dar su brazo a torcer y no está bien que siempre pase lo mismo", consideraba.

Casi todos coinciden al apuntar por qué ni siquiera se han sentado a hablar. Cañamero dice que espera a que lo llamen, el alcalde que no lo hará hasta que se cumplan los servicios mínimos, aunque no se ponen de acuerdo sobre cuáles son éstos. La situación evidencia que lo que se juega en este conflicto es quién ganará las próximas elecciones municipales -aunque Cañamero no sea el candidato- cuando los vecinos valoren la huelga en las urnas.