La juez procesa a nueve personas por fraude en cursos de formación por valor de más de cinco millones

La juez de Instrucción número 3 de Sevilla, Patricia Fernández Franco, ha procesado al empresario José Sivianes Sánchez, propietario de la empresa Formación Integral para el Empleo, y a otras ocho personas, en relación con las ayudas que, en sólo cuatro años (en el período entre 2008 y 2011), recibió por importe 5.646.152,50 euros en subvenciones destinadas para cursos de formación de desempleados. Se trata de la primera investigación judicial relacionada con el fraude en las actividades formativas en Andalucía que llega al final de la instrucción.

En un auto, la magistrada imputa delitos contra la Hacienda Pública -por defraudación de cuotas superiores a los 120.000 euros anuales-, fraude de subvenciones y falsedad documental que atribuye al empresario José Sivianes, su mujer, su asesor fiscal, y el resto son presuntos testaferros "o moduleros" de Sivianes, que estaban incluidos en el régimen de módulos y eran las encargadas de contratar a los profesores, facturando a continuación a Formación Integral para el Empleo. La juez ha dado un plazo de diez días al fiscal y a las demás partes para que soliciten la apertura de juicio oral o el archivo de la causa, sin perjuicio de que puedan solicitar la práctica de diligencias complementarias que consideren “indispensables para formular acusación”.

La investigación por este fraude en cursos de formación se inició en septiembre de 2013 cuando la sección de Blanqueo de Capitales de la Unidad de Drogas y Crimen Organizado (Udyco) de la Jefatura de Policía puso en conocimiento del Ministerio Público la existencia de una presunta trama de subvenciones y blanqueo de capitales.

En el auto, la juez concluye precisamente que hay indicios sobre la existencia de una "trama organizada" que actuaba bajo la dirección del empresario José Sivianes Sánchez, con la "estrecha colaboración" de su esposa, Ana María Rodríguez Jesús, y haciendo uso de la entidad Formación Integral para el Empleo.

De esta forma habrían logrado la concesión de subvenciones para programas de formación que sumaron más de cinco millones entre los años 2010 y 2012, superando con creces los 120.000 euros recibidos cada año.

La juez considera que los imputados prepararon un "entramado documental" para justificar a la administración los gastos para recibir las subvenciones vinculadas a la formación profesional para el empleo, "sin haber realizado, realmente, buena parte de los gastos justificados, que sólo corresponderían a un 30% de los importes facturados, habiendo defraudado importes superiores a los 120.000 euros en los ejercicios fiscales 2011 y 2012".

El fraude, según la juez fue posible al amparo del sistema que regula la "Orden de 23 de Octubre del 2009, artículo 102, que desarrolla el Decreto 335/2009, de 23 de Septiembre por el que se regula la ordenación de la Formación Profesional para el Empleo en Andalucía y, se establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones y ayudas que posibilita que concedida la subvención por la Junta de Andalucía se transfiera el 75% del importe concedido, quedando el 25% restante aplazado hasta la finalización de la actividad y justificación de la subvención concedida. Limitándose la administración a una comprobación formal del dinero empleado , es decir, que las facturas cumplan con los requisitos formales y con los criterios establecidos, no entrando a valorar la realidad de las partidas que contemplan y las sociedades auditadas". La juez precisa que José Sivianes y su empresa, "no estaban obligados a aportar a la administración las facturas sino sólo obligados almacenar las mismas y, a presentar, simplemente, un informe de auditoría externa -limitado a una comprobación formal- que ellos mismos pagan con cargo a las subvenciones obtenidas".

En cuanto a los presuntos testaferros o "moduleros" que contrataban a los docentes, uno de ellos habría obtenido unas ganancias de más de 300.000 euros en sólo diez meses, entre abril de 2012 y febrero de 2013, según un informe de la Agencia Tributaria que está incorporado a la causa. La Agencia Tributaria apuntó en ese informe que José Sivianes "dirige y coordina a una serie de personas incluidas en el régimen de módulos", que facturan por importes cercanos a los 450.000 euros -límite para acogerse a este régimen- por la cesión del profesorado, en una relación de retribución y facturación que oscila "entre cinco y diez veces" más del precio de mercado.

Entre esos "cedentes de profesorado" figura Antonio Torres Granado, hijo del ex alcalde de Lebrija Antonio Torres García (PSOE) –que la juez Alaya investiga por su contratación en la Faffe-, que según la magistrada es el “mayor proveedor irregular de servicios de cesión de horas docentes” y que sólo tenía un “único cliente”, que era Formación Integral para el Empleo. En la cuenta de Antonio Torres figuran entradas por facturación de actividades de formación por importe de 661.000 euros. Y unas salidas en su mayoría en efectivo, por importe de 553.000 euros. Estas cifras junto "con el hecho de que su padre trabajase en un organismo público pagador de las subvenciones, permiten presumir que la retribución estipulada con Antonio Torres Granados por su colaboración era superior a la de otros moduleros", precisa la instructora.

El principal imputado, José Sivianes, llegó a tener hasta tres contables, y aunque los cursos, según la juez, se impartieron, el coste real fue del 70% menos de lo que se justificó ante la Junta. "Gran parte del dinero defraudado se canaliza a través de la cesión del servicio de docencia, junto con la duplicidad en las horas facturadas que se han localizado en varios cursos de formador ocupacional".

La juez también concluye que los cursos subvencionados fueron impartidos, pero el coste real de los mismos es "muy inferior al justificado", de forma que si el coste real de la hora de clase de un docente eran 20 euros, se facturaban a 80 euros. "El mismo curso se factura por duplicado", como ocurre en varios cursos de formador ocupacional de 400 horas cada uno, en los que aparecen como docentes autorizados varias personas con 400 horas de clase cada una, pero en cambio se facturan 800 horas.

Para la justificación de las subvenciones con facturas falsas, el empresario se habría de dos sociedades controladas por otro de los imputados, Vicafer Gestión y Bio Oil Doñana, que "operan en el sector del aceite como mayoristas, aunque las facturas realizadas son relativas a actividades para centros de impartición de cursos de formación, tales como alquiler de ordenadores y material de oficina". En 2012, Vicafer facturó 337.303 euros a José Sivianes y 330.429 a Formación Integral, mientras que Bio Oil Doñana facturó 103.200 y 114.200 euros, respectivamente.

La juez señala en el auto que el responsable de estas empresas, el también imputado Víctor Manuel Fernández Sanz, facilitó a José Sivianes la "acreditación de gastos frente a la administración, propiciando de esta forma el fraude de subvenciones, el delito fiscal y un delito de falsedad documental, al documentarse un suministro que no es real puesto que ni Vicafer Gestión ni Bio Oil Doñana tienen infraestructura, instalaciones –los domicilios sociales se sitúan en domicilios particulares- o medios de producción que les permitan asumir esos servicios".

Además, la juez considera que José Sivianes y su empresa Formación Integral para el Empleo han realizado "la misma actividad básicamente y así los cursos impartidos y los medios de producción son comunes".

La inspección de Hacienda ha estimado que para los ejercicios fiscales de 2011 y 2012 se ha realizado una "efectiva defraudación superior a los 120.000 euros, para cada ejercicio, y tanto en la declaración del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas como en la tributación correspondiente del impuesto de Sociedades".