Polémica por las 91 viviendas sociales subastadas en Écija

La consejera de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio, Marifrán Carazo, ha esgrimido la modificación del reglamento de vivienda llevada a cabo por el anterior Gobierno andaluz, en 2018, para no llevar a cabo el derecho de retracto en el caso de las 91 viviendas de protección social de Écija (Sevilla) que fueron subastadas por la liquidación de la sociedad mercantil municipal y que han acabado en un fondo de inversión.

Así lo ha afirmado en respuesta a una pregunta parlamentaria formulada este jueves, en la sesión plenaria, por el portavoz de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local del Grupo Socialista en la Cámara andaluza, Felipe López, acerca del "desistimiento de la Junta" para realizar ese derecho.

La consejera ha señalado al respecto que tras la modificación de la citada normativa, están sujetas las segundas y terceras transmisiones, "pero no así la primera". "De este modo, ustedes --en alusión al anterior gobierno andaluz-- excluyeron estas situaciones y la posibilidad de resolver la situación como plantean ahora", al tiempo que ha recordado que la transmisión la ha realizado un juzgado.

"La modificación del reglamento de la vivienda de 2018 dejó fuera las transmisiones forzosas derivadas de los procesos judiciales o extrajudiciales de ejecución hipotecaria", ha añadido Carazo.

Por su parte, el portavoz socialista ha recordado que la Consejería de Fomento en 2019 "anunció que, ante la posibilidad de que pudieran verse afectados" los propietarios de estas viviendas "por procesos especulativos", se abogaría por "mantener las viviendas bajo tutela pública".

López ha criticado a la Junta por permitir que un fondo especulativo --los denominados 'fondos buitre'-- se lucren con esta situación, "aprovechándose de la vulnerabilidad de esas familias, con escasos recursos económicos".

Asimismo, López ha insistido durante su intevención en que "la consejera es "experta en manipulación y la mentira", porque el Gobierno de la Junta ya intervino en un caso similar en Santiponce, en 2018, con el rescate de viviendas protegidas dependientes de una empresa que entró en concurso de acreedores y cuyo patrimonio residencial acabó adjudicado a un fondo de inversión, según ha relatado el también exconsejero de Fomento.

Carazo, en su réplica, le ha preguntado al parlamentario socialista "por el destino de las ayudas de la Junta" a la Sociedad Municipal de la Vivienda de Écija para contribuir al préstamo hipotecario de esa promoción. "Fue ello lo que provocó la precariedad", ha concluido la consejera de Fomento.