La plantilla de la base entrega a la empresa su "plan de viabilidad" sin despidos

El comité de empresa de Vinnell-Brown & Root Spain (VBR), la sociedad que gestiona los servicios civiles de la base aérea de Morón de la Frontera (Sevilla) para las Fuerzas Aéreas de Estados Unidos en Europa (Usafe por sus siglas en inglés), ha entregado este martes a la directiva de la compañía su propuesta de "plan de viabilidad", al objeto de reajustar la prestación de estos servicios eludiendo todos y cada uno de los 55 despidos incluidos en el nuevo expediente de regulación de empleo (ERE) que promueve esta empresa.

Javier Domínguez, portavoz del comité de empresa de VBR, ha explicado que ambas partes se han reunido este martes en la sede de la delegación territorial de la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo. Después de que VBR haya planteado un nuevo despido colectivo, el tercero desde 2010, con 55 despidos e indemnizaciones de 20 días por año de servicio, el mínimo que admite la legislación laboral, el comité de empresa ha entregado a la compañía estadounidense una propuesta de "plan industrial de viabilidad". Dicha propuesta, según Domínguez, aborda un reajuste económico de los servicios pero "minimiza" los efectos hasta el punto de que "no haría falta despedir a ningún trabajador". La propuesta, además, contempla un "plan social" destinado a incrementar la cuantía de las indemnizaciones y establecer una "voluntariedad" a la hora de acogerse al ERE, todo ello para reducir en la medida de lo posible el número de despidos traumáticos.

"La empresa ha cogido el plan y dice que lo va a estudiar", explica Javier Domínguez, quien no obstante reconoce un carácter "inmovilista" en la posición de VBR y considera que este periodo de consultas transcurre "como si se repitiera la negociación del ERE de 2013", saldado con 66 despidos e indemnizaciones reducidas al mínimo de la legislación al no mediar acuerdo alguno entre las partes y acometer VBR el despido colectivo en sus propios términos. "Es una frustración total", admite el portavoz del comité de empresa. Esta nueva tanda de despidos, cabe recrodarlo, llega mientras el Tribunal Supremo (TS) tiene aún pendiente de resolver el recurso promovido contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) que declara "no ajustado a derecho" el expediente de regulación de empleo consumado por VBR en 2013 con 66 despidos, sentencia que sin embargo no anula tales despidos.

El conflicto de la base

Como muestran las hemerotecas, la empresa gestora de los servicios civiles de estas instalaciones militares ya promovió a finales de 2010 un primer expediente de regulación de empleo "por causas organizativas", para extinguir 286 de los 594 puestos de empleo sujetos entonces a tales servicios. Durante la negociación, la compañía y el comité de empresa acordaron reducir a 150 el número de despidos, pero la destrucción de puestos de trabajo quedó después rebajada a 119 personas al ser descubierto que 31 de los trabajadores incluidos en el ERE habían causado ya baja en la empresa, extremo que por cierto investiga el Juzgado de Instrucción número 15 de Sevilla.

Ya en 2013, un año en el que Estados Unidos decidió ampliar su presencia militar en la base de Morón de la Frontera con el despliegue de 500 infantes de marina y ocho aeronaves, la empresa promovió un nuevo ERE. En esta ocasión no medió acuerdo alguno y en septiembre, VBR consumó el despido de otros 66 trabajadores, toda vez que pocos meses después, Estados Unidos ampliaba aún más su presencia militar en Morón para sumar 850 infantes de marina y 17 aeronaves en estas instalaciones. Los trabajadores de la base, en ese sentido, avisaban de una estrategia predeterminada para reducir la plantilla española de las instalaciones castrenses y sustituir así a los empleados españoles por personal estadounidenses o directamente marines. Ya entonces, los representantes de la plantilla manifestaban su temor ante la posibilidad de que VBR promoviese un tercer ERE para que, en conjunto, los despidos colectivos se acercasen al número de puestos de empleo que la empresa pretendía extinguir a través del primer expediente de regulación de empleo, es decir 286. De cualquier manera, después de que el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía declarase "no ajustado a derecho" el ERE de 2013 al atisbar incluso aspectos como un "incremento de tareas en determinados departamentos", los 66 trabajadores despidos a través de este procedimiento recurrieron ante el Tribunal Supremo a la búsqueda de la nulidad de los despidos, si bien la plantilla afronta ahora un nuevo conflicto con este tercer expediente de regulación de empleo anunciado por VBR.