La nueva ley acaba también con los liberados en las mancomunidades

La Ley de Racionalización y Sostenibilidad Local no supondrá grandes cambios en el mapa de mancomunidades de la provincia. Se da la circunstancia de que aquéllas que ya tenían problemas o cuya razón de ser se cuestionaba, han iniciado el proceso de disolución, no lo harán obligadas por la reforma. En otros casos, habían aprobado planes de ajuste para corregir desequilibrios, una de las cosas que no permite la nueva norma, y la mayoría tienen ingresos suficientes por los servicios que prestan. Incluso, se ajustan a las competencias de los entes locales, con la salvedad del desarrollo económico que tienen atribuidas algunas, como la de Fomento y Desarrollo del Aljarafe, que deben eliminar, entre otras cosas, en el proceso de adaptación de estatutos que debe culminar antes del verano.

Así, el principal cambio en este aspecto de la reforma tiene que ver de nuevo con lo más político. Porque, con la nueva ley, estas mancomunidades no podrán tener a personal político con dedicación exclusiva contratado, lo que impedirá que los presidentes, alcaldes y concejales de los pueblos integrados puedan tener una dedicación exclusiva, un sueldo a costa del presupuesto. Ha venido ocurriendo y ocurre con muchas de las que funcionan en Sevilla, lo que supondrá un recorte añadido de sueldos políticos, que se han limitado además en función de la población en los ayuntamientos.

Las mancomunidades tampoco podrán tener asesores o personal eventual. Los puestos de gerente pasan a considerarse personal directivo, al que se le exige cualificación específica, lo que desplazará también a algunos concejales que ahora ejercen esa función. Lo mismo ocurrirá con los consorcios, aunque éstos no estaban considerados hasta ahora jurídicamente como entes locales y el proceso de adaptación -deben adscribirse a un Ayuntamiento o a la Diputación a partir de ahora- es distinto.

Estas medidas no son de aplicación hasta junio de 2015, cuando se vuelvan a constituir después de las elecciones municipales, como pasa con muchos aspectos de la reforma, que también en este aspecto ha sufrido cambios con respecto a lo que se anunció en principio. Se llegó a afirmar que las mancomunidades iban a desaparecer, aunque después el Ejecutivo de Mariano Rajoy lo descartó en el texto que aprobó en diciembre de 2013.

La mayoría, de residuos

Actualmente siguen existiendo en la provincia nueve mancomunidades dedicadas a los residuos. Fuentes del área de Servicios Públicos para la Sostenibilidad de la Diputación precisaron que la única que tenía problemas era la Mancomunidad del Bajo Guadalquivir, pero debido a que abarcó otras muchas competencias, acumuló personal y deuda sin tomar medidas a tiempo y, aunque formalmente está en proceso de liquidación, sigue existiendo como tal. Recientemente, ha desaparecido además la de la Vega Alta, cuyos pueblos se han integrado en la de Servicios de la Vega.

Esta última ya tenía en marcha un plan para corregir la deuda que llegó a acumular, cuando el cobro de la tasa no lo hacía directamente, y tampoco tendrá problemas para adaptarse a la Ley, salvo la citada merma a partir de junio de 2015 de políticos liberados o trabajando en puestos de dirección que tiene. También había acordado su disolución antes de la entrada de la Ley la Mancomunidad de Estepa -que no tiene deudas, ni liberados- y se integra con la Mancomunidad de la Sierra Sur en el Consorcio Estepa-Sierra Sur de gestión de residuos. El citado consorcio está modificando sus estatutos para que los pueblos de la de Estepa se puedan adherir de forma individual, no ya como mancomunidad, al ente.

Aunque puede que algunos tengan problemas. Porque la nueva ley prohíbe que los ayuntamientos con inestabilidad presupuestaria se puedan sumar a ningún ente, ni siquiera a una mancomunidad ni aunque ello le suponga, por ejemplo, recoger la basura a menor coste. Así, será muy difícil y deberá estar muy justificado el que surja una nueva mancomunidad, incluso cuando pueda tener sentido. El mal ejemplo de la Mancomunidad del Bajo Guadalquivir no es óbice para que en esa zona de la provincia, que ahora lleva sus residuos a la planta de la Mancomunidad de Los Alcores, funcionara un buen servicio mancomunado de basura.

Desde la Diputación se cree que sistemas como el de la red provincial de Bomberos, que se recogen en la Ley de Autonomía Local de Andalucía (Laula), podrían ser una opción en este sentido. También se dedica a los residuos Campiña 2000 y la Mancomunidad de la Sierra Norte, que tenía problemas hace un lustro y ya puso en marcha un plan con una importante subida de tasas para equilibrar gastos. La Mancomunidad de Écija (con Fuentes, La Campana, Cañada Rosal y la propia Écija) es la más pequeña y la más reciente.

Agua y otras competencias

La Mancomunidad del Aljarafe es la única que se dedica al ciclo integral del agua en la provincia y tiene una empresa instrumental, Aljarafesa. El resto de entes que operan en este campo son consorcios, que tendrán que hacer igualmente esos recortes políticos.

La de Fomento y Desarrollo del Aljarafe, básicamente tendrá que renunciar a este aspecto del desarrollo económico que abordaba, pero no afectará por ejemplo al parque de Bomberos que gestiona o al área de prestación conjunta del Taxi, un servicio que ha fracasado, pero que podría mantener porque el transporte público también es una competencia local. Más problemas puede tener la Mancomunidad de la Sierra Norte Occidental-Corredor de la Plata, que se dedica también al desarrollo local. Y hay otras más pequeñas, pero casi si funcionamiento.

No se prevé que los cambios afecten a las plantillas

Las fuentes de la Diputación consultadas aseguran que la reforma no afectará al personal que ahora trabaja en estas mancomunidades, que está ajustado. El único caso atípico era de nuevo la del Bajo Guadalquivir, que está ya en proceso de liquidación. En cuanto a las sociedades instrumentales tanto de las mancomunidades como los consorcios deben iniciar un proceso como el que se ha realizado con las que dependen directamente de los ayuntamientos y la Diputación: clasificarlas en función de su presupuesto o volumen de negocio y ajustar, según el grupo, el consejeros y personal directivo que tienen. Las mancomunidades tenían seis meses, desde el 1 de enero en el que entró en vigor la Ley de Racionalización y Sostenibilidad Local, para adaptar sus estatutos, aunque en algunos aspectos, como los que afectan a cargos políticos, hay una disposición transitoria hasta después de las elecciones. Los consorcios tiene un año, hasta diciembre. Éstos no estaban considerados hasta ahora como entes locales y han proliferado porque era un instrumento flexible, con el que se podía trabajar y poner en marcha ideas de forma rápida. A diferencia de las mancomunidades, permiten la participación de entidades privadas. Con la reforma sí se han incluido en el sector público local y estarán también limitados.