Los municipios no podrán cambiar los planes de ajuste rechazados

El Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas retendrá un porcentaje de la Participación en los Ingresos del Estado (PIE, cantidad que se traspasa cada mes a los consistorios y que es la principal fuente de financiación local) a los ayuntamientos cuyos planes de ajuste para acogerse al programa de pago a proveedores no han sido aceptados por el departamento. No habrá pues opción para corregirlos y tendrán el mismo tratamiento que los que no han presentado propuestas de recorte, según confirmaron ayer fuentes del departamento que dirige Cristóbal Montoro y que certificaron que, en ambos casos, se les retendrá un porcentaje "importante" de la PIE, aunque las condiciones específicas se concretarán en una orden ministerial que se publicará en los próximos días. Los proveedores tienen garantizado, en cualquier caso, el cobro.

Con ese dinero retenido a cada Ayuntamiento, se saldarán las cantidades que el ICO pagará a los proveedores cuyas facturas han sido consignadas en el plan a proveedores y que han solicitado expresamente cobrar de esta forma, renunciando a intereses de demora. Según los plazos que ha apuntado el Ministerio, los acreedores comenzarán a recibir el dinero este mes de mayo, mientras que la retención de la PIE se materializará, según lo previsto, a partir del próximo mes de junio.

En lo que respecta a Sevilla y según los datos de un muestreo realizado por la Diputación de Sevilla, el Ministerio de Hacienda ha rechazado los planes de ajuste presentados en tiempo y forma por los municipios de El Coronil, Olivares, Valencina de la Concepción, Osuna, Marín de la Jara y Almensilla, todos con alcaldes socialistas, salvo este último, donde gobierna IU. Pero podrían ser algunos más, ya que el Ministerio no quiere facilitar los datos hasta que sean oficiales. Estas localidades se sumarán a las que, bien porque el Pleno ha rechazado los planes o porque no los han elaborado, no enviaron programa de ajuste a Madrid. Es el caso de Coria, Benacazón, Aguadulce, El Garrobo, Gilena, La Puebla de los Infantes o Villanueva de San Juan, aunque podrían ser más.

Algunos de los ayuntamientos cuyos planes de saneamiento han sido rechazados estaban todavía ayer pendientes de qué tratamiento tendrán a partir de ahora. El Coronil va a presentar alegaciones, aunque oficialmente no se le ha dado esta opción. Osuna ha pedido una cita oficial con el Ministerio para exigir aclaraciones. La preocupación de casi todos ellos se centra en el porcentaje final de la PIE que se les retendrá y que, si sobrepasa determinados límites, les impedirá seguir presentando los servicios en las condiciones actuales, alertan.

El primer edil de Almensilla, José Carlos López (IU), apuntaba, por ejemplo, que si esa retención sobrepasa el 5% de la PIE -que en este caso asciende a algo más de 60.000 euros al mes y de la que ya se le descuenta la deuda con el Consorcio Metropolitano de Transportes- no podrán seguir funcionando en las actuales condiciones. Los técnicos municipales habían calculado que, a tenor de la deuda presentada y de las condiciones del crédito que se iba a suscribir para pagar a proveedores (a diez años, con dos de carencia en los que sólo se abonarían intereses) pagarían entre 4.000 y 4.500 euros al mes los dos primeros años, unos 13.000 los ocho restantes. Todo lo que sobrepase esas cantidades, advierte López, sería inasumible en las actuales condiciones, incluso si directamente se le cobran los 13.000 euros desde el primer año, como podría ocurrir.

Fuentes del gobierno local de Valencina (donde gobierna el PSOE con apoyos puntuales de IU) apuntan que podrían llegar con dificultad hasta un 25%. En Osuna, no han calculado los porcentajes, pero la alcaldesa, Rosario Andújar, apuntó que todo lo que sobrepase lo que habían previsto en el plan de ajuste que elevaron a Madrid, que ya suponía un esfuerzo considerable, sería inasumible. Así, fuentes municipales precisaron, por ejemplo, que si en este caso concreto no se tienen en cuenta los dos primeros años de carencia -y, por tanto, con una cuota más baja que los ocho restantes si es a diez años- tampoco podrían encajarlo.

El alcalde de El Coronil, Jerónimo Guerrero, coincide con el de Almensilla en que todo lo que sobrepase un 5% de la PIE pondrá en peligro la viabilidad del Ayuntamiento y que, en su caso, van a seguir ciñéndose a un programa de recortes que ya se está aplicando. No obstante, apuntó que si se divide en diez años los 1,3 millones de deuda que ha presentado el Consistorio y si el ICO no aplica los intereses que se prevén con los bancos, las condiciones no serían malas en comparación con los demás. De hecho -y en ello coincide con algunos de los alcaldes consultados-, el programa podría haberse articulado así desde el principio. Habrá que esperar, no obstante, a que el Ministerio de Hacienda publique la orden ministerial que debe concretar todos estos aspectos.