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El municipio se moviliza para evitar que el ex alcalde entre en prisión

Los antecedentes obligan a Justo Padilla a cumplir 18 meses de cárcel tras la última condena firme por permitir a un alguacil ejercer de policía Una plataforma recoge firmas para su indulto

El ex alcalde, Justo Padilla, en una imagen de archivo.
Trinidad Perdiguero

17 de octubre 2013 - 05:01

El que fuera alcalde de Guillena durante más de 30 años (desde las primeras elecciones municipales de la democracia, en 1979, hasta 2009), podría convertirse en el primer regidor sevillano que tenga que entrar en prisión, a pesar de que ninguna de las tres condenas que acumula lo son por enriquecimiento personal o desvío de fondos públicos. Pero el juzgado le notificó hace ya meses que debe cumplir la condena a año y medio de cárcel, que es firme, por permitir que un alguacil del municipio ejerciera como Policía Local durante tres años. Normalmente, las penas inferiores a dos, como ésa, no implican entrada en prisión si no se tienen antecedentes. Pero en el caso de Padilla sí existen: otras dos condenas por prevaricación especial relacionadas con asuntos urbanísticos, que no conllevaban penas de cárcel, pero sí inhabilitación para cargo público.

Según explicó ayer un Justo Padilla muy afectado y muy parco en palabras, la entrada en prisión no se ha producido todavía porque la orden se recurrió en abril, cuando se presentó ya una petición de indulto y a la espera de que éste se resuelva. En agosto, se aportó documentación adicional.

Durante buena parte del día de ayer se estuvo especulando incluso con que el ingreso iba a ser ayer mismo, por la tarde, aunque no fue así. Pero podría tratarse de un hecho inminente. Así, una plataforma de "familiares y amigos por la defensa de Justo Padilla" -según se recoge en los carteles distribuidos por Guillena- prepara un primer acto de apoyo para mañana viernes y va a recoger firmas para su indulto.

La plataforma califica de "auténtica barbaridad" que por la construcción de unas naves en el Polígono El Cerro, que "fueron luego totalmente legalizadas", y las firmas de un auxiliar como Policía, tenga que entrar en la cárcel. El grupo considera que Padilla "está siendo víctima de un ataque hacia su persona, por encima de la legalidad vigente" y que "no debe encontrarse sólo en estos momentos". La plataforma pide "apoyo" y "solidaridad de todos, independientemente de la ideología y el partido al que cada cual pertenezca". El primer acto de apoyo se hará mañana, a las 21:00 horas, en el Salón de la Portuguesa.

Padilla renunció a la Alcaldía -tras ser alcalde primero por el PC, luego por un grupo independiente y finalmente por el PSOE, casi siempre con mayorías absolutas- en 2009. En enero de 2010, y tras defender durante años su convicción de que actuó de forma correcta, aceptó una condena a siete años de inhabilitación especial por un delito de prevaricación por omisión, al no haber impedido la proliferación de construcciones ilegales en el paraje de los Lagos del Serrano, un caso denunciado por la Fiscalía de Medio Ambiente y por un problema que se da en otros muchos municipios andaluces, con otros alcaldes imputados. En junio de 2010 aceptó otros nueve años de inhabilitación especial por otro delito de prevaricación por dar licencia para la construcción de unas naves industriales de promoción pública que pisaban parte de una zona verde, antes de esperar el traslado de la misma, previsto en el PGOU y omitiendo las advertencias de los técnicos.

En diciembre de 2012, se confirmó la condena a 18 meses de prisión, como cooperador de un delito de usurpación, por el asunto del alguacil que entre 2004 y 2007 llegó a comparecer como testigo en juicios como Policía. El Tribunal Supremo rechazó los recursos de Padilla, que consideraba que era sólo una "extralimitación" puntual de funciones en una época de escasez de plantilla. El caso partió de una denuncia anónima. Padilla tiene pendiente otra causa por el vertido de aguas residuales al río Ribera de Huelva entre 1999 y 2009 por el que la Fiscalía de Medio Ambiente le solicita otros dos años de cárcel.

Tras su renuncia a la Alcaldía, Padilla, que también ha sido diputado provincial, asumió la gerencia de la Mancomunidad de Servicios de La Vega, encargada de la recogida de residuos en la comarca y que él impulsó como alcalde y presidente. Fue relevado del cargo el pasado verano, probablemente forzado ya por su situación, aunque sigue vinculado laboralmente a la entidad.

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