Más de 66 millones del presupuesto no podrán gastarse por la Ley de Estabilidad

Por mucho que el esquema se repita, no deja de ser llamativo. Un total de 66,84 millones de euros del presupuesto de la Diputación en 2019, que alcanzará los 453,1, no se podrán gastar por las limitaciones de la Ley de Estabilidad Presupuestaria. Quedarán como superávit, al margen del que pueda generarse en la ejecución. En 2017 alcanzó los 54,01 y, el año pasado, los 62,82 millones. Para evitar que la partida (casi el 15% del presupuesto) quede en los bancos, se destinará a préstamos sin intereses a los ayuntamientos (Fondos Extraordinarios de Anticipos Reintegrables, FEAR) y al Plan Supera, aunque en este caso el tipo de inversiones está acotado y no se admiten planes de empleo.

Así lo corroboró este miércoles durante la presentación de las cuentas el presidente, Fernando Rodríguez Villalobos, que volvió a exigir flexibilidad una vez que “se ha pasado el Rubicón” con lo peor de la crisis financiera. El anteproyecto se ha entregado ya a los grupos políticos y al Consejo Económico y Social de la Provincia, que por primera vez también podrá hacer aportaciones. El objetivo es aprobarlo en diciembre.

Supone un incremento del 5,22% con respecto a 2018 ó 22,46 millones más. La Diputación recibe más fondos por su Participación en los Ingresos del Estado (9,47 millones, un 9,47% más) y de la Junta, en este caso para dependencia y ayuda a domicilio (5,56 millones más, un 11,81% de incremento). Además, se han incorporado los fondos de la Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado (Edusi) de la UE: 1,08 millones.

La Diputación ha dejado a cero su deuda bancaria. Mantiene un endeudamiento del 17,9% por los avales al Consorcio del Huesna y Sevilla Activa, pero está lejos del 75% que podría alcanzar. En este contexto, Villalobos destacó que los retos del último presupuesto del mandato (en mayo, hay elecciones municipales) son los marcados en 2015 y que responden a las demandas de los alcaldes.

Citó cuatro puntos. Uno es el apoyo a los ayuntamientos, que entre gasto corriente, inversiones y los FEAR recibirán 208,3 millones, un 9,19% más. Los préstamos FEAR superarán los 100 millones, aunque la situación de muchos ayuntamientos que los pedían para pagar nóminas, refinanciar créditos o deuda con la Seguridad Social ha mejorado y los que “siguen en la UCI” precisan otro tipo de medidas, que dependen del Gobierno central, admitió Villalobos.

La segunda pata son las "políticas sociales y de cohesión". El gobierno socialista engloba en este concepto todas las que considera que tienen incidencia directa en los vecinos, como agua, residuos o medio ambiente, junto a las actuaciones de protección social (Servicios Sociales, residencias o el Plan de Urgencia Municipal para que los ayuntamientos hagan pequeños contratos a personas en riesgo de exclusión) y educación, cultura y deportes.

Así, incluye también cuestiones como los monitores culturales, deportivos y juveniles, centros de información a la mujer, la Casa de la Provincia, la Iglesia de San Luis o el Festival de Itálica. Los fondos para todo ello suben en un 4%, hasta un total de 174,8 millones y suponen más del 62% del gasto no financiero. No obstante, la subida más importante es la de la atención a dependientes, que superará los 28,7 millones de euros, un 24,78% más.

En el otro lado de la balanza, se reduce la partida para políticas de empleo (la Diputación no tiene competencia directa), que baja en 1,6 millones, después de que se renunciara al programa Pro-empleo (formación y prácticas para jóvenes) por los plazos que impuso el anterior Gobierno de la nación que imposibilitaban su ejecución. Aún así, Villalobos destacó a que a este apartado se destinan 40,3 millones. La cuarta pata son las inversiones, con 55,6 millones y un incremento del 6%. Además del Edusi, hay más fondos para el Plan de Fomento del Empleo Agrario (Pfoea) y se mantiene el nivel de actuaciones en carreteras, añadió.

Por capítulos, crecen los gastos de personal en un 4,32%, porque se recoge el incremento salarial comprometido para 2019 en el acuerdo entre el Gobierno y los sindicatos, que no se aplicará hasta que se aprueben los Presupuestos del Estado. Los gastos en bienes corrientes y servicios se incrementan en 1,50% y el gasto financiero baja en 11,28%.

Se mantienen, de momento, las partidas para el Servicio de Bomberos, a la espera de que se ponga en marcha del Consorcio, con 19,78 millones. Villalobos recordó que hay inversiones en marcha de 3,17 millones en construcción de parques y por 7 millones para adquisición de vehículos con el Plan Supera.