Las ‘kellys’ de la ayuda a domicilio

Durante muchos años se ha dicho que la atención a mayores y a dependientes en sus domicilios es un “nicho de mercado”, término de mercadotecnia que se refiere a las necesidades de la sociedad o las empresas no cubiertas o que van al alza, con oportunidades de empleo y negocio. En parte se ha confirmado: pese al frenazo por los recortes en la Ley de Dependencia, la ayuda a domicilio emplea en Sevilla a más de 3.000 personas, más de la mitad en la capital, adscritas a servicios que los ayuntamientos prestan directamente o externalizados, con más de una veintena de empresas en la provincia y cuatro en la capital.

Pero, como ocurre con tantas labores pujantes en servicios –la hostelería, las conocidas como kellys o camareras de piso en hoteles–, este sector que se ha hecho imprescindible con el envejecimiento y los nuevos modelos de familia, no se libra de la precariedad en algunos casos. Según datos del Sindicato Provincial de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de CCOO, el salario base de un trabajador de ayuda a domicilio está en 972 euros brutos (sin descontar la Seguridad Social) y sólo el 35% de esos 3.000 profesionales está a jornada completa.

En el último convenio, se recogió que como mínimo los contratos debían ser de 25 horas semanales. Pero hay personal de fin de semana que a veces no percibe más de 300 euros al mes por 15 horas o poco más. Eso sí, el porcentaje de contratos indefinidos es del 70%. La edad más frecuente del personal está entre 46 y 55 años en Sevilla.

Es una labor en la que se emplean sobre todo mujeres: el 98%. El responsable de ayuda a domicilio de CCOO en Sevilla, Sandro Moreno, habla sin complejos de “nosotras”, aunque él es auxiliar. Quizá por ese sesgo de género que impregna tantas cosas, lo llamativo es que casi se asuman como normales contratos por unas cuantas horas que apenas dan para subsistir. Pocas veces, además, las plantillas están organizadas o se asesoran desde el punto de vista laboral para mejorar sus condiciones.

Moreno señala, por otra parte, que, salvo por los propios usuarios, es un “servicio poco valorado”, cuya dificultad se desconoce, así como su “componente humano”. Es una labor “profesional”, que se olvida cuando se confunde con los cuidados que las mujeres que son mayoría han asumido tradicionalmente en las familias. Es y debe ser considerado otra cosa.

Con todo, casi todas estas cuestiones y otras que quieren poner sobre la mesa los sindicatos (como los problemas de salud laboral no reconocidos lo suficiente), pasan a segundo plano cuando se producen retrasos en el pago de las nóminas que han sido frecuentes y que se siguen dando. Es el otro gran motivo de precariedad en el sector.

Hace unos años estuvieron relacionados con las dificultades financieras en las administraciones, que pagaban tarde a las empresas. Más recientemente, se cambió el sistema de pago, con incidencias solventadas: se pasó de subvenciones a seis meses, a pagos a mes vencido, según la facturación que hace la empresa por el número de usuarios atendidos, las horas y las altas y bajas que se han producido, con el visto bueno de los servicios técnicos municipales.

Pero sigue habiendo empresas con las que los ayuntamientos están al día y pagan tarde o acumulan uno o dos meses de retraso. CCOO tiene convocada una huelga, el 7 y el 14 de noviembre, en Camas, Bollullos de la Mitación y Bormujos, donde presta el servicio Asisttel. Aunque hay retrasos también en Guadalcanal (con otra empresa adjudicataria), El Palmar de Troya y Tomares, entre otros municipios.

“Es una continua tensión. Desde el día 6 que se supone que deben pagar estás pendiente. Yo tengo tres meses de retraso en la hipoteca y otros recargos por descubiertos en el banco. Todas estamos mal anímicamente por el miedo a no cobrar”, describe Cuatrovitas Barragán, auxiliar del servicio en Bollullos afectada por estos problemas de retrasos en el pago.

Varias veces, los sindicatos han demandado a los ayuntamientos y a la Junta y al Gobierno más implicación con todo esto. “Ya externalizar es una manera de despreocuparse (...), hay que exigir más responsabilidad a las administraciones”, señala Sandro Moreno, que considera que, como la sanidad o la educación, la ayuda a domicilio es un servicio que, por sus características, debía prestarse preferentemente desde lo público.

Dado que no es así, han exigido que se tengan en cuenta cláusulas sociales para externalizarlo y que se controle más la solvencia de la empresa que se lo adjudica. La nueva Ley de Contratos para el Sector Público puede suponer un avance, porque recoge sanciones económicas para las empresas que no estén al día con las nóminas, en función de los retrasos. Exigirán que se recojan en los nuevos pliegos que los ayuntamientos saquen a partir de ahora para un servicio en que, el único gasto importante que tiene, es el de la nómina de la plantilla.

En cuanto a la salud laboral, CCOO destaca que el nivel de absentismo es elevado en el sector, donde se dan muchas lesiones en músculos y huesos al mover a los usuarios para tareas como el aseo personal, complejas aún cuando se usa aparataje. Muchas veces, los hogares y el mobiliario no están adaptados. “Las camas son bajas o hay puertas y pasillos estrechos para maniobrar con sillas de ruedas”, señala como ejemplo Sandro Moreno.

La evaluación de riesgos laborales que se hace es una “fotocopia” la mayoría de las veces, sin examinar cada casa a la que acude el auxiliar. También hay muchas bajas por accidentes in itinere, en los desplazamientos de la casa de un usuario a la de otro. Son las otras caras del sector emergente.