Suspendida de forma temporal la autorización ambiental para la reapertura de la mina de Aznalcóllar

La Autorización Ambiental Unificada (AAU) otorgada por la Junta a la empresa Minera Los Frailes (MLF), participada por Grupo México, para la reapertura de explotación minera de la denominada Zona de Aznalcóllar, en la provincia de Sevilla, ha quedado suspendida temporalmente por imperativo legal, tras un recurso administrativo de alzada presentado por Ecologistas en Acción.

La Consejería de Sostenibilidad y Medio Ambiente ha afirmado que la suspensión de dicha autorización, que fue firmada por el Gobierno regional a principios del mes de julio, es "temporal y no implica una cancelación definitiva" de la misma.

En un comunicado remitido este lunes, la Consejería ha explicado que el pasado 12 de agosto recibió un recurso administrativo de alzada de la cita organización contra la Autorización Ambiental Unificada en cuestión, por la que se solicitaba su suspensión. "Actualmente, se está ultimando su resolución, siempre de acuerdo con los preceptos legales y la máxima seguridad jurídica", ha apuntado.

"Es importante señalar que, de conformidad con la normativa vigente, al haber transcurrido un mes desde la recepción de dicho recurso de alzada, la AAU queda en suspensión automática, tal como se estipula en el marco legal", ha asegurado el departamento medioambiental de la Junta. 

Sin embargo, ha subrayado que "esta suspensión es temporal y no implica una cancelación definitiva de la Autorización Ambiental Unificada. Una vez que el recurso sea debidamente evaluado y resuelto por los servicios competentes, se procederá según lo que determinen los servicios jurídicos de la Consejería".

Desde la Consejería han añadido que "reiteramos nuestro compromiso con la transparencia y con el cumplimiento estricto de la normativa medioambiental vigente, y confiamos en que este recurso se resolverá en próximas fechas, garantizando tanto la protección del medio ambiente como el adecuado desarrollo de los proyectos que se someten a nuestra autorización".

"Graves irregularidades"

La organización conservacionista ha explicado, a través de un comunicado, que el pasado 12 de agosto de 2024 registró recurso de alzada ante la Consejería de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul, contra dicha AAU. En el mismo, Ecologistas en Acción argumentó suficientemente las "graves irregularidades legales" en las que había incurrido la autoridad ambiental al otorgar esa Autorización Ambiental Unificada y que "esas irregularidades constituyen motivos de nulidad de pleno Derecho de la AAU". En consecuencia, con objeto de evitar que se ejecutara esa autorización ilegal, "se solicitó al consejero la suspensión de la ejecución de la autorización".

Ahora, la organización destaca que, pasado un mes desde esa solicitud de suspensión, la Consejería competente no ha dado "ninguna respuesta" y, por tanto, "el artículo 117.3 de la Ley de Procedimiento Administrativo establece que se produce la suspensión automática de la autorización, por imperativo legal".

La suspensión de la AAU incluye la paralización de la autorización del vertido tóxico al Estuario del Guadalquivir que fue informada por la Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural que ahora dirige Ramón Fernández-Pacheco desde el 29 de julio.

Los motivos de impugnación incluidos en el recurso de alzada de Ecologistas en Acción son: incumplimiento de la obligación de información y participación pública previa del condicionado ambiental que se incluye en la AAU, incumplimiento de la obligación de realizar una evaluación ambiental estratégica en todos los términos municipales afectados, modificación de las cantidades anuales del vertido tóxico al Guadalquivir, sin información pública, desde 2.600 a 4.000 millones de litros anuales durante la fase operativa de 17 años.

"También se ha incumplido la obligación de realizar una adecuada Evaluación de Impacto Ambiental de ese vertido tóxico, a lo largo de todo el espacio protegido de Red Natura 2000 del Bajo Guadalquivir, desde la presa de Alcalá del Rio hasta la desembocadura del río en Sanlúcar de Barrameda, llegando hasta el Parque Nacional de Doñana, e incluyendo los impactos en la agricultura y ganadería ribereña, en los arrozales y en la acuicultura, y en las actividades pesquera y de cría y captura de mariscos. Tampoco se han evaluado los efectos tóxicos, acumulativos y sinérgicos que se producirán junto con la nueva mina subterránea de Cobre Las Cruces en Gerena, que igualmente verterá sus aguas residuales industriales, igualmente tóxicas, al Estuario del Guadalquivir, en La Algaba. También se ha omitido en la AAU el obligado informe realizado por el Consejo de Participación de Doñana, obligado por la Ley 91/1978 de Doñana", recoge el comunicado de Ecologistas en Acción.

"También se ha omitido la evaluación del impacto ambiental que la reapertura de la mina de Aznalcóllar va a producir en las aguas subterráneas del acuífero de Gerena, que deberían servir de reserva de agua de consumo humano para Sevilla y su área metropolitana para situaciones de sequía, y que igualmente ha sido y será afectado por la mina de Cobre Las Cruces", añade.

En definitiva, Ecologistas en Acción considera que la suspensión obtenida resulta "el paso previo imprescindible" para que las Consejerías competentes en materia de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul, y en materia de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, reconsideren y revisen la Autorización Ambiental Unificada otorgada.