El grueso de los municipios anuncia congelación de impuestos para 2015

Es un clásico que se repite. El grueso de los ayuntamientos sevillanos -casi el 62% de los 73 que, hasta mediados de diciembre, habían llevado a Pleno o adelantado una propuesta de ordenanzas fiscales para 2015- ha apostado por congelar impuestos y tasas. Hay al menos otros tres que han aprobado bajadas totales o parciales, para reducir la presión fiscal, porque no tienen planes de ajuste que los condicionen o esa bajada ya estaba prevista en los mismos.

Ocurre justo el año en el que habrá de nuevo elecciones municipales en las que los vecinos valorarán en las urnas a unos equipos de gobierno, de distinto signo, que han tenido que gestionar una crisis social que ha generado muchas necesidades, pero cuando los propios ayuntamientos han perdido los ingresos que tenían por el urbanismo. En estos tres años y con excepciones -como Dos Hermanas, La Rinconada, La Puebla de Cazalla, sin apenas deuda-, la mayoría ha aplicado subidas de impuestos y tasas, para evitar un mayor déficit y tener ingresos para mantener la estructura de unos ayuntamientos que, aun así, se han redimensionado a la baja. Ahora, es frecuente incluso que las cuentas se liquiden con superávit, que sólo pueden destinar a saldar deudas que se han generado.

En ese proceso y para evitar una mayor subida de impuestos, han proliferado ordenanzas de nuevo cuño que han hecho que, en más o menos cuantía, se cobre prácticamente por cualquier trámite en un Ayuntamiento, desde una boda, pasando por la expedición de un certificado y hasta el uso de edificios municipales. También se ha eliminado el gratis total para algunos servicios por los que se apostó en algunas zonas en los años de bonanza y muchos ayuntamientos tienen previsto que en 2015 comiencen a tributar nuevos inmuebles, rústicos y urbanos o que lo hagan por lo que realmente tienen construido, tras exhaustivos planes de revisión y regulación que han contratado y puesto en marcha.

En muchos ayuntamientos esa contención fiscal que han intentado no ha podido ir más allá, con una bajada, por todos los condicionantes que tienen. Fiscalizados más que nunca por el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, deben cumplir con lo que recogieron en sus planes de ajuste, en los que los tipos de esos impuestos están fijados para todo el mandato y se tuvieron que aprobar para hacer frente a los créditos con el plan de pago a proveedores.

Los pueblos que no han podido afrontar esa congelación de tasas e impuestos o, directamente, han tenido que incrementarlos al menos en el IPC, están marcados, normalmente, por una situación financiera compleja, con problemas de liquidez y tienen que hacer frente a una deuda que, si no hay cambios, condicionará durante décadas la economía municipal. Algunos que se han acogido a planes de rescate y ayudas estatales especiales han tenido que elevar al máximo estos años algunos de sus impuestos y tasas municipales, aunque ahora se congelen.

En lo que respecta al Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI), que genera el 62% de los ingresos por esta vía para los municipios, hay bastantes ayuntamientos que, ante la imposibilidad de bajar el tipo de forma real (por las medidas excepcionales decretadas por el Gobierno central o por una decisión política), han ampliado las bonificaciones a determinados familias e inmuebles. También ha ocurrido con las tasas por el agua o la basura, con la colaboración de las empresas que prestan el servicio, y se han aumentado las posibilidades para fraccionar los pagos.

Esta contención en el año electoral llega además cuando no se sabe si el año que viene será posible con el desarrollo de la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, que el Gobierno central aprobó hace un año y que, en muchos de sus aspectos entrará en vigor en junio de 2015, después de las elecciones. Será entonces, por ejemplo, cuando se limitará el número de cargos políticos en ayuntamientos y empresas públicas, de los que se habían librado hasta ahora los municipios que cumplían con los parámetros de estabilidad.

Está por ver también qué consecuencias tiene el que se tenga que calcular el coste que tiene prestar cada servicio, que se publicará de forma individual a partir del año que viene, y si, una vez que se conozcan estos datos, obligarán a hacer más ajustes.