Ningún familiar se hace cargo de los ancianos de la residencia clausurada

Ningún familiar de los internos de la residencia de mayores ilegal clausurada en un chalé de La Rinconada se ha hecho cargo hasta el momento de los ancianos, que siguen siendo atendidos por la Junta de Andalucía, según aseguró este viernes la consejera para la Igualdad y Bienestar Social, Micaela Navarro.

Navarro recordó que "hay una ley que dice que los padres son responsables de sus hijos, pero que los hijos también son responsables de sus padres y está ahí de manera clara", pero añadió que "lo prioritario es atender a esas personas", dejando en manos de la justicia cualquier otra actuación al respecto.

"Lo primero que hicimos, como en otras ocasiones, es ponernos en contacto con la familia y pedirles que se hiciera cargo de ellos, puesto que esas personas no habían sido derivadas en ningún momento por parte de la Junta, ni de la Consejería de Salud, que no tiene competencias, ni de la Consejería para la Igualdad, que sí las tiene", explicó la consejera del ramo, que insistió en que "lo que se hizo en primer lugar fue atenderlas y después localizar a la familia, ya que ninguno tenía un procedimiento abierto para estar en una residencia".

En cuanto a la puesta en libertad con cargos del encargado de gestionar dicha residencia ilegal, Navarro dijo respetar "escrupulosamente las decisiones judiciales, la justicia tiene que hacer su trabajo, reunir las pruebas que considere oportunas" y manifestó su "absoluta confianza" en ella. Con respecto a la posibilidad de que la Fiscalía o la propia Junta exijan responsabilidades a los familiares, sentenció: "no excluyo nunca nada".

"Me llama poderosamente la atención que hoy en día, con un derecho reconocido para las personas dependientes, una persona porque tiene pocos recursos esté siendo atendida en un sitio por caridad", apuntó la consejera, que recordó que "cuantos menos recursos tiene una persona más prioridad a la hora de ser atendida".

En este sentido, insistió en que "si va por el procedimiento reglado, por la vía del derecho, nunca iría a esa residencia, por lo tanto, queda claro que a esa persona que gestionaba la residencia lo que no le interesa son los circuitos normalizados, por los que la Junta deriva a personas a residencias, que exigen entre otras cosas que la residencia esté acreditada".

Del mismo modo, recalcó que "a aquellas personas que no tienen recursos la Junta les paga la plaza en una residencia, se le paga entre todos los andaluces, y a menores recursos más prioridad tienen para optar a una plaza", por lo que reiteró que "a estas alturas no se necesita a nadie que haga esa caridad, si no a alguien que si una persona desconoce dónde tiene que ir se lo diga y no le diga véngase conmigo, porque ese camino está excluido del derecho, porque si está dentro del derecho no iría por ese camino que es el que le interesa".

"No se puede generar duda en la ciudadanía, que demuestre dónde está la documentación por la que la Junta le ha derivado ni una sola persona", aseveró Micaela Navarro, quien añadió que, además, esto resulta "contradictorio", dado que la Junta lleva "años persiguiéndole allá por donde va porque nunca pone en marcha los recursos adecuados, con todos los requisitos legales que exige el desarrollo del derecho de las personas mayores a ser atendidas".

En esta línea, insistió en que "es absolutamente falso que ninguna personas ha sido derivada por parte de la Junta, él sabe muy bien que no es posible porque no reúne los requisitos", ante lo que agregó que "habrá hecho todo lo posible para que nadie se entere de que la Junta puede ofrecerle esa atención en un recurso público o privado que reúna todas las garantías, porque él vive de lo contrario".