"Esto es un engaño como el de las preferentes"

Hace muchos años que en Mairena del Aljarafe se habla del Parque Central. Apareció sobre el mapa con el PGOU de 2004 y era la apuesta de una ciudad que iba a llegar a 70.000 vecinos. Unido al actual Parque Porzuna, iba a ser el "pulmón" del Aljarafe. Aunque, hoy, la noticia no es el parque que muchos anhelan, sino la realidad más pequeña que hay debajo del color verde sobre el plano: la incertidumbre de un grupo de familias, la mayoría de jubilados, que viven desde hace más de 30 años en la Cañada de Porzuna, una de esas parcelaciones que proliferaron en Sevilla en los 80 y a las que se dio implícitamente carta blanca, que debe desaparecer.

Desde 2009 están inscritas a nombre del Ayuntamiento las 16 casas que se deslizan hasta el arroyo Porzuna. Los propietarios asfaltaron la calle y costearon el enganche de la luz, aunque aún se surten de agua de pozo. En la zona todavía residen seis familias que reclaman a la desesperada una solución que evite que tengan que irse de alquiler o con familiares y con deudas o sin los ahorros que, en el mejor de los casos, han podido reunir tras años de trabajo. Porque lo que tienen ahora es sólo una participación en otra zona de Mairena por desarrollar, no se sabe cuándo, pero que ya está urbanizada y por la que se le reclama la parte que le corresponde de las obras.

El origen del problema, que les quita el sueño y mina su salud cuando la mayoría sólo aspira a no dejar a sus hijos un embrollo, se debe a la complicada fórmula elegida para compensarles por irse y a la crisis del ladrillo. El actual alcalde, Antonio Conde (PSOE), que también lo era cuando surgió todo, explica que la Cañada de Porzuna es una parcelación irregular en una zona de cauce natural y se podía haber hecho un deslinde. Pero se optó por proponer a los propietarios que entraran en una junta de compensación del SRI Camino Peralta, para urbanizar y donde terminarían teniendo otra vivienda. Todos pagan el IBI ya por esa participación, a expensas de que a un promotor le interese llevarla a cabo. Se "reconoció sus derechos, como los de cualquier otro propietario", subraya el edil, que insiste en que "participaron de un negocio voluntariamente".

El grupo asegura que se les presionó, con visitas y buenas palabras, para que entraran en un proyecto con grandes promotoras, que hicieron buenas ofertas a algunos vecinos (eran 16 familias en principio) que vendieron su participación, hasta que tuvieron mayoría para tomar decisiones. Otros las rechazaron, como María -hoy tiene 78 años, su marido y padre de sus 10 hijos falleció hace poco, y ella no sabe leer-: les ofrecieron en su día un pequeño piso usado, pero para el que tenían que aportar otros "19 millones de pesetas" que no tenían. Eran años de precios disparados.

"Esto que nos ha pasado ha sido un engaño como el de las preferentes, nos metieron en algo que no sabíamos lo que implicaba y nos vemos sin nada", insiste Juan Yerga, cocinero en el hospital Sagrado Corazón durante 35 años, convencido de que si hay "voluntad" el problema podría solucionarse con poco. Es al que más deuda se le reclama y son unos 63.000 euros. En estos años, el grupo se ha negado a pagar las derramas de la nueva urbanización porque sus viviendas y parcelas, con las que cubrían su participación en la junta, se valoraron mal. Un juez reconoció que las tasaciones "no fueron ajustadas a derecho" en una sentencia que, sin embargo, no les dio la razón al final, porque su abogado se equivocó a reclamar la anulación de todo el plan parcial.

Regularizar sus parcelas también les hubiera costado dinero, se les recuerda. "Pero tendríamos nuestro hogar, algo", defienden. Yerga saca papeles. La primera tasación que hizo la junta de compensación de su vivienda y su parcela fue de 14.704 euros. "Ni siquiera entraron o vieron lo que había", relata. Él encargó otra, que lo elevó a 59.435. La junta revisó entonces su propuesta hasta los 25.819 euros. Pero, cuando fueron a los tribunales, el perito judicial dijo que el valor superaba los 63.700 euros. A Manuel Matamoro -73 años, guarda y jardinero jubilado de Simón Verde- y a su mujer, por los 200 metros de parcela, le corresponde un piso de un dormitorio y le reclaman "seis millones de pesetas", dice.

Si la junta de compensación aceptara las tasaciones del juzgado hoy no tendrían deuda, aunque sí el problema de dónde meterse. Son conscientes de que la legalidad urbanística y la realidad del mercado les está pasando por encima y piden que se negocie con ellos individualmente, que de alguna forma se evite que se queden con deudas, que se le facilite alguna vivienda en cualquier sitio o que puedan seguir en un hogar que ya no les pertenece. Manuel duda de que el Parque Central se vaya a desarrollar tal y como están las cosas. "Se quieren congraciar con la gente de Mairena a costa de cuatro desgraciados", concluye.

La prisa apremia porque la junta de compensación está en su fase final: ha aprobado su liquidación, de ahí que le reclamen el dinero, con la amenaza de embargar pensiones. Van a dirigirse al Defensor del Pueblo Andaluz. El grupo admite que, hasta ahora, no ha actuado unido. De momento, el Ayuntamiento, que tutela la junta de compensación, no ha admitido la liquidación y ha instado a que haya acuerdo. Pero el alcalde insiste en que no puede hacer más y no sabe por cuánto tiempo podrá demorar la disolución. "Han perdido sentencias en las que sólo se les da la razón en un párrafo, sobre las tasaciones". El regidor recuerda que las empresas pueden basarse en ello para exigir la liquidación y también que esa parte del Porzuna está afectada por el proyecto contra las inundaciones que se desarrolla con la CHG.