Las dos empresas que pujan por abrir la mina presentan su proyecto final

La Junta confirmó este martes que sólo una "circunstancia excepcional" haría que el plazo de 90 días previsto para resolver el concurso de la Mina de Aznalcóllar se prolongue, una vez que este martes, 16 de diciembre, el último día que había para hacerlo, las dos empresas que están en la última fase del proceso presentaron sus proyectos de explotación. Se trata México-Minorbis, formada por el Grupo México y la andaluza Magtel, y Emerita Resources Corp., del banco de negocios canadiense Forbes & Manhattan, que registraron la documentación con los detalles técnicos, de seguridad y ambientales que proponen para el yacimiento y que se puntuarán para elegir a una de ellas. Este miércoles se reúne ya por primera vez la mesa del concurso, formada por funcionarios de la Junta. De cumplirse los plazos, la mina que provocó el 25 de abril de 1998 el mayor desastre ambiental en Europa, por la rotura de una balsa de lodos y aguas ácidas que llegaron a 4.000 hectáreas del cauce del Guadiamar, podría estar adjudicada a finales de marzo.

A falta de conocer los detalles, lo que está claro es que el sistema no será ya el de una mina a cielo abierto que caracteriza a Aznalcóllar. Las condiciones que se exigen en el concurso -nada de balsas de lodos- obligaban a apostar por una mina en galerías en las que luego se reinyectarán los residuos compactando el terreno. En el concurso también se obliga a las empresas a asumir el mantenimiento y sellado de la vieja mina. El tratamiento que se les dará a las cortas -a la de Aznalcóllar, que tiene los lodos que se recogieron tras el vertido, y la de los Frailes, también con mucha agua- y las soluciones hídricas para evitar las afecciones a Doñana son algunas de las grandes incógnitas.

En cuanto a las dos empresas que optan por hacerse por la explotación, han mantenido políticas distintas. Mientras que Emerita ha desplegado una campaña de difusión de su proyecto, Savia, México Minorbis ha optado por el silencio. Esta fase del concurso ha coincidido con un vertido en una de sus principales explotaciones, Buenavista, al norte de México: 40.000 metros cúbicos de sulfato de cobre y otros metales pesados en los ríos Bacanuchi y Sonora. No obstante, la Junta no se ha pronunciado sobre si ese precedente influirá o primará lo que se haya puesto sobre el papel ahora.

Emerita ha adelantado que invertiría 700 millones durante la vida de la mina, la mitad en actuaciones ambientales, con 450 empleos directos, 1.400 indirectos y otros tantos inducidos y un centro de formación profesional y universitario en la zona. Emerita, que pretende hacer de Aznalcóllar centro de referencia de la nueva minería para su expansión por Europa y el norte de África, ha llevado su propuesta al Ayuntamiento y a los sindicatos.

Pero las palabras no son suficientes, según manifestaron este martes Juan Antonio Caravaca y Juan José Fernández, responsable del sindicato provincial de industria de CCOO y representante, respectivamente, de los 13 mineros de Boliden que siguen en el mantenimiento de Aznalcóllar. Ambos mostraron su temor porque los intereses por hacerse con esta mina de la Faja Pirítica Ibérica sean "especulativos", para venderla, y el proyecto se demore tres, cuatro, cinco años, como está ocurriendo en Riotinto. Así, la central pidió ayer una reunión con la dirección General de Industria, Energía y Minas para conocer de primera mano los proyectos, la solvencia económica, el empleo que van a generar y su compromiso ambiental. Fernández fue más allá y pidió incluso que esos tres meses de plazo se acorten, que el empleo se necesita en la comarca y en toda Sevilla, y apostó por que el concurso se resuelva con "celeridad, transparencia y sentido común" y que se valoren las plusvalías, para que el municipio y la comarca tengan futuro cuando la mina se agote.

Esa claridad que piden para el concurso debe ayudar también a evitar recursos judiciales, aunque éstos podrían llegar de las empresas cuyos derechos mineros han sido expropiados por la Junta para iniciar el proceso, según han advertido, entre otros, los ecologistas, con una postura de perfil bajo hasta ahora y ante un proyecto que es la baza de Susana Díaz -que lo anunció cuando todavía aspiraba a ser secretaria del PSOE-A, y dirigir el Ejecutivo andaluz- para crear empleo en Sevilla.

La Consejería de Empleo, Ciencia e Innovación destacó este martes en un comunicado que la transparencia y el consenso han sido premisas en el proceso que arrancó en abril, cuando se aprobó en el Parlamento una Proposición No de Ley instando a la recuperación del yacimiento del que se renegó en su día. Luego vino el encontronazo con el Estado, que se solventó. La Consejería subrayó también que todo se ha hecho sobre la base de un pliego técnico muy "estricto" que se primará innovación y responsabilidad social y medioambiental.