La cúpula directiva de Cobre las Cruces declara hoy en el juzgado

Los directivos de la empresa minera Cobre las Cruces compadecerán hoy martes en el juzgado de Instrucción número 19 de Sevilla en respuesta a la querella promovida por la Fiscalía de Medio Ambiente, Urbanismo y Patrimonio Histórico por supuestos delitos medioambientales después de que la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) descrubiera en 2008 unas 20 perforaciones no autorizadas en el acuífero Niebla-Posadas, además de un desequilibrio en el sistema de drenaje e inyección.

La cúpula de la empresa, filial de la multinacional canadiense Inmet Mining y que explota la mayor mina a cielo abierto de Europa, ubicada en los términos municipales de Gerena, Guillena y Salteras, será llamada hoy a declarar según ha ordenado la juez Ana Escribano. Los imputados, el ya ex director general de la compañía, Françoise Fleury, y el director de Minas, William Thomas Williams, están citados a las 10:00 y a las 11:00, mientras que mañana miércoles, será el turno del director de Gestión de Aguas, Juan Carlos Baquero, y la directora del área de Medio Ambiente, Paz Cosmen.

La querella de la Fiscalía, que se remonta al otoño de 2008, parte a raíz de los expedientes sancionadores incoados por la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir contra Cobre las Cruces por la detracción no autorizada de 75.000 metros cúbicos de agua del acuífero Niebla-Posadas, la práctica de 20 sondeos sin permiso y el vertido arsénico y otras sustancias contaminantes a este cauce hídrico. De hecho, tales prácticas provocaron que la CHG tuviera que suspender la concesión administrativa otorgada a la empresa minera para el aprovechamiento del acuífero a través de un sistema de drenaje y reinyección de agua.

Los hechos podrían constituir un posible "delito continuado de años", conforme a los artículos 263 y 264. 1.4 del Código Penal, así como un delito contra el medio ambiente en función de los artículos 325 y 326, en sus aparatados A y B, del mismo cuerpo legal.

Según las consideraciones del Ministerio Público, el incumplimiento de los términos de la concesión administrativa habría desencadenado una serie de episodios de "contaminación metálica" y "contaminación por oxidación de las aguas drenadas" en dicho acuífero, que además sufrió la detracción "neta" de 75.000 metros cúbicos como resultado de un desequilibrio en el sistema de drenaje e inyección.

Una inspección llevada a cabo por los técnicos de la CHG en el año 2007, y en la que se fundamenta la Fiscalía, mostró la presencia de "diversas sustancias contaminantes, fundamentalmente arsénico" con valores muy superiores a los marcados por el Real Decreto que establece la calidad del agua para el consumo humano. Asimismo, la Fiscalía también alude a un "incumplimiento de la obligación de reintegrar al acuífero de los caudales extraídos", extremo que motivó la suspensión del sistema de drenaje y reinyección.

Este año, la Agencia Andaluza del Agua ha incoado un nuevo expediente sancionador por la detracción de 800.000 metros cúbicos de agua del acuífero.